Perry Anderson: La crisis en Brasil

CASTELLANO

Por Perry Anderson

Los países BRICS están en apuros. Por un tiempo fueron las dinamos del crecimiento global, mientras Occidente estaba envuelto en la peor crisis financiera y recesión económica desde la Gran Depresión; pero ahora se han convertido en la principal fuente de preocupación en los cuarteles generales del FMI y del Banco Mundial. China, por encima de todos ellos, a causa de su peso en la economía global: producción desacelerada y un Himalaya de deudas. Rusia: sitiada, con la caída de los precios del petróleo y las sanciones restando su parte. India: asegurando mejor todos los temas, pero con preocupantes revisiones estadísticas. Sudáfrica: en caída libre. Las tensiones políticas emergen en cada uno de ellos: Xi y Putin responden a las tensiones con fuerza bruta, mientras Modi va hundiéndose en las investigaciones y Zuma es echado al fango junto con su propio partido. Sin embargo, en ningún otro lugar las crisis política y económica se fundieron de forma tan explosiva como en Brasil, cuyas calles el último año vieron más manifestantes que el resto del mundo en su conjunto.

Escogida por Lula para la sucesión, Dilma Rousseff, la ex guerrillera que se hizo jefa de Estado, venció en la disputa presidencial en 2010 con una mayoría aplastante de votos. Cuatro años después fue reelegida, pero en esa ocasión con un margen mucho más pequeño de votos, una ventaja del 3% sobre su oponente, Aécio Nieves, gobernador de Minas Gerais, con un debate marcado por una polarización regional nunca antes vista, con un Sur-Sudeste industrializado volviéndose contra ella y con un Nordeste dándole una ventaja aún mayor que la de 2010, con un 72%. Pero, aun así, fue una victoria indiscutible, comparable a la de Mitterrand sobre Giscard y mayor, por no decir también más limpia, que la de Kennedy sobre Nixon. En enero de 2015, Dilma -y en este momento vamos a abandonar los apellidos, como los brasileños acostumbran a hacer- comenzó su segunda presidencia.

En tres meses, grandes manifestaciones llenaron las calles de las principales ciudades del país, con cerca de por lo menos dos millones de personas que exigían su salida. En el Congreso, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Nieves y sus aliados, envalentonados por el hecho de que las encuestas mostraban la caída vertiginosa en la popularidad de Dilma, se movieron para conseguir suimpeachment. El 1 de Mayo no consiguió ni siquiera dar su discurso tradicional transmitido por la televisión a todo el país. Con anterioridad, cuando su discurso, en el Día Internacional de la Mujer, fue transmitido, la gente comenzó a batir sus cacerolas y a tocar los claxones, en una forma de protesta que quedó nombrada como cacerolada. De la noche a la mañana, el Partido de los Trabajadores (PT), que había disfrutado del más largo y mayor índice de aprobación de Brasil, se hizo el partido más impopular del país. Confidencialmente, Lula se habría lamentado: “Nosotros vencimos en las elecciones. Al día siguiente, las perdimos”. Muchos militantes se preguntaron si el partido sobreviviría a todo eso.

¿Cómo ha llegado la situación a tal punto? En el último año del gobierno Lula, cuando la economía global estaba aún recuperándose de la primera onda del crash financiero de 2008, la economía brasileña creció el 7,5%. Al asumir el gobierno, Dilma estableció una política de control contra el sobrecalentamiento de la economía, lo que dejó satisfecha a la prensa financiera, en lo que parecía ser una política semejante a la que Lula sostuvo durante el inicio de su primer mandato. Pero tan pronto como el crecimiento experimentó una caída vertiginosa y las finanzas globales parecieron sombrías nuevamente, el gobierno cambió su rumbo, creando un paquete de medidas que buscaban priorizar las inversiones en desarrollos subsidiados. Se redujeron los tipos de interés, se rebajaron las deudas laborales, se redujeron, también, los costes de la energía eléctrica, la moneda se desvalorizó y se impuso un limitado control sobre el movimiento del capital/1. En el vaivén de todo ese estímulo, durante la primera mitad de su presidencia, Dilma disfrutó de un índice de aprobación del 75%.

Pero, en vez de despegar, la economía se desaceleró, pasando de un crecimiento mediocre, del 2,72% en 2011, a un insignificante 1% en 2012. Además de eso, con una inflación que ya rebasaba el 6%, en abril de 2013, el Banco Central aumentó los intereses de forma abrupta, minando así la base de la “nueva matriz económica” del ministro de Hacienda, Guido Mantega. Dos meses después, el país afrontó una ola de protestas de masas cuyo origen estaba en los precios de los billetes de los autobuses en São Paulo y en Río, pero que rápidamente aumentaron su dimensión haciéndose expresiones generalizadas de descontento con los servicios públicos y, estimulados por los medios de comunicación, también de hostilidad contra un Estado incompetente. Rápidamente, la aprobación del gobierno cayó a la mitad. En respuesta, se batió en retirada, dando inicio a las reducciones preventivas en los gastos públicos y permitiendo que los intereses aumentaran nuevamente. El crecimiento cayó aún más -sería prácticamente cero en 2014- pero el desempleo y los salarios permanecieron estables. Cara al fin de su primer mandato, Dilma lideró una desafiadora campaña para su reelección al asegurar a sus electores que ella continuaría priorizando la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores, así como atacando a su oponente del PSDB por planear revertir las mejoras sociales hechas por el PT, reduciéndolas y afectando, así, a los más pobres. A pesar del continuo ataque ideológico que recibió por parte de la prensa, consiguió llegar a la victoria.

Antes aún de que su segundo mandato comenzara formalmente, Dilma cambió su rumbo. Rápidamente pasó a defender que se hacía necesario un poco de austeridad. El arquitecto de la “nueva matriz económica” fue entonces sacado del ministerio de Hacienda y quien asumió este ministerio fue alguien orientado por Chicago, el director de la gestión de activos del segundo mayor banco privado de Brasil, asumiendo un mandato que debería reducir la inflación y restaurar la confianza. Se convirtieron en imperativos recortar los gastos sociales, reducir el crédito de los bancos públicos, subastar propiedades del Estado y aumentar tasas para llevar el presupuesto de vuelta a una situación de superávit primario. Rápidamente, el Banco Central aumentó su tipo de interés a 14,25%. Y ya que la economía se encontraba estancada, el efecto de ese paquete pro-cíclico fue sumergir al país en una recesión generalizada: caída en las inversiones, disminución de los salarios y duplicación del desempleo. Mientras el PIB se contraía, los ingresos fiscales disminuían, empeorando aún más el cuadro de déficit y deuda pública. Ningún índice de aprobación del gobierno podría haber aguantado la rapidez de tal deterioro económico. Pero la crisis de la popularidad de Dilma no fue resultado sólo del impacto de la recesión en las condiciones de vida del pueblo. También fue, aunque sea más doloroso admitirlo, el precio a pagar por haber abdicado de las promesas en base a las cuales fue elegida. De forma generalizada, la reacción de sus electores fue que su victoria podría ser calificada como “estelionato”, o sea: ella engañó a los que la apoyaron al cumplir el programa de sus adversarios de campaña. Y eso no generó sólo desilusión, sino también rabia.

Aunque ocultas, las raíces de esa debacle se tomaron la revancha justamente en la base del propio modelo petista de crecimiento. Inicialmente podría decirse que su éxito dependía de dos tipos de nutrientes: un superciclo de aumento en los precios de las materias primas y un boom del consumo doméstico. Entre 2005 y 2011, las ganancias comerciales de Brasil aumentaron más de un tercio, pues la demanda de materias primas de China y de otras partes del mundo aumentó el valor de sus principales exportaciones, así como el volumen de retorno fiscal para gastos sociales. A finales del segundo mandato de Lula, la porción correspondiente de la exportación de bienes primarios de entre las exportaciones brasileñas subió del 28% al 41%, mientras que la parte de los bienes manufacturados cayó del 55% al 44%; a finales del primer mandato de Dilma, las materias primas eran responsables de más de la mitad del valor de las exportaciones. Pero de 2011 en adelante, los precios de las principales mercancías comercializadas por el país entraron en colapso: la mena de hierro cayó de 180 dólares a 55 dólares la tonelada, la soja cayó de aproximadamente 40 dólares la saca a 18 dólares, el petróleo crudo cayó de 140 dólares a 50 dólares el barril. Y reaccionando al fin de la bonanza del comercio exterior, el consumo doméstico también entró en declive. Durante su gobierno, la principal estrategia del PT fue expandir la demanda interna al aumentar el poder de compra de las clases populares. Y eso fue posible no sólo con el aumento del salario mínimo y con transferencias de renta para los pobres -o “Bolsa Familia”- sino también con una masiva inyección de crédito a los consumidores. Durante la década de 2005 a 2015, el total de débitos controlados por el sector privado aumentó del 43% al 93% del PIB, con préstamos a los consumidores alcanzando el doble del nivel de los países vecinos. Cuando Dilma fue reelegida en 2014, los pagos de intereses en el crédito mobiliario estaban absorbiendo más de 1/5 de la renta media disponible de los brasileños. Junto con el agotamiento del boom de las materias primas, la época del consumismo tampoco era viable. Los dos principales motores del crecimiento se habían paralizado.

En 2011, el objetivo de la nueva matriz económica de Mantega fue estimular la economía a partir de un aumento en las inversiones. Pero los medios para hacerlo habían disminuido. Desde 2006, los bancos estatales pasaron a aumentar gradualmente su cantidad de préstamos, yendo de un tercio a la mitad de todo crédito -la cartera del Banco de Desarrollo del gobierno (BNDES) llegó a aumentar en siete veces su valor desde 2007. Al ofertar tipos preferenciales de intereses para las grandes compañías en un valor mucho más alto del de los subsidios para las familias pobres, la “Bolsa Empresarial” pasó a costar al tesoro nacional el doble de lo que costaba la “Bolsa Familia”.

Favorable al agronegocio y a la constructoras, esa expansión directa de las financiaciones públicas fue un anatema por el cual la clase media urbana pasó a adherirse a un movimiento cada vez más violento anti-PT, con los medios de comunicación -amplificada por la prensa financiera de Nueva York y Londres- haciendo admonición de los peligros del estatismo. Así, al cambiar de dirección, Mantega esperaba impulsar las inversiones del sector privado con concesiones tributarias e intereses más bajos, pero eso impactó en la reducción de las inversiones en las infraestructuras públicas del país, así como la devaluación del Real ayudó en las exportaciones manufactureras. Pero todos esos agrados a la industria brasileña fueron en vano. Estructuralmente, las finanzas son una fuerza muy grande en el país. La capitalización combinada de los dos mayores bancos privados de Brasil, Itaú y Bradesco, es hoy dos veces mayor que la de Petrobrás y la Vale, las dos principales empresas extractivas del país, y con finanzas mucho más saludables. Las fortunas de esos y de otros bancos fueron concebidas de acuerdo con el mayor sistema de intereses de largo plazo del mundo -un horror para los inversores, pero verdadero maná para los rentistas- y con un abismal margen bancario, con prestatarios pagando de cinco a veinte veces más por sus préstamos. Además de eso, sumándose a ese cuadro, hay también el sexto mayor bloque de fondos de pensiones del mundo, sin hablar del mayor banco de inversión de América Latina, una verdadera constelación de fondos de cobertura y de private equity.

En la esperanza de que eso trajera el sector industrial para su lado, el gobierno se enfrentó a los bancos al forzarlos a aceptar retroceder al nivel sin precedentes del 2% de los intereses a finales de 2012. En São Paulo, la Federación de las Industrias (FIESP) expresó, momentáneamente, su satisfacción ante la medida, para inmediatamente después colgar banderas en apoyo a los manifestantes anti-estatistas de Junio de 2013. Los dueños de las industrias quedaron felices en coger los frutos de altos rendimientos durante el periodo de crecimiento elevado del gobierno Lula, en el cual virtualmente cada grupo social vio su posición mejorar. Pero cuando eso terminó durante el gobierno Dilma y las huelgas recomenzaron, no tuvieron ninguna compasión por quien les hubo favorecido anteriormente. Y no sólo las grandes empresas, así como sus compañeras del Norte global, se encontraban cada vez más en holdings financieros que se veían afectados negativamente debido a las políticas rentistas -y, por esa razón, no podrían dar la espalda totalmente a los bancos y fondos de inversión-, pero el propio grupo social a que pertenecían la mayor parte de los empresarios estaba formado por una clase media alta que se había hecho más numerosa, vocal y politizada que los antiguos grupos de empresarios, manifestando así mayor capacidad de comunicación y cohesión ideológica ante la sociedad en general. La furiosa hostilidad de ese estrato contra el PT fue, inevitablemente, seguida también por el sector industrial. Tanto los banqueros del “piso de arriba” como los profesionales del “piso de abajo” estaban comprometidos en derribar un régimen que ahora veían como amenaza a sus intereses comunes, lo que significó que los empresarios tenían cada vez menos autonomía.

Contra ese frente, ¿qué tipo de apoyo podría esperar el PT? Los sindicatos, aunque más activos en el gobierno Dilma, eran sólo una sombra de su pasado. Los pobres siguieron siendo beneficiarios pasivos del gobierno petista, que nunca se dispuso a formarlos u organizarlos, cuánto más movilizarlos en torno a una fuerza colectiva. Los movimientos sociales -de los sin-tierra y de los sin-techo– fueron mantenidos apartados del gobierno. Los intelectuales acabaron siendo marginados. Pero no hubo sólo una ausencia de potencialización política de las energías procedentes de los subalternos. Tampoco existió una verdadera política de redistribución de la riqueza o de la renta: se mantuvo la infame estructura tributaria regresiva legada de Fernando Henrique Cardoso para Lula, que penalizaba a los pobres y no tocaba a los ricos. Hubo, de hecho, alguna distribución que acabó mejorando considerablemente las condiciones de vida de los más pobres, pero eso se hizo de forma aislada e individual. Con la “Bolsa Familia” tomando forma de propina para madres de hijos en edad escolar, eso era un resultado esperado. Los aumentos en el salario mínimo significaron también un aumento en el número de trabajadores con “cartera firmada”, lo que les garantizaría acceso a los derechos formales del empleo; pero no hubo aumento, y puede haber habido incluso una caída, en la sindicalización. Por encima de todo, con la llegada del “crédito consignado” -los préstamos bancarios con intereses altos deducidos directamente de los salarios- el consumo privado creció sin limitaciones y a costa de los gastos en los servicios públicos, cuyas mejorías habrían sido una forma más cara de estimular la economía. Se estimuló la compraventa de aparatos electrónicos, bienes de consumo y vehículos (la compraventa de automóviles recibió incentivos fiscales), mientras se desatendieron los cortes de agua, pavimentación, autobuses eficientes, saneamiento básico aceptable, escuelas decentes y hospitales públicos. Los bienes colectivos no tenían prioridad ni ideológica ni práctica. Por tanto, junto con la tan necesaria mejoría en las condiciones de vida doméstica, el consumismo, en su peor forma, se esparció en las capas populares a través de una jerarquía social en que la clase media se deslumbraba, siguiendo patrones internacionales, con revistas y centros comerciales.

Cuán perjudicial fue eso para el PT puede observarse a través de la cuestión de la vivienda, donde se ve la mayor intersección entre las necesidades individuales y colectivas. En ella, la burbuja del consumo se transformó cada vez más en una dramática burbuja inmobiliaria, en la que contratistas y empresas de construcción hicieron grandes fortunas, mientras el precio de los inmuebles se disparó para la mayoría de las personas que vivían en las grandes ciudades y cerca de la décima parte de la población no tenía acceso a viviendas en condiciones. De 2005 a 2014, el crédito para la especulación inmobiliaria y construcción civil aumentó veinte veces; en São Paulo y en Río de Janeiro los precios por metro cuadrado se cuadriplicaron. Solamente el año 2010, los alquileres en São Paulo aumentaron un 146%. Y en ese mismo periodo, había cerca de 6 millones de pisos desocupados, con 7 millones de familias sin techo. Y en vez de aumentar la oferta de casas populares, el gobierno financió a las constructoras privadas para construir, con un espléndido beneficio, urbanizaciones en áreas periféricas, cobrando alquileres más caros de lo que los más pobres podrían pagar, a la vez que apoyaba a las autoridades locales en los desalojos de ocupaciones. Ante todo eso, los movimientos sociales ganaron aliento con los sin-techo y ahora son una de las principales fuerzas de Brasil: esos movimientos no están dentro sino contra el PT.

Sin contar con una suficiente fuerza popular capaz de lidiar con la presión de las élites del país, Dilma cambió el rumbo seguramente para -después de su apretada reelección, al batirse en retirada económicamente, con una política inicial de apretar los cinturones semejante a la que Lula hizo en sus primeros años en el poder-, poder, entonces, reproducir el mismo tipo de viraje. Pero las condiciones externas impidieron cualquier comparación posible. El baile de las materias primas se acabó y una recuperación, sea cuando sea, parece no tener sustentación. Puede argumentarse, observando ese contexto, que la extensión de las actuales dificultades no debe ser exagerada. El país está pasando por una severa recesión, con el PIB cayendo al 3,7% el último año y probablemente lo mismo ocurrirá este año. Por otro lado, el desempleo aún está lejos de alcanzar los niveles de Francia, ni qué decir de España. La inflación es aún más baja del que los años de FHC y el país posee más reservas. El déficit público es la mitad del déficit de Italia, aunque con los intereses brasileños el coste de la reducción sea mayor. El déficit fiscal aún está por debajo de la media de Estados Unidos. Todo esto tiende a empeorar. Sin embargo, la actual profundidad del abismo económico no encuentra apoyo en el volumen del clamor ideológico que existe sobre él: la oposición militante y la fijación neoliberal poseen intereses en aumentar el grado de martirio del país. Pero eso, por su parte, no reduce la escala de la crisis en que el PT está ahora envuelto, que no es sólo económica, sino también política.

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Se puede decir que los orígenes de ese dilema residen en la estructura de la Constitución Brasileña. En prácticamente casi todos los países de América Latina, presidencias inspiradas por el modelo estadounidense coexisten con parlamentos según moldes europeos: o sea, Ejecutivos superpoderosos de un lado y, del otro, Legislativos electos por un sistema proporcional de representación y no con el modelo distorsionado de past-the-post, tal cual son los sistemas anglo-sajones. El resultado típico de ese modelo, aunque no sea invariable, es una presidencia con enormes poderes administrativos cuya flaqueza reside en el hecho de que ningún partido consigue tener una mayoría parlamentaria con poder significativo. Sin embargo, en ningún lugar el Ejecutivo se separó tanto del Legislativo como en Brasil. Eso es porque, por encima de todo, el país posee el más frágil sistema de partidos del continente. En Brasil, la representación proporcional toma forma de un sistema de lista abierta en la que los electores pueden escoger cualquier candidato dentro de un enorme número de individuos que nominalmente están dentro de la misma disputa, en legislaturas que generalmente reciben cerca de poco más que dos millones de votos. Las consecuencias de esa configuración son duales. En la mayoría de los casos, los electores escogen un político que ellos conocen -o creen que conocen- en vez de escoger un partido del que ellos poco o nada saben; mientras los políticos, por su parte, necesitan obtener una gran cantidad de dinero para financiar sus campañas y garantizar que los electores se identifiquen con ellos. La gran mayoría de los partidos, cuyos números aumentan cada elección (actualmente hay 28 partidos con representación en el Congreso), no poseen la más mínima coherencia política, y no hablemos de disciplina política. Su propósito es simplemente asegurar favores directos de los jefes del Ejecutivo para sus bolsillos y, claro, dar alguno como retroalimentación para asegurar la reelección de sus correligionarios, ofreciendo a los gobiernos votos favorables en las diferentes cámaras.

Cuando Brasil emergió después de dos décadas de dictadura militar a mediados de los años 80, ese sistema fue creado por una clase política que se moldeó sobre ella. Objetivamente, su función era (y aún es) neutralizar la posibilidad de que la democracia llevara a la formación de algún tipo de voluntad popular que amenazara la enorme desigualdad brasileña, al anestesiar las preferencias electorales en un miasma de disputas subpolíticas por ventajas venales. Cabe resaltar que lo que acentúa los problemas de ese sistema es también su importante desproporción geográfica. Todos los sistemas federales exigen algún tipo de equilibrio en los pesos de cada región, generalmente envolviendo una sobrerrepresentación de las áreas más pequeñas y rurales en una cámara más alta, a costa de las áreas mayores y más urbanizadas, tal como en el Senado de los Estados Unidos. Pero, pocos países llegan cerca del grado de distorsión creado por los ingenieros del sistema brasileño, en el cual la ratiode sobrerrepresentación entre los pequeños y grandes Estados en el Senado es de 88:1 (en EE UU queda en torno a 65:1). Y el problema no es sólo el hecho de que las tres más pobres y atrasadas regiones controlan 3/4 de los asientos de Senado y cuentan con cerca de 2/5 de la población (atemorizadas, en la mayor parte, por los más tradicionales caciques que dominan las clientelas más sumisas). Pero de forma única, ellos también controlan la Cámara de los Diputados. O sea, en vez de corregir ese problema conservador del sistema, la democratización lo aumentó, creando incluso nuevos Estados con población pequeña y desequilibrando aún más el escenario.

En ese escenario, al contrario de otros países de América Latina que salieron del dominio de los militares en los años 80, ningún partido político significativo del periodo anterior a la dictadura sobrevivió. En verdad, el escenario fue inicialmente ocupado por dos fuerzas derivadas de las invenciones de los generales: el partido de la oposición permitida, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), y su partido alternativo, la Alianza Renovadora Nacional (ARENA), ridiculizados por ser vistos como los partidos del “” y del “sí señor”. El primero se cambió posteriormente de nombre como Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y buena parte del segundo se transformó en el Partido del Frente Liberal (PFL). Con la salida de los militares, el primer gobierno estable de hecho sólo llegó con la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, en 1994, nacido de un pacto de una disidencia del PMDB, que él había ayudado a crear, nominalmente social-demócrata, pero en la realidad social-liberal (el PSDB), cuyo electorado se concentraba en las regiones Sur y Sudeste. Al lado del PSDB estaba el nominalmente liberal, pero en realidad conservador, PFL, cuya base se encontraba en las regiones Norte y Nordeste. Ese fue un pacto entre los oponentes moderados y los tradicionales adornos de la Dictadura y consiguió construir una gran mayoría en el Congreso, actuando al servicio de aquel que se haría el principal programa neoliberal del país, concertado con el Consenso de Washington. Mientras, el candidato presidencial, Cardoso -considerado por el gran capital como una garantía contra radicalizaciones- recibió enormes cantidades de dinero: los ricos saben reconocer a sus amigos. El coste relativo de sus campañas, en un país más bien pobre, fue mayor incluso que los gastos de las campañas de Clinton en el mismo período. Compitiendo contra él estaba Lula, frente a una montaña de dinero que financiaba la campaña de Cardoso. Pero en cuanto asumió el cargo, FHC, no necesitó dinero para comprar el apoyo del Congreso -aunque exista por lo menos una notable excepción en esa afirmación-, pues su coalición con los clanes de las oligarquías del Nordeste, aunque sujetas a sus disputas regionales, no era meramente oportunista, sino basada en una asociación natural para objetivos comunes. El acuerdo fue estable y, recientemente, fue muy elogiado por admiradores de Cardoso en Brasil y en los países anglófonos, considerado un modelo de “presidencialismo de coalición”, tomado incluso como un ejemplo esperanzador para el resto del mundo, en lugares donde los modelos de gobierno europeo o americano raramente consiguen tener éxito.

Aun así, los cofres de las campañas de FHC estaban “limpios” en el sentido de las financiaciones americanas, donde los Super PACs compran votos, y su coalición era ideológicamente sólida, ya que una vez elegido, ni sus objetivos y tampoco los de sus aliados podrían ser alcanzados por otros medios. Tanto su vicepresidente, Marco Maciel, como su más poderoso aliado en el Congreso, Antônio Carlos Magalhaes, eran verdaderos ejes de la política represiva en el Nordeste -ambos instalados por la Dictadura como gobernadores, el primero en Pernambuco y el segundo en la Bahía, hecho tan pronto como ellos apoyaron el derrocamiento del régimen democrático en 1964- y sin ninguna intención de alterar esos métodos tradicionales. ACM, como le gustaba ser llamado, fanfarroneaba: “Yo gano las elecciones con un saco de dinero en una mano y un látigo en la otra”. Su hijo, Luís Eduardo, era el político favorito de Cardoso en el Congreso, el delfín señalado para sucederlo y así sería si no hubiera muerto precozmente. El propio FHC, que por bastante tiempo sostuvo que la reforma del sistema de partidos era una prioridad para Brasil y prometió presentarla, cambió de idea tan pronto llegó al Palacio del Planalto, afirmando que la mayor prioridad era revisar la Constitución para que él mismo pudiese ser reelegido para un segundo mandato. Abandonando cualquier tentativa de racionalizar o democratizar el orden político, él presidió -y para eso, sí, fue necesario- una campaña directa de sobornos a diputados para comprar una super-mayoría en el Congreso requerida para aprobar la enmienda de la reelección.

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Cuando Lula fue finalmente elegido en 2002, el PT estaba en una posición diferente. Así que él pasó a garantizar que no atacaría bancos y empresas, y, tan pronto como pareció que su victoria era segura, esas compañías pasaron a financiarlo, aunque en una escala más pequeña que a su predecesor. Pero dentro del Congreso él no poseía aliados naturales que fueran significativos. El PT, a pesar de toda la moderación de la campaña de Lula a la presidencia, era visto -y aún es- como un partido radical, posicionado a la izquierda de la verdadera ciénaga que domina el Legislativo. En él, nunca consiguió más de 1/5 de los diputados, sumando un número de votos tres veces menor que los del mismo Lula. ¿Cómo garantizar algún tipo de mayoría funcional para apoyarlo en medio de ese verdadero maremagnum? El método tradicional, concretado en una escala heroica durante la primera presidencia civil después de la Dictadura -la de José Sarney, otro antiguo lacayo de los generales-, era el de comprar apoyos distribuyendo ministerios y cargos de confianza para aquéllos que tuvieran interés y pudieran traer consigo la mayor cantidad de votos. Inicialmente eso ocurrió dentro de las facciones de su propio partido, el PMDB, la mayor y más orgánica entidad política del país y que, una década después, se convirtiera en el pozo en el que desaguaban todas los riachuelos de la corrupción política. El camino clásico para el PT era entonces llegar a acuerdos con esa criatura, destinando para ellos una buena parte de sus ministerios y agencias estatales. Sin embargo, esa solución fue rechazada por el partido -hay una disputa sobre quién, dentro de la cúpula, estaba a favor y quién estaba contra- pues había recelos de que las consecuencias serían crear un peso muerto ideológico dentro del gobierno que podría neutralizar el impulso progresista que se había creado. En vez de eso, la decisión fue la de conseguir un grupo de partidarios de una densa capa de partidos pequeños, sin conceder así mucho terreno para uno de ellos en específico, pero pagándoles con dinero a cambio de apoyo en la cámara en un esquema de gratificación. De hecho, el PT intentó compensar la falta de compañeros naturales (algo con lo que FHC no tuvo que lidiar) y su rechazo a volver al sistema concebido por Sarney, creando así un sistema de estímulos materiales para cooperaciones dentro del Congreso y con una moneda de cambio más barata: o sea, usando gratificaciones para no usar lugares específicos dentro del gobierno.

Cuando ese esquema subió a la superficie en 2005, el llamado escándalo del Mensalão (o sea, de pagos mensuales a los diputados) hizo que Lula perdiera el apoyo del electorado de clase media y por muy poco no terminó precozmente su primera presidencia. Tan pronto él hubo sobrevivido y fuera triunfalmente reelegido el año siguiente, el PT no tuvo otra elección sino recular y aceptar la solución que tanto temía abrazar: el PMDB entonces entró en el bloque del gobierno, garantizando así algunos importantes ministerios y puestos centrales en el Congreso, y así permaneció hasta el primer mandato de Dilma y el primer año del segundo mandato. Pero eso no significa que la corrupción haya disminuido, sino que aumentó drásticamente. Eso no sólo porque el PMDB era el campeón del saqueo de los recursos públicos en ámbitos municipales y estatales (por décadas el partido incluso hubo abandonado las disputas presidenciales), sino también porque un gigantesco pote de miel, mayor que todo lo que se podía imaginar, estaba concretizándose con la expansión de Petrobras, la empresa de petróleo estatal cuyas actividades equivalen al 10% del PIB nacional; en ese momento, una capitalización la haría la cuarta empresa más valiosa del mundo. La construcción de nuevas refinerías, industrias petroleras, pozos, plataformas, complejos petroquímicos, ofrecía grandes oportunidades para gratificaciones e inmediatamente se acabó estableciendo un diseño para ello. Las subastas serían dominadas por un verdadero cártel compuesto por las principales contratistas del país, pero los contratos eran cobrados a partir de grandes sumas de dinero que iban directo para los bolsillos de los directores de Petrobras y para los partidos políticos que estuvieran involucrados -se calcula cerca de 3 billones de dólares en sobornos. Ese tipo de práctica no era novedad en la historia de la compañía, siendo que FHC prefirió fingir que no acontecía, y hasta la primavera de 2013, la compañía disfrutó de la acostumbrada impunidad oriunda de la riqueza y del poder en Brasil.

Lo que cambió en todo eso fueron tres efectos post Mensalão. La delación premiada fue introducida en Brasil; la prisión cautelar, un antiguo poder judicial usado para llenar las cárceles del país con pobres, se hizo por primera vez un instrumento aceptable para duplicar el lote de las clases superiores; y las sentencias en primera instancia no podían ser diferidas por intervención del Supremo, lo que permitía anticipar las prisiones. Los dos primeros efectos fueron las mismas armas que los magistrados italianos utilizaron para derribar a la clase política y empresarial italiana en los escándalos deTangentopoli, en los años 1990. Pero el tercer efecto ellos nunca lo consiguieron. Incluso en Brasil se creó una forma de extraer confesiones de aquéllos bajo prisión preventiva: amenazar con extender el mismo tratamiento a las esposas e hijos. En 2013, grabaciones hechas en un cajero de una empresa de lavado de coches (un lavado automático, un Lava Jato) en Brasilia llevó a la prisión a un contrabandista con larga ficha criminal. Mantenido en Curitiba, en la región Sur, para proteger su familia, ese “cambista” pasó a revelar la escala del sistema de corrupción de Petrobras, en la que él había sido uno de los principales intermediarios en la transferencia de recursos entre contratantes, directores y políticos dentro y fuera del país. En un primer momento, las acusaciones cayeron sobre nueve de las principales constructoras y contratistas de Brasil, con sus famosos jefes y directores siendo detenidos, junto con otros tres directores de Petrobras, en investigaciones que alcanzaron aún a más de cincuenta políticos, tanto diputados y senadores como incluso gobernadores

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Los tres principales partidos involucrados -eran siete en total- fueron el PMDB, el Partido Progresista (PP, un partido originario de la Dictadura) y el PT. Quién ganó más en el diseño aún no está claro. Pero ya que no existían ilusiones sobre los dos primeros, fue la aparición del tercero lo que realmente adquirió relevancia política. El Mensalão fue solamente unos pequeños intercambios en comparación con la enormidad del Petrolão: mientras el primero no tuvo ningún beneficio privado para políticos del PT, el segundo, por su parte, borró completamente los límites entre fondos de campaña y enriquecimiento personal. Entre otros detalles, salió a la superficie que el propio jefe de la Casa Civil de Lula, José Dirceu (el arquitecto, por detrás, de la formación del PT como partido), que había sido apartado debido a su implicación en el Mensalão, había instado a que una parte del Petrolão’ fuera dirigida a sus propias cuentas bancarias. Si el grueso de esos ingresos eran utilizados para financiar las campañas y el aparato del partido, la presencia continua de grandes sumas de dinero clandestino no podía sino corromper a aquellos que ponían sus manos en él. El sociólogo Chico de Oliveira había alertado, antes incluso de que el Petrolão hubiera sido descubierto, que el PT estaba caminando a pasos agigantados a un proceso de transfiguración en una aberrante especie taxonómica de vida política, algo que sólo podía ser visto como una metáfora.

Liderando el ataque al Petrolão, los miembros del equipo investigador de Curitiba se convirtieron, como los jueces y policías de Milán que los inspiraban, en verdaderas estrellas mediáticas. Jóvenes, de apariencia honesta, barbillas cuadradas, beneficiándose de su entrenamiento legal en Harvard, el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol parecían salidos directamente de una de esas series americanas de tribunales. Sobre su celo en el combate contra la corrupción y el valor de la conmoción que produjeron en las élites políticas y empresariales del país, no había dudas. Pero, como en Italia, objetivos y métodos no siempre coincidieron. La delación premiada y la prisión preventiva sin acusaciones combinaron inducción e intimidación: instrumentos torpes en la búsqueda de la verdad y de la justicia, pero en Brasil estaban dentro de la ley. Pero la fuga de informaciones, o a veces hasta de sospechas, por parte de los investigadores cara a la prensa, no: éstas son claramente ilegales. En Italia, fueron constantemente utilizados por el equipo de Milán y fueron usados aún más ostentosamente por el equipo de Curitiba. Desde el inicio las fugas parecían selectivas: se orientaban al PT y, persistentemente, -aunque no exclusivamente, pues la munición se esparcía- apareciendo en las principales revistas de la batería anti-gobierno, como la semanal Veja, que después de semanas de exposición hizo una edición para ser lanzada pocas horas antes de las elecciones de 2014 con las imágenes de Lula y Dilma bajo una siniestra penumbra con tonos de rojo y negro con la exclamación “¡Ellos lo sabían todo!, alertando a los electores sobre quienes eran las verdaderas mentes criminales por detrás del Petrolão.

Pero que los magistrados hayan alimentado a los medios con filtraciones, ¿significa que sus objetivos eran los mismos, o sea, que eran fruto -tal como el PT sostuvo- de una operación de común acuerdo? Se puede decir que la judicatura brasileña, así como sus compañeros de fiscalía y Policía Federal, comparten mucho de la identidad de clase media brasileña, a cuyas capas pertenecen, con sus preferencias y prejuicios de clase típicos. Ningún partido obrero, por más emoliente que sea, consigue atraer simpatías particulares en ese medio. ¿Pero será que las filtraciones contra el PT son resultado de una aversión militante, o fruto de una idea de que no hay mejor forma de enfatizar los horrores de la corrupción que coger a aquélla que es la principal fuerza política del país por más de una década, que incluso es justamente aquélla que los medios, por sus propias razones, estarían más dispuestos a divulgar las revelaciones? Las historias que alcanzaran al PMDB serían banales y el PSDB podría ser esquivado, en el ámbito nacional, pues siendo un partido de oposición tendría un menor acceso a los cofres públicos, independientemente de su poder a nivel estatal.

El escándalo del Lava Jato explotó de hecho en la primavera de 2014 y sucesivas prisiones y acusaciones llegaron a los titulares durante la carrera presidencial en el otoño. El viraje económico de Dilma, apenas ser elegida, puede ser visto en parte como dirigido por la esperanza de aplacar la opinión neoliberal lo suficiente para que los media moderasen su discurso sobre el PT, que estaba siendo tratado como una banda de ladrones. Pero si fue eso de hecho, ello fue en vano. Superando incluso el PSDB en la virulencia de sus ataques, una nueva derecha pasó a ganar preeminencia en las manifestaciones masivas contra Dilma en marzo de 2015. En Brasil, el eslogan tradicional de la derecha era “Dios, Familia y Libertad”, verdaderos banners del conservadurismo que clamó por el golpe militar que generó la Dictadura de 1964. Medio siglo después, los gritos de los manifestantes cambiaron. Reclutados a partir de una generación más joven de militantes de clase media, una nueva derecha –y, generalmente, con orgullo de afirmarse así- pasó a hablar menos en términos de religiosidad, menos aún en términos de familia y reinterpretó el sentido de la libertad. Para ellos, el libre mercado era la base necesaria para todas las otras libertades, concibiendo así el Estado como una especie de hidra de muchas cabezas. Esa política se inició no en las instituciones del orden decadente, sino en las calles y en las plazas, donde los ciudadanos podrían reunirse contra un régimen de parásitos y ladrones. Surfeando en la onda de las manifestaciones masivas contra Dilma, los dos principales grupos de esa derecha radical -Vem Pra Rua y Movimento Brasil Livre (MBL)- moldearán sus tácticas asimilando elementos del Movimento Passe Livre (MPL), un movimiento de extrema-izquierda que desencadenó las protestas de 2013, incluso con el MBL deliberadamente haciendo un acrónimo con el MPL. Ambas organizaciones de derechas eran pequeñas, pero dependían de un intenso trabajo de movilización de masas por medio de internet. Brasil posee más adictos a Facebook que cualquier otro país, siendo superado sólo por Estados Unidos, y tanto el Vem Pra Rua como el MBL y otros grupos de la derecha -Revoltados On-Line (ROL) es otro movimiento destacado- vienen consiguiendo movilizar a la población con mucho más éxito que la izquierda, aunque sea importante tener en consideración el previsible perfil de clase de quien se adentra en la red social de Zuckerberg. En esto, el efecto multiplicador de esos grupos derechistas ha sido mucho mayor.

En el horizonte de toda esa situación, hay también la ambigua nebulosa de una nueva religión. Más del 20% de los brasileños pertenecen, actualmente, a alguna variedad de protestantismo evangélico. Siguiendo el modelo de la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon, muchas de ellas -ciertamente las mayores- son verdaderas agencias de negocios que se dedican a la organización del dinero de sus fieles para erigir verdaderos imperios financieros para sus fundadores. La fortuna de Edir Macedo, el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, cuyo gigantesco ekitsch -Templo de Salomón en la región del Bras en São Paulo, próximo al menos grotesco, pero aún así impresionante templo de la rival Asamblea de Dios, en una especie de Wall Street religiosa- donde ocurren performances de melodramáticos exorcismos en las pantallas y en que los fieles cantan y oran, sobrepasa el billón de dólares. Parte de ese imperio se asocia también al control de la segunda mayor red de televisión del país. Actualmente bastante pujante en las periferias, la organización de Macedo predica una “teología de la prosperidad”, prometiendo éxito material en la Tierra, en vez de mera salvación celestial. Diferentes de los evangelistas americanos, las Iglesias Evangélicas en Brasil no poseen perfiles ideológicos muy específicos además de asuntos como aborto y derechos LGBT. Macedo llegó a apoyar a FHC como una forma de impedir el comunismo, pero en las elecciones siguientes apoyó a Lula y desde entonces viene creando su propia organización política. Pero muchas de esas iglesias actúan apoyándose en el descrédito de los partidos brasileños: son vehículos para ser contratadas, intercambiando votos por favores, con la diferencia de que apoyan a candidatos de cualquier partido -la bancada evangélica en el Congreso, cerca de 18% de los diputados, incluye congresistas de 22 partidos. Sus principales intereses residen en garantizar concesiones de radio y televisión, evasión fiscal para iglesias y acceso a la planificación urbanística con el fin de llevar a cabo la construcción de monumentos faraónicos.

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A la vez, aunque más pasivas y promiscuas que sus iguales en Estados Unidos, esas Iglesias forman un reservorio conservador para los agresivos líderes de la derecha en el Congreso. Sintomáticamente, el presidente del Frente Evangélico es un musculoso pastor y ex agente de policía que se sienta en la bancada del PSDB. Allí también se encuentra el Presidente de la Cámara de los Diputados, elegido en febrero de 2015 -siendo el cargo más importante del Congreso y el tercero de la línea de gradación tras el vicepresidente-, el diputado Eduardo Cunha, un corredor de bolsa, evangélico del Río y líder de la bancada del PMDB. Generalmente identificado como el más peligroso enemigo de Dilma -ella incluso intentó impedir su elección- su aspecto elegante y modos imperturbables esconden un político excepcionalmente talentoso y cruel, un maestro en las artes obscuras de la manipulación parlamentaria y en la administración, una persona de quien gran parte del llamado “bajo clero” del Congreso se hizo dependiente de sus favores desde que asumió el cargo, mientras otros viven arrinconados delante de su fuerza sin conseguir enfrentársele. Y tan pronto como las manifestaciones en las calles clamaron por el impeachment de Dilma, él en seguida se convirtió en la punta de lanza dentro del Legislativo que garantizaría la salida de la presidenta, bajo el pretexto de que antes de las elecciones ella había transferido, de forma impropia, fondos de los bancos estatales para cuentas federales.

Alcanzando un crescendo en el mes de septiembre, el movimiento para su destitución alcanzó números impresionantes, configurando diferentes fuerzas y personajes que se entrecruzaban de diferentes formas, desde los “jóvenes turcos” del MBL y ROL posando para fotos con Cunha, hasta pilares de la ley como Moro y Dallagnol (que también es evangélico) encontrándose con políticos del PSDB y lobbistas pro-impeachment, sin contar también con la prensa atacando virulentamente al PT y el Planalto con nuevas denuncias diarias. O Dilma había ilegalmente legado un déficit en las cuentas del Estado para seguir siendo reelegida, o ella había permitido grandes inyecciones de presupuestos ilegales para financiar su campaña electoral… o ambos -en cualquier caso, material suficiente para acelerar el proceso de su retirada de la presidencia mientras afronta la probidad pública. En aquel momento, cerca de 80% de la población quería que ella se marchase.

Mientras tanto, explotó una bomba. A mediados de octubre, las autoridades suizas notificaron al Procurador General de la República en Brasilia que Cunha tenía nada menos que cuatro cuentas secretas en Suiza -y otra inmediatamente después fue descubierta en Estados Unidos-, una de ellas a nombre de su esposa, otra a nombre de una compañía empresa-fantasma en Singapur que percibía directamente de otra empresa-fantasma de Nueva Zelanda. El valor total era de 16 millones de dólares, osea, treinta y siete veces más la riqueza que él había declarado en Brasil. A disposición del matrimonio también había dos compañías locales -y, desafiando la burla, una de ellas se llamaba Jesus.com- además de una flota de nueve limusinas y camionetas en Río de Janeiro. Las evidencias de que él acumulaba gratificaciones de Petrobras comenzaron a aumentar. Incluso para la más obediente prensa eso era demasiado. En el Congreso, comenzaba una comedia al revés. Según la Constitución Brasileña, el Presidente de la Cámara posee el poder solemne de dar inicio a la moción deimpeachment presidencial. Durante meses el PSDB estuvo cortejando a Cunha, conferenciando con él en cónclaves íntimos sobre las tácticas y el momento del proceso. La revelación de su caja-fuerte en Suiza, con muchas más evidencias que las que caían sobre Dilma, se convirtió en una profunda vergüenza para el partido. ¿Qué debería hacer? Cunha aún controlaba las llaves para el impeachment, que si tiene éxito podría incluso anular las elecciones de 2014 y garantizar, así, la victoria de Neves. El partido entonces se calló sobre las olas que venían de Berna; y hay que mencionar que el propio Cunha aún no se había pronunciado y era considerado inocente hasta que se probara lo contrario. Pero sus partidarios en los medios no consiguieron contener los cuestionamientos: ¿cómo puede el partido de la moralidad dar cobertura a tal acto delictivo? Ante el clamor, el PSDB se vio forzado a batirse en retirada y retirar el apoyo al Presidente de la Cámara -un pequeño partido socialista independiente (el Partido del Socialismo y la Libertad, PSOL) había presentado, en esas circunstancias, un recurso para retirar a Cunha de la Cámara. Al percibir que el PSDB había dejado de apoyarle, Cunha rápidamente hizo un movimiento jugando a dos bandas. Negociando a puerta cerrada, ofreció bloquear elimpeachment de Dilma si el PT lo protegía de las tentativas de anulación de su mandato y expulsión del Congreso. Y eso fue lo que ocurrió lo más rápidamente posible. Los ministros del PT, tan sinvergüenzas como los políticos del PSDB, acordaron ayudarlo a mantenerse en el cargo, con tal de que él no hiciera ningún movimiento contra Dilma. Ese surrealista carrusel fue demasiado para las bases del partido que estaban alejadas del Congreso y el acuerdo tuvo que ser cancelado. Por un breve momento, pareció que la posición de Cunha era insostenible y la causa del impeachment estaba tan desgastada por su exposición que no había, por lo tanto, casi ninguna oportunidad de que ocurriese.

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No obstante, entre bastidores, el principal repositorio de las esperanzas de acabar con el PT no había desistido. Desde el inicio de la crisis, FHC se hizo omnipresente en los medios, su imagen estaba en todas partes, en un torrente de entrevistas, artículos, discursos, diarios. Bastante estimado por los barones de los medios y sus lacayos, su renovada prominencia era fruto de un cálculo político más inmediato de ambas partes. Presentado como el estadista senior de la República, a cuya sabiduría se debe la estabilidad alcanzada, editores y periodistas se esforzaron para construirlo como un pensador de renombre internacional, la voz de la salubridad y de la responsabilidad delante de las heridas del país, incluso con la prensa y la academia anglófona comparándolo, tragando todo ese coro de psicofantia. La razón para toda esa apoteosis es bastante simple: la presidencia de Cardoso administró a Brasil una generosa dosis de administración pro-mercado, un remedio que parecía ser más urgente que nunca delante del escarnio populista del PT. El propio Cardoso, que cuando era presidente lamentó la “enorme dificultad” de que “a Brasil no le gustaba el sistema capitalista”, estaba tranquilo ejerciendo ese papel. Pero él también tenía una cuestión personal en medio de todos esos focos. Cuando él salió de la presidencia, su índice de aprobación no era mucho más alto del de Dilma hoy, y por ocho años él sufrió una dura comparación con Lula, un presidente mucho más popular que repudió su legado y transformó el país de forma decisiva, asegurando al PT mandatos que duraron el doble del suyo.

Eso fue algo duro de soportar. ¿Será que el aura del pensador podría soportar la pérdida de su prestigio como gobernante? Objetivamente, el segundo mandato fue -y eso es bastante normal- menos popular que el primero. En la búsqueda de la presidencia, Cardoso sacrificó no sólo sus antiguas convicciones, que incluso eran marxistas y socialistas, sino con el tiempo incluso sus modelos intelectuales. La banalidad de ese cambio llega a ser disparatada: bromas elogiosas con los efectos de la globalización y ansiedad con sus efectos colaterales. En raras ocasiones él acababa siendo sincero: “Yo debo admitir que, aunque mi lado intelectual sea fuerte, yo soy básicamente un Homo politicus”, dijo en cierta ocasión. Pero subjetivamente, la vanidad -concernida por el llamamiento político grandioso de un ex-obrero sin educación formal- no permite que pretensiones más cerebrales sean colocadas de lado. Teñido por el verde y amarillo de la Academia Brasileña de Letras, una copia tropical de la versión original y pomposa de los franceses -con una espada a su lado, él declaró que el sociólogo y el presidente nunca disintieron, demostrando una carrera coherente y una administración creativa, enteramente en sintonía la una con la otra.

Durante años tuvo motivos para reclamar que, en cuanto oposición, el propio PSDB fue insuficientemente leal a la memoria de su líder máximo, evitando cualquier defensa más vigorosa de su modernización nacional y su valiente programa de privatizaciones. Ahora, sin embargo, delante de la crisis del “lulopetismo” -su uso más desdeñoso, implicando algo aún centrado en las bases, más demagógico que el mero titular petista, o petismo– queda claro cuán correcto Cardoso estuvo todo ese tiempo. Si hubo algo bueno durante el gobierno del PT, eso se debe a la herencia dejada por FHC. Si hubo algo desastroso y terrible, entonces la culpa no es de él, pues había alertado a todos lo que ocuriría. Era tiempo de levantar nuevamente las banderas de 1994 y 1998, sin ningún tipo de inhibición, colocando así el fin al desgobierno del PT. Aunque él aún no hubiera evocado elimpeachment, lo reconocía como un proceso legítimo, desde el momento que hubiera base legal para eso. Y aunque no la hubiera, Dilma aún podría ser removida políticamente. Pero -y aquí los cálculos de Cardoso se muestran diferentes de aquéllos hechos por la nueva generación de políticos del PSDB en el Congreso, ansiosos por tomar el poder rápidamente- era mejor esperar a la Judicatura, que podría ser el instrumento para el cumplimiento de la Justicia Política.

Esa confianza venía de las íntimas conexiones entre los jueces más veteranos y estaba lejos de estar errada. Indicado para presidir el caso contra Dilma en el Tribunal Supremo Electoral estaba Gilmar Mendes, un colaborador cercano designado por el propio Cardoso para el Tribunal Supremo Federal, ocupando este lugar hasta el día de hoy -y que nunca hizo secreto su disgusto para con el PT. Pero Dilma era el blanco menos importante. Para FHC, el blanco crucial a ser destruido era Lula y no sólo por cuestión de venganza, aunque eso haya sido muy saboreado en el ámbito privado, sino porque había riesgo, dada su antigua popularidad, de que él volviese en 2018, suponiendo que Dilma sobreviviera hasta entonces, algo que asustaba el PSDB y su programa de orientar el país nuevamente cara una modernización responsable. Y tan pronto como las frases de Cardoso comenzaron a encontrar eco, una serie de vaciamientos hechos por la fuerza, tarea del Lava Jato, pasaron a aparecer en la prensa, implicando a Lula en dudosas transacciones financieras de tipo personal: viajes en reactores empresariales, palestras remuneradas por contratistas, confortables apartamentos, mejorías en una casa de campo, sin hablar de las ganancias oscuras de uno de sus hijos. Luego, enseguida vino la aprehensión de un amigo millonario hacendado, acusado de retocar las retribuciones de un contrato de Petrobras para el tesorero del PT. Aparentemente, el cerco estaba cerrándose en torno a él.

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Rápidamente, durante la primera semana de marzo, una fuerza especial de la Policía Federal llegó a la puerta de la casa de Lula a la seis de la mañana, llevándolo bajo custodia para ser interrogado en el aeropuerto de São Paulo. La prensa, informada de antemano, estaba esperando del lado de fuera para invadir con sus cámaras, esperando obtener el máximo de publicidad. El pretexto para todo ese show es que si Lula fuera invitado a dar aclaraciones, él podría haber rehusado hacerlo. La semana siguiente, la mayor manifestación en Brasil después de la Dictadura -de acuerdo con la policía, con 3,7 millones de personas en las calles- clamó por la justicia contra Lula e impeachment para Dilma. Tres días después, Dilma inscribió a Lula como “Jefe de la Casa Civil” de su gobierno, algo equivalente a un primer Ministro. Como ministro, Lula tendría inmunidad ante las acusaciones de Moro en Curitiba, posibilitando que él, así como los demás miembros del gobierno, respondiera solamente ante el Tribunal Supremo. Moro no perdió tiempo. En la misma tarde, publicó las grabaciones de una conversación telefónica entre Lula y Dilma, en la cual ella le dice que mandaría los papeles necesarios para que él firmara y asumiera el cargo, “si fuese necesario”. Su conversación fue ambigua. Pero el escándalo mediático fue ensordecedor: aquí, atrapados con las manos en la masa, estaba una maniobra para huir de la Justicia y salvar a Lula, dejándolo lejos del alcance de la ley. Dentro de las 24 horas, un juez en Brasilia impidió el nombramiento -un juez que, como se supo más tarde, había publicado imágenes en las redes sociales de cuando él estaba en las manifestaciones por elimpeachment, ostentando alegremente una camiseta del PSDB. Pero ese juez rápidamente fue apoyado por Gilmar Mendes y, aquella misma noche, el PMDB anunció que salía del gobierno, en el cual él controlaba la vice-presidencia y otros seis ministerios, preparando el camino para una rápida destitución de Dilma en el Congreso.

En esa dramática escalada de la crisis política, el protagonista central era la Judicatura. La noción de que la operación de Moro estaba actuando de forma imparcial en Curitiba, inicialmente defendible, acabó siendo perjudicada con la cobertura gratuita y espectacular de la prensa sobre la conducción coercitiva de Lula, lo que acabó siendo seguido por un mensaje público saludando las manifestaciones a favor del impeachment: “Brasil está en las calles”, anunció el juez. “Estoy impresionado”.Pero, al publicar las grabaciones de la conversación entre Lula y Dilma, horas después de que la Justicia anulase la escucha, violó la ley dos veces: violó el sigilo de las interceptaciones, aunque fuera permitida la escucha, y sin hablar también del principio de confidencialidad que supuestamente protegía las comunicaciones de la jefa del Ejecutivo. Quedó tan evidente que esas cosas eran ilegalidades que inmediatamente Moro fue reprendido por el juez del Supremo -responsable de Moro-, pero sin ninguna sanción efectiva. Aunque “inapropiado”, su superior notó delicadamente que la acción del juez había alcanzado su objetivo.

En la mayoría de las democracias contemporáneas, la separación de poderes es una ficción educada, con los Tribunales Supremos -en que el caso americano es una importante excepción- sometiéndose ante los gobiernos. Los contorsionismos del Tribunal Constitucional Alemán -generalmente visto como ejemplo de independencia judicial- al sostener las violaciones del país tanto en el Grundgesetz y en elTratado de Maastricht y favorecer los diferentes regímenes de Berlín, pueden ser vistos como una norma general. En Brasil, la politización de la judicatura es una tradición que viene de antiguo. La figura inverosímil de Gilmar Mendes es tal vez un caso extremo, aunque sea revelador. Como presidente, Fernando Henrique Cardoso defendió a su amigo de acusaciones criminales al promoverlo como ministro antes de elevarlo al STF, y Mendes ahora se vuelve contra Dilma por hacer ella lo mismo con Lula. Al colocarlo en el puesto e intentando evitar llamar la atención, FHC entraba en el edificio sigilosamente por el garaje, encontrando a Mendes en el aparcamiento. Suficientemente militante en relación al PSDB –“demasiado tucán”, considerando que esa ave es el símbolo del partido- incluso para Eliane Catanhêde, una respetable periodista derechista, Mendes generalmente era visto almorzando con prominentes líderes del partido después de haber sido absuelto de las acusaciones y el juez no vaciló en utilizar dinero público para alistar a sus subordinados a partir de una escuela privada de abogacía que él posee, hecho mientras él ya era juez en el mayor tribunal de la nación. Sus ataques contra el PT son constantes.

Sergio Moro, por su parte, es de una generación más joven y es vino de otra cosecha. Estados Unidos, país que él visita con regularidad, es su principal referencia. Un sujeto trabajador y provinciano, considera que nada debe a los sistemas de clientelismo y amiguismo. Pero conviene destacar que, cuando Moro tenía poco más de 30 años, demostró también su indiferencia con los principios básicos de las leyes y de las reglas en un artículo exaltando el ejemplo de los magistrados italianos los años 90, “Consideraciones sobre la Operación ‘Mani Pulite”, en los términos que anticiparían sus procedimientos una década después. Resistiéndose a investigar en la literatura más extensiva sobreTangentopoli, utilizó solamente dos panegíricos hechos por el equipo de Milán y que fueron traducidos al inglés, citados sin cualquier dosis de reflexión crítica, incluso confiando en el testimonio de un jefe de la mafia que vivía con un salario del Estado en cuanto delator, aunque haya sido rechazado por la corte. La presunción de inocencia no podría tenerse por absoluta, tal como él declaró: era sólo un “instrumento pragmático” que podría suprimirse según la voluntad del magistrado. Él celebró las filtraciones selectivas para los media como forma de “presión sobre los acusados”, usados cuando “los fines legítimos no pueden ser alcanzados por otros métodos”.

El peligro de tener una Judicatura actuando en ese espíritu es el mismo en Brasil que el que fue en Italia: una campaña absolutamente necesaria contra la corrupción se vuelve tan contagiada por el desdén por el debido proceso, con una colusión tan inescrupulosa con los media, que en vez de orientar una nueva ética de legalidad, acaba confirmando la duradera falta de respeto social por la ley. Berlusconi y sus herederos son la prueba viva de eso. Sin embargo, la escena en Brasil se diferencia de la situación en Italia por dos aspectos. No hay Berlusconi o Renzi en el horizonte brasileño. Moro, cuya celebridad ahora excede cualquiera de sus modelos italianos, está siendo solicitado, a buen seguro, para suplir el vacío político, si el Lava Jato hace de hecho una limpieza del viejo orden. Pero el mediocre destino de Antonio di Pietro, el más popular de los magistrados de Milán, puede ser leído como un aviso para Moro, por más puritana que sea su apariencia, para evitar la tentación de involucrarse en política. El espacio para un ascenso meteórico también tiende a ser más pequeño, pues hay una diferencia crucial entre las dos cruzadas contra la corrupción. El asalto hecho por laTangentopoli fue dirigido contra los principales partidos del país, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que estuvieron en el poder durante treinta años. El Lava Jato, por su parte, no parece estar enfocado a los partidos tradicionales del poder político en Brasil que, dígase de pasada, están bastante divididos, pero sí a los sistemas que posibilitaron que ellos llegaran allá. En ese punto, parece tener solamente un blanco y, siendo así, parece más manipulador.
Tal manipulación puede ser acentuada en aquello que se considera como la segunda diferencia entre la Italia de los años 90 y el Brasil de hoy. Cuando la Tangentopoli alcanzó al sistema político, los medios de comunicación italianos compusieron un escenario homogéneo. Periódicos independientes pasaron a apoyar a la judicatura de Milán en todo momento. El jefe del conglomerado mediático deOlivetti, De Benedetti, cuyo periódico recibió la mayor parte de las filtraciones, acusó duramente a los demócratas cristianos y socialistas al tiempo que se mantuvo inactivo sobre las implicaciones de otros partidos. El imperio de periódicos y televisión de Berlusconi enalteció e instigó a los magistrados. Y el resultado fue que, con el paso del tiempo, había aún más cuestionamientos sobre las acciones de diferentes esferas de la Judicatura -muchas de ellas bastante valientes, mientras otras eran más dudosas- que en Brasil. Aquí los medios han sido bastante monolíticos y partidarios en su hostilidad anti-PT y nada críticos en cuanto a la estrategia de filtraciones y presiones venidas de Curitiba, de la que la prensa actúa como su portavoz. Brasil posee algunos de los mejores periodistas del mundo, cuyos textos vienen analizando la actual crisis en un nivel intelectual y literario que va más allá de lo que hacen el Guardian o el New York Times. Pero tales voces son sofocadas por un enorme bosque de conformistas que no hacen nada más que hacerse eco de las visiones de patrocinadores y editores.

Comparar la cobertura de los medios sobre cualquier filtración que perjudique al PT con el tratamiento dado a las informaciones o rumores que afectan a la oposición es una forma de medir la extensión de su política de dos pesos y dos medidas. Mientras el Lava Jato se estaba desarrollando, aconteció un vibrante ejemplo. En 1989, en uno de los más famosos momentos decisivos de la historia moderna brasileña, Lula -que en aquella época era visto como un peligroso radical por las elites- estaba cerca de asegurar una victoria en su primera carrera presidencial, cuando días antes de la elección una ex-novia suya apareció en la televisión en nombre de Collor, pagada por el propio hermano de Collor, acusando a Lula de querer que ella abortara de un hijo de ambos. Aquel momento, amplificado hasta el límite por los medios, fue fundamental en su derrota electoral. Dos años después, Cardoso -en la época un prominente senador del PSDB, ya cotizado como futuro candidato a la presidencia- fue conocido en los medios políticos por tener una amante trabajando en la misma red de televisión que perjudicó la campaña de Lula, la TV Globo. Cuando ella tuvo un hijo del ex-senador, salió del país y fue enviada a Portugal. A mediados de 1994, tras haber sido Ministro de la Hacienda, Cardoso estaba disputando la presidencia y el trabajo de ella pasó a ser solamente nominal, aunque la Globo siguiera pagando su salario. Tan pronto como FHC fue elegido, su brazo derecho, el joven Magalhães, le aleccionó para no retornar a Brasil por miedo a que comprometiese su reelección. Cuando la Globo la eliminó de la nómina, un trabajo de ficción fue simulado para ella, haciendo investigaciones de mercado en Europa para una cadena de tiendas duty-free que recibiera del propio FHC derechos monopolísticos en los aeropuertos brasileños. Por medio de esa firma, ella habría lavado cerca de cien mil dólares vía una cuenta bancaria en las Islas Caimán -¿habría sido pensión alimenticia o soborno para quedar callada? La historia salió a la luz en febrero, en medio del huracán de las denuncias sobre las reformas en la casa de campo de Lula. Los medioa hicieron de todo para que eso recibiera la menor cobertura posible. La firma ahora está bajo investigación por transacción delictiva. Cardoso proclama su inocencia. Y nadie espera que él sufra cualquier inconveniente.

¿Eso puede ser generalizado para toda la oposición? Moro lanzó sus escuchas incendiarias el día 16 de marzo. Una semana después, la policía de São Paulo invadió la casa de uno de los ejecutivos de la Odebrecht, la mayor contratista de América Latina, cuyo director recientemente había sido sentenciado con 19 años por un crimen de soborno. En la casa los policías encontraron una lista con 316 políticos con cantidades de dinero asociadas a sus nombres. Estaban incluso figuras tradicionales del PSDB, del PMDB y de otros varios partidos -un verdadero panorama de la clase política brasileña. Objetivamente hablando, esa lista producía mucho más ruido que el de la conversación entre Lula y Dilma. Pero era un ruido menos conveniente: directamente de Curitiba, Moro rápidamente tomó una posición contraria, ordenando que las listas fueran colocadas bajo secreto para impedir cualquier especulación. Aun así, la alarma había sonado: el Lava Jato podría salir de control. Si Dilma tenía que caer, era preciso que lo hiciera antes que las listas de la Odebrecht pudieran amenazar a sus propios acusadores. Pocos días después, el PMDB anunció que abandonaba el gobierno y comenzaría una cuenta de votos a favor del impeachment. Los 3/5 de votos necesarios en la Cámara de los Diputados, algo que parecía muy difícil de alcanzar en el inicio de las discusiones, ahora estaba más cerca de alcanzarse. La opinión pública pasó a darse cuenta de la farsa de un Congreso lleno de ladrones, estando Cunha a su frente, derribando solemnemente a una presidenta por crimen de responsabilidad fiscal.

¿Cuáles son las oportunidades de Dilma de resistirse a ese desenlace y las perspectivas si elimpeachment no acontece? Las esperanzas del Planalto residen en dos contingencias: de que con suficiente apoyo en el Congreso se pueda bloquear el impeachment, ofreciendo más ministerios y cargos para partidos más pequeños que no consiguieran acceso al gobierno antes, mirando con eso revertir la salida del PMDB; y la otra, que con muchas manifestaciones en defensa del gobierno puedan desalentar las grandes manifestaciones hechas a favor del impeachment. Ambos objetivos exigen el retorno de Lula a Brasilia, donde él podría -aunque le sea negado el derecho de ocupar formalmente el ministerio- informalmente cumplir ambas tareas que le fueron atribuidas, o sea, aproximarse a los diputados dudosos para el campo del gobierno y estimular el apoyo popular venido de las calles. Pero el escenario está cambiando y todo eso parece cada vez más distante. Las relaciones entre Lula y Dilma se hicieron frágiles desde que ella optó por la austeridad después de su reelección. Culpándola por la falta de habilidad política y por su rechazo a aceptar consejos, Lula diría, en el ámbito privado, que “ella fue mi Jefe de la Casa Civil y ella aún actúa como tal, y no como una presidenta”, o bien que “ella es como si fuera mi hija, que siempre me dice que me ama, pero nunca presta atención a lo que yo le digo”. Pero es dudoso que hiciera alguna diferencia la flexibilidad táctica, aunque importante, delante de las dificultades enfrentadas por ella. Desde el inicio, su segunda presidencia estaba atrapada en un círculo vicioso de escándalos políticos e indicadores económicos deteriorados, cuya interacción forma un obstáculo nada fácil de superar para recuperar su autoridad. El problema de la Petrobras, con incontables delaciones, viene generando despidos masivos de trabajadores; lo mismo viene ocurriendo con las empresas contratistas, cuyos directores y ejecutivos están en la cárcel. La incertidumbre sobre donde soplará el Lava Jato ha hecho a los inversores más temerosos y dejado el mercado financiero asustado: en noviembre, el jefe del fondo billonario BTG-Pactual, el mayor banco de inversiones del continente, la niña de los ojos del Financial Times y del Economist, fue llevado esposado para la comisaría. En el Congreso, el corte de gastos neoliberal y el aumento tributario propuesto por el gobierno fue derribado por el mismo neoliberal PSDB, buscando crear todo un constreñimiento político: el presupuesto de 2016 ni siquiera fue aprobado. Aunque un hábil trabajo de base hecho en los pasillos del poder pueda conseguir colocar temporalmente el impeachment en jaque, no conseguiría resolver el temible impasse del actual gobierno.

La movilización popular para impedir la salida de Dilma, tal y como está pensada, también tiene problemas. Pero eso está conectado directamente con los legados de los gobiernos del PT. El partido está en una frágil posición para convocar a sus simpatizantes para defenderlo por, por lo menos, tres razones. La primera es simplemente porque si la corrupción hizo que la clase media perdiera la simpatía por el partido de la que antes disfrutó, la austeridad alienó la base de clases populares que había conquistado. Las manifestaciones hechas para impedir el impeachment fueron, hasta ahora, mucho menos impresionantes que aquéllas hechas por los que quieren que ello acontezca. Los manifestantes han sido reclutados principalmente entre trabajadores públicos y sindicatos: los pobres aún no han comparecido en esas manifestaciones. La fuerza rural del Nordeste donde el PT se consolidó está aún socialmente dispersa, mientras las grandes ciudades del Sur y Sudeste son las fortalezas de la nueva derecha en este momento. Hay también la inevitable desmoralización del partido conforme sucesivos escándalos surgen con su nombre, creando un sentido de culpa colectiva difusa, aunque no explícita, pero que debilita cualquier espíritu de lucha. Y en fin, pero fundamentalmente, en la época que Lula llegó al poder, el partido se hizo una máquina electoral, financiada principalmente por donaciones de grandes corporaciones, en vez de -como era en su inicio- por las donaciones de miembros y simpatizantes, que se adherían pasivamente a su líder, sin ninguna voluntad de construir una acción colectiva con los electores. La movilización activa que hizo al PT ser una fuerza en las regiones urbanas e industriales de Brasil se convirtió en un recuerdo lejano conforme el partido pasó a ganar fuerza en regiones sin industrias, enraizadas en una tradición de sumisión a la autoridad y miedo al desorden. Eso fue una cultura política entendida por Lula y él no hizo ninguna tentativa seria de darle fin. Según su propia visión, él consideraba que cambiar eso tendría un coste potencial demasiado alto. Para ayudar a las masas él buscó armonía con las élites, para las que cualquier polarización fuerte era un tabú. En 2002 él finalmente ganó la presidencia, en su cuarta tentativa, con un slogan de “paz y amor”. En 2016, delante de un linchamiento político, aún siguió utilizando esas palabras ante una multitud que esperaba algo más combativo.

Tal desajuste entre ir al ataque y el discurso de la responsabilidad es una marca común de un modelo que, desde el cambio de siglo, viene distinguiendo la política de Brasil en relación a América Latina. El país no es el único que vio un conflicto de clases convertirse en una crisis. Pero en ningún lugar eso fue tan sesgado como en Brasil. Aun cuando Lula estaba en el auge de su prestigio mientras estaba en la presidencia, siempre hubo una asimetría entre las políticas moderadas y acomodaticias del PT y la hostilidad de una clase media enragée y de los medios contra él. En los últimos dieciocho meses, esa expresión de abominación unilateral se hizo aún más violenta. Un concejal [Roberval Fraiz, de Araraquara] del PMDB en el interior de São Paulo manifestó públicamente que a Lula habría que matarlo como a una cobra, pisando su cabeza. En el Rio Grande do Sul, en el Sur del país, una pediatra se negó a atender a un niño de un año porque la madre era una ’petista’, y fue absuelta de infracción ética por el Consejo Regional de Medicina y por la Asociación de Médicos. El juez del Tribunal Supremo, Teori Zavascki, responsable de haber reprendido a Moro, fue agasajado con una serie de franjas y carteles que lo llamaban “traidor” y “granuja del PT”, mientras los manifestantes cantaban su canción símbolo que dice que el “capitalismo vino para quedarse”. Conforme se aproxima el Día D del impeachment, los militantes fanáticos vienen recibiendo direcciones de diputados indecisos alrededor del país e intimidándolos, acampando frente a sus casas. Siendo escrupuloso, debe decirse que el mercado de acciones viene manteniendo el ritmo: subió cuando Lula fue detenido, cayó cuando fue hecho ministro y subió nuevamente cuando se impidió que tomara posesión.

Un golpe teatral (un coup de théâtre) aún es posible, con un giro de los acontecimientos salvando a Dilma en el último minuto, aunque no parezca que eso vaya a acontecer. Lo más probable es que se forme un régimen liderado por el vicepresidente que la abandonó, el veterano macabro del PMDB -comparado con el mayordomo de una película de terror- Michel Temer. De voz suave y ceremoniosa, preparó el camino algunos meses atrás, elaborando un programa para dejar claro que el país estaría seguro cuando él asumiera el cargo. Su paquete de medidas consiste en un plan de estabilización convencional, agilizando privatizaciones, reforma de la sanidad y aboliendo los gastos constitucionalmente obligatorios en salud y educación, acompañados de promesas de cuidar de los menos afortunados. Si Dilma es víctima del impeachment, teniendo una mayoría de 3/5 del Congreso apoyándole, Temer no tendría ningún problema en formar un gobierno de coalición junto con PMDB, PSDB y una gran cantidad de partidos diminutos, colocando a unos pocos tecnócratas en ministerios centrales. Ya que tal combinación podría pasar una serie de leyes, que Dilma no puede, garantizaría el retorno de la confianza del mercado, y eso ciertamente traería mejorías a los indicadores económicos hechos por los mercados financieros, sin importar cuánto costase a los pobres. Pero, dada la coyuntura global adversa y la tozuda baja tasa de inversiones que persiste en Brasil desde el fin de la dctadura, es difícil ver cualquier alivio para el país en un horizonte futuro.

Políticamente tampoco la estabilidad estaría garantizada. Una cuestión obvia que surge es si el choque del impeachment sofocará lo que queda del espíritu de lucha de quienes apoyan a Dilma, o al contrario, que eso provoque una resistencia aún más feroz contra las élites del país. Ninguna alternativa pondría las cosas fáciles a los vencedores -si consiguen el impeachment de la presidenta. Un juez del Tribunal Supremo Federal ordenó que Cunha también sometiese a votación elimpeachment de Temer, usando la misma referencia legal del de Dilma, ya que cuando ella estaba fuera del país, él también firmó los decretos de responsabilidad fiscal que son atribuidos a ella -algo que cogería desprevenidos a quienes quieren derribarla y esperan instalar a Temer como presidente rápidamente. Si ese ataque fuese evitado, otro curioso problema se avecina. Aún está pendiente en el Tribunal Supremo Electoral una acusación de que en la campaña de 2014 Dilma y Temer violaron la normativa electoral; una acusación presentada por el PSDB cuando aún esperaba forzar una situación de nuevas elecciones. Si va adelante, la acción derribaría a ambos. El proceso no puede ser retirado y sería un problema si el ), en esas circunstancias,de Dilma se concretara y Temer tomara el poder. Pero cuando Gilmar Mendes se convierta en presidente del Supremo en mayo, la Justicia brasileña probablemente superará esa cuestión sin dificultad. Pero, claro, un interrogante mayor surge sobre cuál sería el impacto subsiguiente que el Lava Jato podría tener sobre los diputados pro-impeachment. Acelerar este procedimiento sirvió para desviar la mirada de la opinión pública de la lista de la Odebrecht. ¿Pero esas listas pueden ser borradas de la conciencia de la población después delimpeachment? Dentro de sus filas, toda la clase política está en riesgo. ¿La Justicia brasileña también podría minimizar esa dificultad por el interés, digamos, de una reconciliación nacional?

Que el Partido de los Trabajadores se uniese, por una transformación ocurrida internamente, a las deformadas filas del resto de la fauna política brasileña -PMDB, PSDB, PP y el resto de la gentuza- no se puede negar. Hasta ahora, dos presidentes del partido, dos tesoreros, un presidente y un vicepresidente de la Cámara de los Diputados y el líder del partido en el Senado fueron todos detenidos, hundidos en el barro de la corrupción que desconoce fronteras políticas. De forma emblemática, el último de los notables y con la más grande delación, el senador Delcidio del Amaral, era un refugiado del PSDB, un importante engranaje del partido de FHC en las operaciones de Petrobras. Más de la mitad del Congreso está en la nómina de los contratistas, cuyas donaciones financian sus campañas electorales. La degradación del sistema político se hizo tan evidente que en el otoño pasado el STF -que está lejos de ser algún tipo de areópago de la integridad e imparcialidad- finalmente decidió que la financiación privada de las campañas era materia inconstitucional y prohibió a las empresas donar para las campañas. El Congreso inmediatamente reaccionó con enmiendas constitucionales para permitir las donaciones, pero el asunto sigue congelado en la Cámara. Si se confirma la decisión del Supremo sin ser regateada, la decisión permitirá una especie de revolución en el funcionamiento de la democracia brasileña: sería la única cosa inequívocamente positiva en medio a toda esta crisis.

El PT creyó, durante determinado tiempo, que podría valerse del orden institucional brasileño para beneficiar a los pobres sin perjudicar los ricos e incluso contar con su ayuda. Y de hecho hubo beneficios para los pobres, tal como se propusieron. Pero una vez aceptado el precio de entrar en un sistema político moribundo, la puerta para volver atrás se cerró. El propio partido pasó a debilitarse, haciéndose un enclave del Estado, sin ninguna autocrítica ni dirección estratégica, tan ciego que llegó a mandar al ostracismo a André Singer, su mejor pensador, para colocar una mezcla de vendedores y relaciones públicas, haciéndose tan insensibles que pasaron a concebir el lucro, sin importar de dónde viniera, como condición para el poder político. Sus conquistas aún permanecerán. Pero que el partido vaya a tener el mismo destino es una cuestión abierta. En América del Sur, un ciclo está llegando a su fin. Durante una década y media, sin la presión directa de Estados Unidos, fortalecidos por el boom de las materias primas, y amparándose en grandes reservas de tradición popular, el continente fue la única parte del mundo en que movimientos sociales rebeldes coexistieron con gobiernos heterodoxos. En el despertar de 2008, hay ahora cada vez más de esos movimientos. Pero no hay ninguno de esos gobiernos. Una excepción global está llegando a su fin y sin ninguna señal de cambio positivo en el horizonte.

Perry Anderson es autor de una larga serie de artículos y obras relacionadas con la historia, la política, la cultura y el marxismo en general. Ha sido editor de la New Left Review, la principal revista de izquierda del mundo anglófono, de cuyo Comité Editorial sigue formando parte.

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PORTUGUÊS

A CRISE NO BRASIL

Por Perry Anderson

Os países dos BRICS estão em apuros. Por um tempo eles foram os dínamos do crescimento global enquanto o Ocidente estava envolto na pior crise financeira e recessão econômica desde a Grande Depressão, mas agora eles se tornaram a principal fonte de preocupação nos quartéis-generais do FMI e do Banco Mundial. A China, acima de todos eles, por causa do seu peso na economia global: produção desacelerada e um Himalaya de dívidas. A Rússia: sitiada, com a queda dos preços do petróleo e as sanções tirando seu quinhão. A Índia: segurando melhor as pontas, mas com preocupantes revisões estatísticas. A África do Sul: em queda livre. As tensões políticas emergem em cada um deles: Xi e Putin respondem às tensões com força bruta, enquanto Modi vai se afundando nas pesquisas e Zuma é jogado na lama junto com seu próprio partido. Todavia, em nenhum outro lugar as crises política e econômica se fundiram de forma tão explosiva quanto no Brasil, cujas ruas no último ano viram mais manifestantes do que o resto do mundo combinado.

Escolhida por Lula para a sucessão, Dilma Rousseff, a ex-guerrilheira que se tornou chefe de Estado, venceu a disputa presidencial em 2010 com uma maioria esmagadora de votos. Quatro anos depois ela foi reeleita, mas dessa vez com uma margem muito menor de votos, uma vantagem de 3% sobre o seu oponente, Aécio Neves, governador de Minas Gerais, num pleito marcado por uma polarização regional nunca antes vista, com um Sul-Sudeste industrializado voltando-se contra ela e com um Nordeste lhe dando uma vantagem ainda maior do que em 2010, com 72%. Mas, ainda assim, foi uma vitória definitiva, comparável à de Mitterrand sobre Giscard, e maior, para não dizer também mais limpa, do que a de Kennedy sobre Nixon. Em janeiro de 2015, Dilma – e nesse ponto vamos abandonar os sobrenomes, como os brasileiros costumam fazer – começou sua segunda presidência.

Em três meses, grandes manifestações lotaram as ruas das principais cidades do país, com cerca de pelo menos dois milhões de pessoas que exigiam sua saída. No Congresso, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Neves e seus aliados, encorajados pelo fato de que as pesquisas mostravam a queda vertiginosa na popularidade de Dilma, se movimentaram para conseguir seu impeachment. No dia Primeiro de Maio, ela não conseguiu nem mesmo dar seu discurso tradicional transmitido pela televisão a todo o país. Anteriormente, quando seu discurso no dia Internacional da Mulher foi transmitido, as pessoas começaram a bater suas panelas e fazer buzinaços, numa forma de protesto que ficou conhecida como panelaço. Da noite para o dia, o Partido dos Trabalhadores (PT), que desfrutara do mais longo e maior índice de aprovação do Brasil, tornou-se o partido mais impopular do país. Confidencialmente, Lula teria lamentado: ‘Nós vencemos a eleição. No dia seguinte, nós a perdemos’. Muitos militantes se questionaram se o partido iria sobreviver a tudo isso.

Como a situação chegou a esse ponto? No último ano do governo Lula, quando a economia global estava ainda se recuperando da primeira onda do crash financeiro de 2008, a economia brasileira cresceu 7,5%. Ao assumir o governo, Dilma instituiu uma política de controle contra o superaquecimento da economia, o que deixou satisfeita a imprensa financista, naquilo que parecia ser uma política semelhante a que Lula teve durante o início de seu primeiro mandato. Mas tão logo o crescimento experimentou uma queda vertiginosa e as finanças globais pareceram sombrias novamente, o governo mudou seu prumo, criando um pacote de medidas que visavam priorizar os investimentos em desenvolvimentos subsidiados. As taxas de juros foram reduzidas, as dívidas trabalhistas foram abatidas, os custos da energia elétrica foram reduzidos, a moeda se desvalorizou e foi imposto um limitado controle sobre o movimento do capital.[1] No embalo de todo esse estímulo, durante a primeira metade de sua presidência, Dilma desfrutou de um índice de aprovação de 75%.

Mas, ao invés de decolar, a economia desacelerou de um crescimento medíocre de 2,72% em 2011 para mero 1% em 2012. Além disso, com uma inflação que já ultrapassava os 6%, em abril de 2013 o Banco Central aumentou os juros de forma abrupta, minando assim a base da “nova matriz econômica” de Guido Mantega, o ministro da Fazenda. Dois meses depois, o país foi acometido por uma onda de protestos de massas cuja origem estava nas passagens de ônibus em São Paulo e no Rio, mas que rapidamente aumentaram sua dimensão tornando-se expressões generalizadas de descontentamento com os serviços públicos e, estimulados pela mídia, também de hostilidade contra um Estado incompetente. Rapidamente a aprovação do governo caiu para a metade. Em resposta, ele bateu em retirada, dando início a reduções caucionárias nos gastos públicos e permitindo que os juros aumentassem novamente. O crescimento caiu ainda mais – ele seria praticamente zero em 2014 – mas o desemprego e os salários permaneceram estáveis. No fim de seu primeiro mandato, Dilma liderou uma desafiadora campanha para reeleição ao assegurar a seus eleitores que ela continuaria priorizando as melhorias nas condições de vida dos trabalhadores, assim como atacando o seu oponente do PSDB por planejar reverter os acúmulos sociais feitos pelo PT, cortando benefícios e atingindo assim os mais pobres. Apesar do contínuo ataque ideológico sofrido contra ela pela imprensa, ela conseguiu chegar à vitória.

Antes mesmo de seu segundo mandato começar formalmente, Dilma mudou o seu rumo. Ela rapidamente passou a defender que um pouco de austeridade se fazia necessária. O arquiteto da nova matriz econômica foi então dispensado do ministério da Fazenda e quem assumiu foi alguém orientado em Chicago, o diretor da gestão de ativos do segundo maior banco privado do Brasil, assumindo um mandato que deveria reduzir a inflação e restaurar a confiança. Os imperativos tornaram-se o corte nos gastos sociais, reduzir o crédito dos bancos públicos, leiloar propriedades do Estado e aumentar taxas para trazer o orçamento de volta a uma situação de superávit primário. Rapidamente o Banco Central aumentou sua taxa de juros para 14,25%. E já que a economia se encontrava estagnada, o efeito desse pacote pró-cíclico foi de mergulhar o país numa recessão generalizada – queda nos investimentos, salários diminuindo e o desemprego dobrando. Enquanto o PIB contraía, as receitas fiscais diminuíam, piorando ainda mais o quadro de déficit e dívida pública. Nenhum índice de aprovação do governo poderia ter aguentado a rapidez de tal deterioração econômica. Mas a crise da popularidade de Dilma não foi resultado apenas de um resultado previsível sobre o impacto da recessão nas condições de vida do povo. Ela também foi, ainda que seja mais dolorido admiti-lo, o preço a ser pago por ela ter abdicado das promessas pelas quais ela foi eleita. De forma generalizada, a reação de seus eleitores foi de que sua vitória poderia ser qualificada como ‘estelionato’, ou seja: ela enganou seus apoiadores ao cumprir o programa dos seus adversários de campanha. E isso não gerou apenas desilusão, mas também raiva.

Ainda que ocultas, as raízes dessa debacle vingaram justamente no solo do próprio modelo petista de crescimento. Inicialmente poderia se dizer que seu sucesso dependia de dois tipos de nutrientes: um superciclo de aumento nos preços das commodities e um boom do consumo doméstico. Entre 2005 a 2011, os ganhos comerciais do Brasil aumentaram para mais de um terço, pois a demanda por matéria-prima da China e de outras partes do mundo aumentou o valor das suas principais exportações, assim como o volume de retorno fiscal para gastos sociais. No final do segundo mandato de Lula, a fatia correspondente da exportação de bens primários dentre as exportações brasileiras subiu de 28 para 41%, no que o espaço dos bens manufaturados caiu de 55 para 44%; no final do primeiro mandato de Dilma, as matérias-primas eram responsáveis por mais da metade do valor das exportações. Mas de 2011 em diante, os preços das principais mercadorias comercializadas pelo país entraram em colapso: o minério de ferro caiu de 180 dólares para 55 dólares a tonelada, a soja caiu de aproximadamente 40 dólares a saca para 18 dólares, o petróleo cru despencou de 140 dólares para 50 dólares o barril. E reagindo ao fim da bonança do comércio exterior, o consumo doméstico também entrou em declínio. Durante seu governo, a principal estratégia do PT foi expandir a demanda interna ao aumentar o poder de compra das classes populares. E isso foi possível não apenas com o aumento do salário mínimo e com transferências de renda para os pobres – o ‘Bolsa Família’ – mas também por uma massiva injeção de crédito aos consumidores. Durante a década de 2005 a 2015, o total de débitos controlados pelo setor privado aumentou de 43% para 93% do PIB, com empréstimos aos consumidores atingindo o dobro do nível dos países vizinhos. Quando Dilma foi reeleita, em 2014, os pagamentos de juros no crédito mobiliário estavam absorvendo mais de 1/5 da renda média disponível dos brasileiros. Junto com a exaustão do boom das commodities, a época de gastança também não era mais viável. Os dois principais motores do crescimento tinham estagnado.

Em 2011, o alvo da nova matriz econômica de Mantega foi estimular a economia a partir de um aumento nos investimentos. Mas os meios para fazê-lo tinham diminuído. Desde 2006, os bancos estatais passaram a aumentar gradualmente sua quantidade de empréstimos, indo de um terço para metade de todo crédito – o portfólio do banco de desenvolvimento do governo, o BNDES, chegou a aumentar em sete vezes seu valor desde 2007. Ao ofertar taxas preferenciais de juros para as grandes companhias num valor muito mais alto do que os outros subsídios para as famílias pobres, a ‘Bolsa Empresarial’ passou a custar ao tesouro nacional o dobro do que custava a ‘Bolsa Família’.Favorável ao agronegócio e às construtoras, essa expansão direta dos financiamentos públicos foi um anátema pelo qual a classe média urbana passou a aderir a um movimento cada vez mais violento anti-PT, com a mídia nacional – amplificada pela imprensa financista de Nova York e Londres – fazendo vitupérios sobre os perigos do estatismo. Assim, ao mudar de direção, Mantega esperava impulsionar os investimentos do setor privado com concessões tributárias e juros mais baixos, mas isso impactou na redução dos investimentos nas estruturas públicas do país, assim como pela desvalorização do Real que ajudou nas exportações manufatureiras. Mas todos esses agrados à indústria brasileira foram em vão. Estruturalmente, as finanças são uma força muito maior no país. A capitalização combinada dos dois maiores bancos privados do Brasil, Itaú e Bradesco, é hoje duas vezes maior do que da Petrobrás e da Vale, as duas principais empresas extrativas do país, e com finanças muito mais saudáveis. As fortunas desses e de outros bancos foram concebidas de acordo com o maior sistema de juros de longo prazo do mundo – um horror para os investidores, mas verdadeiro maná para os rentistas – e com um abissal spreadbancário, com mutuários pagando de cinco a vinte vezes mais pelos seus empréstimos. Além disso, somando-se a esse quadro, há também o sexto maior bloco de fundos de pensão do mundo, sem falar no maior banco de investimento da América Latina, uma verdadeira constelação de fundos de cobertura e de private equity.

Na esperança de que isso trouxesse o setor industrial para o seu lado, o governo confrontou os bancos ao força-los a aceitarem a recuarem o patamar sem precedentes de 2% dos juros no final de 2012. Em São Paulo, a Federação das Indústrias (FIESP) brevemente expressou satisfação perante a medida, para logo depois pendurar bandeiras em apoio aos manifestantes anti-estatistas de Junho de 2013. Os industrialistas ficaram felizes em colher os frutos de altos rendimentos durante o período de crescimento elevado do governo Lula, no qual virtualmente cada grupo social viu sua posição melhorar. Mas quando isso terminou durante o governo Dilma e as greves recomeçaram, eles não tiveram qualquer compaixão por quem lhes favorecera anteriormente. E não apenas as grandes empresas, assim como suas parceiras do Norte global, se encontravam cada vez mais em holdingsfinanceiros que eram afetados negativamente por conta das políticas rentistas – e por essa razão, não poderiam dar às costas totalmente aos bancos e fundos de investimento –, mas o próprio grupo social a que pertenciam a maior parte dos empresários era formado por uma alta classe média que tornara-se mais numerosa, vocal e politizada do que os antigos grupos de empresários, manifestando assim maior capacidade de comunicação e coesão ideológica perante a sociedade em geral. A furiosa hostilidade desse estrato para com o PT foi inevitavelmente seguida também pelos industrialistas. Tanto os banqueiros do andar de cima e os profissionais do andar de baixo, ambos estavam comprometidos a derrubar um regime que agora viam como ameaça aos seus interesses comuns, o que significou que os empresários tinham cada vez menos autonomia.

Contra essa frente, que tipo de apoio o PT poderia esperar? Os sindicatos, ainda que mais ativos no governo Dilma, eram apenas uma sombra do seu antigo passado. Os pobres seguiram sendo beneficiários passivos do governo petista, que nunca se dispôs a educa-los ou organizá-los, quanto muito mobilizá-los em torno de uma força coletiva. Movimentos sociais – dos sem-terra e dos sem-teto – foram mantidos distantes do governo. Intelectuais acabaram sendo marginalizados. Mas não houve apenas uma ausência de potencialização política das energias vindas dos subalternos. Também não existiu uma verdadeira política de redistribuição de riqueza ou de renda: a infame estrutura tributária regressiva legada de Fernando Henrique Cardoso para Lula, que penalizava os pobres e deixava os ricos intocados, foi mantida. Houve, de fato, alguma distribuição que acabou melhorando consideravelmente as condições de vida dos mais miseráveis, mas isso foi feito de forma ainda individualizada. Com o ‘Bolsa Família’ tomando forma de recompensa para mães de filhos em idade escolar, isso era um resultado esperado. Aumentos no salário mínimo significaram também um aumento no número de trabalhadores com ‘carteira assinada’, o que lhes garantiria acesso aos direitos formais do emprego; mas não houve aumento, e pode ter havido até mesmo uma queda, na sindicalização. Acima de tudo, com a chegada do ‘crédito consignado’ – os empréstimos bancários com juros altos deduzidos diretamente dos salários – o consumo privado cresceu sem amarras e às custas dos gastos com serviços públicos, cujas melhorias teriam sido uma forma mais cara de estimular a economia. A compra de eletrônicos, bens de consumo e veículos foram estimuladas (a compra de automóveis recebeu incentivos fiscais), enquanto o suprimento de água, pavimentação, ônibus eficientes, saneamento básico aceitável, escolas decentes e hospitais públicos foram negligenciados. Os bens coletivos não tinham prioridade nem ideológica e nem prática. Logo, junto com a tão necessária melhoria nas condições de vida doméstica, o consumismo em sua forma mais deteriorada se espalhou nas camadas populares através de uma hierarquia social em que a classe média se deslumbrava, ainda que por padrões internacionais, com revistas e shopping centers.

O quão prejudicial isso foi para o PT pode ser observado através da questão da moradia, onde necessidades individuais e coletivas mais visivelmente se intersectam. Nela, a bolha de consumo se transformou cada vez mais numa dramática bolha imobiliária, na qual vastas fortunas foram feitas por empreiteiros e empresas de construção enquanto o preço dos imóveis disparou para a maioria das pessoas que viviam nas grandes cidades e cerca de um décimo da população não tinham acesso a moradias adequadas. Entre 2005 a 2014, o crédito para a especulação imobiliária e construção civil aumentou vinte vezes; em São Paulo e no Rio de Janeiro os preços por metro quadrado quadruplicaram. Somente no ano de 2010, os aluguéis em São Paulo aumentaram 146%. E nesse mesmo período, havia cerca de 6 milhões de apartamentos desocupados, com sete milhões de famílias sem teto. E ao invés de aumentar a oferta de casas populares, o governo financiou construtoras privadas para construírem condomínios mediante um belíssimo lucro em áreas periféricas, cobrando aluguéis mais caros do que aqueles que os mais pobres poderiam pagar, ao mesmo tempo que ele apoiava as autoridades locais e os despejos feitos em ocupações. Diante de tudo isso, os movimentos sociais ganharam fôlego com os sem-teto e agora são uma das principais forças do Brasil: esses movimentos não estão dentro, mas sim contra o PT.

Sem contar com uma força-tarefa popular capaz de lidar com a pressão das elites do país, Dilma sem dúvida torceu para que, após sua apertada reeleição, ao bater em retirada economicamente, com uma política inicial de apertar os cintos semelhante a que Lula fez nos seus primeiros anos no poder, ela poderia então reproduzir o mesmo tipo de virada de mesa. Mas as condições externas impediram qualquer comparação possível. A dança dos commodities já se foi e uma recuperação, seja lá quando vier, parece não ter sustentação. Pode se argumentar, observando esse contexto, que a extensão das atuais dificuldades não deve ser exagerada. O país está passando por uma severa recessão, com o PIB caindo 3,7% no último ano e provavelmente a mesma coisa acontecerá esse ano. Por outro lado, o desemprego ainda está longe de atingir os níveis da França, o que dirá da Espanha. A inflação é ainda mais baixa do que os anos de FHC e o país possui mais reservas. O déficit público é metade do déficit da Itália, ainda que com os juros brasileiros o custo de reduzi-la seja bem maior. O déficit fiscal ainda está abaixo da média dos Estados Unidos. Tudo isso tende a piorar. Todavia, a atual profundidade do abismo econômico não encontra respaldo no volume do clamor ideológico que existe sobre ele: a oposição militante e a fixação neoliberal possuem interesses em aumentar o grau de martírio do país. Mas isso, por sua vez, não reduz a escala da crise a qual o PT está agora envolto, que não é apenas econômica, mas também política.

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Pode-se dizer que as origens desse dilema residem na estrutura da Constituição Brasileira. Em praticamente quase todos os países da América Latina, presidências inspiradas pelo modelo estadunidense coexistem com parlamentos aos moldes europeus: ou seja, Executivos superpoderosos de um lado e, do outro, Legislativos eleitos por um sistema proporcional de representação – e não no modelo distorcido de past-the-post, tal qual nos sistemas anglo-saxões. O resultado típico desse modelo, ainda que não seja invariável, é uma presidência com enormes poderes administrativos cuja fraqueza reside no fato de que nenhum partido consegue ter uma maioria parlamentar com poder significativo. Todavia, em nenhum lugar o Executivo se separou tanto do Legislativo como no Brasil. Isso é porque, acima de tudo, o país possui o mais frágil sistema partidário do continente. No Brasil, a representação proporcional toma forma de um sistema de lista aberta na qual os eleitores podem escolher qualquer candidato dentro de um enorme número de indivíduos que nominalmente estão dentro da mesma disputa, em legislaturas que geralmente recebem cerca de pouco mais que dois milhões de votos. As consequências dessa configuração são duais. Na maioria dos casos, eleitores escolhem um político que eles conhecem – ou acham que conhecem – ao invés de escolherem um partido do qual eles pouco ou nada sabem, enquanto os políticos, por sua vez, precisam obter uma grande quantia de dinheiro para financiar suas campanhas e garantir que os eleitores se identifiquem com eles. A grande maioria dos partidos, cujos números aumentam a cada eleição (atualmente há 28 partidos com representação no Congresso), não possuem qualquer coerência política, o que dirá disciplina política. O seu propósito é simplesmente assegurar favores dos chefes do Executivo diretamente para os seus bolsos e, claro, dar algum retorno para assegurar a reeleição de seus correligionários, oferecendo aos governos votos favoráveis nas diferentes câmaras.

Quando o Brasil emergiu após duas décadas de Ditadura Militar em meados dos anos 1980, esse sistema foi criado por uma classe política que se moldara sobre ela. Objetivamente, a sua função era (e ainda é) neutralizar a possibilidade de que a democracia levasse à formação de algum tipo de vontade popular que ameaçasse a grandeza da desigualdade brasileira, ao anestesiar as preferências eleitorais num miasma de disputas subpolíticas por vantagens venais. Cabe ressaltar que o que acentua os problemas desse sistema é também sua massiva desproporção geográfica. Todo os sistemas federais exigem algum tipo de equalização dos pesos de cada região, geralmente envolvendo uma sobrerepresentação das áreas menores e rurais numa câmara mais alta, às custas das áreas maiores e mais urbanizadas, tal como o Senado dos EUA. Contudo, poucos países chegam perto do grau de distorção criado pelos engenheiros do sistema brasileiro, no qual a proporção dessa sobrerepresentação entre os pequenos e maiores Estados atinge uma proporção de 88 para 1 (nos EUA ela fica em torno de 65 para 1). E o problema não é apenas o fato de que as três mais pobres e atrasadas regiões controlam 3/4 dos assentos do Senado e contam com cerca de 2/5 da população (assombradas, na maior parte, pelos mais tradicionais ‘caciques’ que dominam as clientelas mais submissas). Mas de forma única, eles também comandam a Câmara dos Deputados. Ou seja, ao invés de corrigir esse problema conservador do sistema, a democratização o aumentou, criando inclusive novos estados com população pequena, desequilibrando ainda mais o cenário.

Nesse cenário, ao contrário de outros países da América Latina que emergiram do domínio dos militares nos anos 1980, nenhum partido político significativo do período anterior à ditadura sobreviveu. Na verdade, o palco foi inicialmente ocupado por duas forças derivadas das invenções dos generais: o partido da oposição permitida, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e seu partido de situação, a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) – ridicularizados por serem vistos como os partidos do ‘sim’ e do ‘sim senhor’. O primeiro posteriormente renomeou-se como Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e boa parte do segundo se transformou em Partido da Frente Liberal (PFL). Com a saída dos militares, o primeiro governo estável de fato só aconteceu com a presidência de Fernando Henrique Cardoso, em 1994, nascida de um pacto de uma dissidência do PMDB que ele ajudara a criar, nominalmente social-democrática, mas na realidade social-liberal (o PSDB), cujo eleitorado se concentrava nas regiões Sul e Sudeste. Ao lado do PSDB estava o nominalmente liberal, mas na realidade conservador PFL, cuja base se encontrava nas regiões Norte e Nordeste. Esse foi um pacto entre os oponentes moderados e os tradicionais ornamentos da Ditadura e conseguiu construir uma grande maioria no Congresso, agindo a serviço daquele que se tornaria o principal programa neoliberal do país, afinado com o Consenso de Washington. Enquanto candidato presidencial, Cardoso – tomado pelo grande capital como uma garantia contra radicalizações – recebeu enormes quantias de dinheiro: os ricos sabem reconhecer seus amigos. O custo relativo de suas campanhas, num país mais pobre, foi maior até mesmo que os gastos das campanhas de Clinton no mesmo período. Concorrendo contra ele estava Lula, diante de uma montanha de dinheiro que financiava a campanha de Cardoso. Mas assim que assumiu o cargo, FHC geralmente não precisou de dinheiro para comprar o apoio do Congresso – embora exista pelo menos uma notável exceção nessa afirmativa – pois sua coalizão com os clãs das oligarquias do Nordeste, ainda que sujeitas às suas disputas regionais, não era meramente oportunista, mas sim baseada numa parceria natural para objetivos comuns. O acordo foi estável e, nos anos recentes, foi muito elogiado por admiradores de Cardoso no Brasil e nos países anglófonos, considerado um modelo de ‘presidencialismo de coalizão’, tomado inclusive como um exemplo esperançoso para o resto do mundo, em lugares onde os modelos de governo europeu ou americano raramente conseguem vingar.

Ainda assim, os cofres das campanhas de FHC estavam ‘limpos’ no sentido dos financiamentos americanos, onde os Super PACs compram votos, e sua coalizão era ideologicamente sólida, já que uma vez eleito, nem seus objetivos e tampouco os de seus aliados poderiam ser atingidos por outros meios. Tanto seu vice-presidente, Marco Maciel, assim como seu mais poderoso aliado no Congresso, Antônio Carlos Magalhães, eram verdadeiros eixos da política repressiva no Nordeste – ambos instalados pela Ditadura como governadores, o primeiro em Pernambuco e o segundo na Bahia, algo feito tão logo eles apoiaram a derrubada do regime democrático em 1964 – e sem nenhuma intenção de alterar esses métodos tradicionais. ACM, como gostava de ser chamado, bravateava: ‘Eu ganho eleições com um saco de dinheiro na mão e um chicote na outra’. Seu filho, Luís Eduardo, era o político favorito de Cardoso no Congresso, o delfim apontado para sucedê-lo e assim seria se não tivesse morrido precocemente. O próprio FHC, que por um bom tempo sustentou que a reforma do sistema partidário era uma prioridade para o Brasil e prometeu entrega-la, mudou de ideia tão logo chegou no Palácio do Planalto, afirmando que a maior prioridade era revisar a Constituição para que ele próprio pudesse ser reeleito para um segundo mandato. Abandonando qualquer tentativa de racionalizar ou democratizar a ordem política, ele presidiu – e para isso, sim, foi necessário – uma campanha direta de subornos a deputados para comprar uma super-maioria no Congresso requerida para passar a emenda da reeleição.

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Quando Lula foi finalmente eleito em 2002, o PT estava numa posição diferente. Assim que ele passou a reassegurar que não atacaria bancos e empresas, e tão logo pareceu que sua vitória era certa, essas companhias passaram a financiá-lo, ainda que numa escala menor do que a de seu predecessor. Mas dentro do Congresso ele não possuía aliados naturais que tivessem muita expressão. O PT, apesar de toda a moderação da campanha de Lula na presidência, era visto – e ainda é – como um partido radical, posicionado à esquerda do verdadeiro pântano que domina o Legislativo. Lá, ele nunca conseguiu mais do que 1/5 dos deputados, somando uma votação três vezes menor do que a do próprio Lula. Como garantir algum tipo de maioria funcional para apoiá-lo em meio a esse verdadeiro marais? O método tradicional, concretizado numa escala heroica durante a primeira presidência civil após a Ditadura – a de José Sarney, outro antigo lacaio dos generais –, era o de comprar apoios distribuindo ministérios e cargos de confiança para aqueles que tivessem interesse e pudessem trazer consigo a maior quantidade de votos. Inicialmente isso ocorreu dentro das facções de seu próprio partido, o PMDB, a maior e mais fisiológica entidade política do país e que, uma década depois, tornara-se a fossa na qual desaguavam todas os riachos da corrupção política. O caminho clássico para o PT era então fazer acordos com essa criatura, alocando para eles uma boa parte de seus ministérios e agências estatais. Todavia, essa solução fora rejeitada pelo partido – há uma disputa sobre quem, dentro da cúpula, estava a favor e quem estava contra – pois havia receio de que as consequências seriam criar um peso-morto ideológico dentro do governo que poderia neutralizar o momentum progressista que se criara. Ao invés disso, a decisão foi de costurar um grupo de apoiadores de uma densa camada de partidos pequenos, sem conceder assim muito terreno para um deles em específico, mas pagando-os com dinheiro em troca de apoio na câmara num esquema de propina. De fato, o PT tentou compensar a falta de parceiros naturais (algo que FHC não teve que lidar) e sua recusa em retomar o sistema concebido por Sarney, criando assim um sistema de estímulos materiais para cooperações dentro do Congresso e por uma moeda de troca mais barata: ou seja, usando de mesadas para não usar de lugares específicos dentro do governo.

Quando esse esquema veio à tona em 2005, o chamado escândalo do ‘Mensalão’ (ou seja, de pagamentos mensais aos deputados) fez com que Lula perdesse o apoio do eleitorado de classe média e por muito pouco não terminou precocemente com sua primeira presidência. Tão logo ele sobrevivera e fora triunfantemente reeleito no ano seguinte, o PT não teve outra escolha senão recuar e aceitar a solução que tanto temia em abraçar: o PMDB então entrou no bloco do governo, garantindo assim alguns importantes ministérios e postos centrais no Congresso, e assim permaneceu até o primeiro mandato de Dilma e no primeiro ano do segundo mandato. Contudo, isso não significa que a corrupção tenha diminuído e sim que ela aumentou drasticamente. Isso não apenas porque o PMDB era o campeão do saque dos recursos públicos em âmbitos municipais e estaduais (por décadas o partido inclusive abandonara as disputas presidenciais), mas também porque um gigantesco pote de mel, maior do que tudo que se podia imaginar, estava se concretizando com a expansão da Petrobrás, a empresa de petróleo estatal cujas atividades equivalem a 10% do PIB nacional; nesse momento, uma capitalização a tornaria a quarta mais valiosa empresa do mundo. A construção de novas refinarias, petrolíferas, poços, plataformas, complexos petroquímicos oferecia vastas oportunidades para retribuições e logo um esquema acabou sendo estabelecido. Leilões seriam tomados por um verdadeiro cartel composto pelas principais empreiteiras do país, mas os contratos eram cobrados a partir de grandes somas de dinheiro que iam direto para os bolsos dos diretores da Petrobrás e para os partidos políticos que estivessem envolvidos – calcula-se cerca de 3 bilhões de Dólares em subornos. Esse tipo de prática não era novidade na história da companhia, sendo que FHC preferiu fingir que ela não acontecia, e até a primavera de 2013, a companhia desfrutou da costumeira impunidade oriunda da riqueza e do poder no Brasil.

O que mudou nisso tudo foram três efeitos pós-Mensalão. A delação premiada foi introduzida no Brasil; a prisão cautelar, um antigo poder judiciário usado para lotar as cadeias do país com pobres, tornou-se pela primeira vez um instrumento aceitável para dobrar aqueles de classes superiores; e as sentenças na primeira instância não podiam mais ser deferidas por intervenção do Supremo, o que permitia apressar as prisões. Os dois primeiros efeitos foram as mesmas armas que os magistrados italianos utilizaram para derrubar a classe política e empresarial italiana nos escândalos daTangentopoli, nos anos 1990. Mas o terceiro efeito eles nunca conseguiram. Inclusive no Brasil foi criada uma forma de extrair confissões daqueles sob prisão preventiva: ameaçar a estender o mesmo tratamento à esposas e filhos. Em 2013, gravações feitas num caixa de uma empresa de lavagem de carros (um ‘lava-jato’) em Brasília levou à prisão de um contrabandista com longa ficha criminal. Mantido em Curitiba, na região Sul, para proteger sua família, esse ‘doleiro’ passou a revelar a escala do sistema de corrupção da Petrobrás, na qual ele havia sido um dos principais intermediários na transferência de recursos entre contratantes, diretores e políticos dentro e fora do país. Num primeiro momento, as acusações caíram sobre nove das principais construtoras e empreiteiras do Brasil, com seus famosos chefes e diretores sendo presos, junto com outros três diretores da Petrobrás, em investigações que atingiram ainda mais de cinquenta políticos, tanto deputados e senadores como até mesmo governadores.

Os três principais partidos envolvidos – eles eram sete no total – foram o PMDB, o Partido Progressista (PP, um partido oriundo da Ditadura) e o PT. Quem ganhou mais no esquema ainda não está claro. Mas já que não existiam ilusões sobre os dois primeiros, foi a exposição do terceiro que realmente ganhou relevância política. O ‘Mensalão’ foi somente uns trocados em comparação com a enormidade do ‘Petrolão’, enquanto o primeiro não teve nenhum benefício privado para políticos do PT, o segundo, por sua vez, apagou completamente os limites entre fundos de campanha e enriquecimento pessoal. Dentre outros detalhes, veio à tona que o próprio chefe da Casa Civil de Lula, José Dirceu (o arquiteto por trás da formação do PT enquanto partido), que havia sido afastado por conta de seu envolvimento no ‘Mensalão’, havia insistido que uma parte do ‘Petrolão’ fosse dirigida para suas próprias contas bancárias. Se o grosso dessas retribuições eram utilizadas para financiar as campanhas e o aparato do partido, a presença contínua de grandes somas de dinheiro clandestino não tinha como não corromper aqueles que botavam suas mãos nele. O sociólogo Chico de Oliveira alertara, antes mesmo do ‘Petrolão’ ter sido descoberto, que o PT estava caminhando a passos largos para um processo de transfiguração numa aberrante espécie taxonômica de vida política, algo que não mais podia ser visto como uma metáfora. (O autor refere-se aqui ao ensaio “O ornitorrinco”, de Chico de Oliveira, publicado no volume da Boitempo Crítica à razão dualista/O ornitorrinco).

Liderando o ataque ao ‘Petrolão’, a equipe investigativa de Curitiba se tornou, assim como os juízes e policiais de Milão que os inspiravam, verdadeiras estrelas midiáticas. Jovens, de cara limpa, queixos quadrados, beneficiando-se de seu treinamento legal em Harvard, o juiz Sergio Moro e o promotor Deltan Dallagnol pareciam saídos direto de um desses seriados americanos de tribunais. Sobre o seu zelo no combate à corrupção e o valor do choque que aplicaram nas elites políticas e empresariais do país, não havia dúvidas. Mas assim como na Itália, objetivos e métodos nem sempre coincidiram. A delação premiada e a prisão preventiva sem acusações combinaram induzimento e intimidação: instrumentos obtusos em busca da verdade e da justiça, mas no Brasil eles estavam dentro da lei. Contudo, o vazamento de informações, ou às vezes até de suspeições, por parte dos investigadores para a imprensa, não é: eles são claramente ilegais. Na Itália, eles foram constantemente utilizados pela equipe de Milão e foram usados ainda mais ostensivamente pela equipe de Curitiba. Desde o início os vazamentos pareciam seletivos: eles almejavam o PT e, persistentemente, – ainda que não exclusivamente, pois os estilhaços se espalhavam – aparecendo nas principais revistas da bateria anti-governo, como a semanal Veja, que após semanas de exposição fez uma edição a ser lançada poucas horas antes da eleição de 2014 com as imagens de Lula e Dilma sob uma sinistra meia-luz com tons de vermelho e negro com a exclamação “Eles sabiam de tudo!”, alertando os eleitores para quem eram as verdadeiras mentes criminosas por trás do ‘Petrolão’.

Mas será que o fato dos magistrados terem alimentado a mídia com vazamentos significa que seus objetivos eram os mesmos, ou seja, que eram fruto – tal como o PT sustentou – de uma operação comum? Pode-se dizer que o judiciário brasileiro, assim como seus colegas de promotoria e Polícia Federal, compartilha muito da identidade de classe média brasileira, cujas camadas eles pertencem, com suas preferências e preconceitos de classe típicos. Nenhum partido operário, por mais emoliente que seja, consegue atrair simpatia particular desse meio. Mas será que os vazamentos contra o PT são resultado de uma aversão militante, ou fruto de uma ideia de que não há melhor forma de enfatizar os horrores da corrupção do que pegar aquela que é a principal força política do país por mais de uma década, que inclusive é justamente aquela que a mídia, por suas próprias razões, estaria mais disposta a divulgar as revelações? Histórias que atingissem o PMDB seriam banais e o PSDB poderia ser poupado, em âmbito nacional, pois sendo um partido de oposição teria menor acesso aos cofres públicos, independente do seu domínio dentro dos estados.

O escândalo da Lava Jato estourou de fato na primavera de 2014 e sucessivas prisões e acusações chegaram às manchetes durante a corrida presidencial no outono. A virada econômica de Dilma, tão logo eleita, pode ser vista em parte como conduzida pela esperança de aplacar a opinião neoliberal o suficiente para que a mídia moderasse seu discurso sobre o PT, que estava sendo tratado como uma gangue de ladrões. Mas se foi isso de fato, ela foi em vão. Superando até mesmo o PSDB na virulência de seus ataques, uma nova direita passou a ganhar proeminência nas manifestações massivas contra Dilma em março de 2015. No Brasil, o slogan tradicional da direita era “Deus, Família e Liberdade”, verdadeiros banners do conservadorismo que clamou pelo golpe militar que gerou a Ditadura de 1964. Meio século depois, os gritos dos manifestantes mudaram. Recrutados a partir de uma geração mais jovem de militantes de classe média, uma nova direita – e geralmente com orgulho de afirmar-se assim – passou a falar menos em termos de religiosidade, menos ainda em termos de família e reinterpretou o sentido de liberdade. Para eles, o livre mercado era a base necessária para todas as outras liberdades, concebendo assim o Estado como uma espécie de hidra de muitas cabeças. Essa política se iniciou não nas instituições da ordem decadente, mas sim nas ruas e nas praças, onde cidadãos poderiam se reunir contra um regime de parasitas e ladrões. Surfando na onda das manifestações massivas contra Dilma, os dois principais grupos dessa direita radical – ‘Vem Pra Rua’ e ‘Movimento Brasil Livre’ – modelaram suas táticas assimilando elementos do ‘Movimento Passe Livre’, um movimento de extrema-esquerda que desencadeou os protestos de 2013, inclusive com o MBL deliberadamente fazendo um acrônimo com o MPL. Ambas organizações da direita eram pequenas, mas dependiam de um intenso trabalho de mobilização de massas por meio da internet. O Brasil possui mais viciados em Facebook do que qualquer outro país, perdendo somente para os Estados Unidos, e tanto o ‘Vem Pra Rua’ como o ‘MBL’ e outros grupos da direita – o ‘Revoltados On-Line’ (ROL) é outro movimento proeminente – vem conseguindo mobilizar a população com muito mais sucesso do que a esquerda, embora seja importante levar em consideração o previsível perfil de classe de quem adentra na rede social de Zuckerberg. Até então, o efeito multiplicador desses grupos de direita tem sido muito maior.

No horizonte de toda essa situação, há também a ambígua nébula de uma nova religião. Mais de 20% dos brasileiros atualmente são convertidos a alguma variedade de protestantismo evangélico. Seguindo o padrão da Igreja da Unificação do Reverendo Moon, muitas delas – certamente as maiores – são verdadeiros balcões de negócios que ficam ordenhando o dinheiro de seus fiéis para erigir verdadeiros impérios financeiros para os seus fundadores. A fortuna de Edir Macedo, o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, cujo gigantesco ekitsch Templo de Salomão na região do Brás em São Paulo – próximo do menos grotesco, mas ainda impressionante templo da rival Assembleia de Deus, numa espécie de Wall Street religiosa – onde ocorrem performances de melodramáticos exorcismos nos telões e em que os fiéis cantam e oram, ultrapassa mais de 1 bilhão de Dólares. Parte desse império se associa também ao controle da segunda maior rede de televisão do país. Atualmente bastante próspera nas periferias, a organização de Macedo prega uma “teologia da prosperidade”, prometendo sucesso material na Terra, ao invés de mera salvação celestial. Diferente dos evangelistas americanos, as Igrejas Evangélicas no Brasil não possuem perfis ideológicos muito específicos além de assuntos como aborto e direitos LGBT. Macedo chegou a apoiar FHC como uma forma de impedir o comunismo, mas nas eleições seguintes apoiou Lula e desde então vem criando sua própria organização política. Mas muitas dessas igrejas operam no descrédito dos partidos brasileiros: elas são veículos a serem contratados, trocando votos por favores, com a diferença de que elas apoiam candidatos de qualquer partido – a bancada evangélica no Congresso, cerca de 18% dos deputados, inclui congressistas de 22 partidos. Seus principais interesses residem em garantir concessões de rádio e televisão, evasão fiscal para igrejas e acesso à zoneamento urbano para a construção de monumentos faraônicos.

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Ao mesmo tempo, ainda que mais passivas e promíscuas do que seus iguais nos Estados Unidos, essas Igrejas formam um reservatório conservador para os agressivos líderes da direita no Congresso. Sintomaticamente, o presidente da Frente Evangélica é um musculoso pastor e ex-policial que senta na bancada do PSDB. Ali também se encontra o Presidente da Câmara dos Deputados, eleito em fevereiro de 2015 – esse sendo o cargo mais importante do Congresso e o terceiro da linha sucessória depois do vice-presidente –, o deputado Eduardo Cunha, um corretor da bolsa evangélico do Rio e líder da bancada do PMDB. Geralmente identificado como o mais perigoso inimigo de Dilma – ela inclusive tentou impedir sua eleição – seu jeito garboso e modos imperturbáveis escondem um excepcionalmente talentoso e cruel político, um mestre nas artes obscuras da manipulação parlamentar e na administração, uma pessoa a quem grandes números do chamado “baixo clero” do Congresso tornaram-se dependentes de seus favores desde que assumiu o cargo, enquanto outros vivem acuados diante de sua força sem conseguir enfrenta-lo. E tão logo as manifestações nas ruas clamaram pelo impeachment de Dilma, ele logo tornou-se o ponta de lança dentro do Legislativo que garantiria a saída da presidente, sob o pretexto de que antes das eleições ela havia transferido, de forma imprópria, fundos dos bancos estatais para contas federais.

Atingindo um crescendo no mês de setembro, o movimento para depô-la atingiu números impressionantes, configurando diferentes forças e personagens que se entrecruzavam de diferentes formas, desde os “jovens turcos” do MBL e ROL posando para fotos com Cunha, até pilares da lei como Moro e Dallagnol (que também é evangélico) encontrando-se com políticos do PSDB e lobistas pró-impeachment, sem contar também com a imprensa atacando virulentamente o PT e o Planalto com novas denúncias diárias. Ou Dilma havia ilegalmente legado um déficit nas contas do Estado para seguir sendo reeleita, ou ela havia permitido grandes injeções de verbas ilegais para financiar sua campanha eleitoral…ou ambos – em qualquer caso, material suficiente para acelerar o processo de retirada dela da presidência enquanto afronta a probidade pública. Naquele momento, cerca de 80% da população queria que ela fosse embora.

Nesse meio tempo, uma bomba explodiu. Em meados de outubro, as autoridades suíças notificaram o Procurador Geral da República em Brasília de que Cunha tinha nada mais do que quatro contas secretas na Suíça – e outra logo em seguida foi descoberta nos Estados Unidos – uma delas no nome de sua esposa, outra no nome de uma companhia empresa-fantasma em Cingapura que recebia direto de outra empresa-fantasma da Nova Zelândia. O valor total era de 16 milhões de Dólares, ou trinta e sete vezes mais a riqueza que ele havia declarado no Brasil. À disposição do casal também havia duas companhias locais – e, desafiando o escárnio, uma delas se chamava Jesus.com – além de uma frota de nove limusines e caminhonetes no Rio de Janeiro. As evidências de que ele acumulava propinas da Petrobrás começaram a se acumular. Mesmo para a mais obediente imprensa isso era demais. No Congresso, uma comédia às avessas tinha início. Segundo a Constituição Brasileira, o Presidente da Câmara possui o poder solene de dar início à moção de impeachment presidencial. Por meses o PSDB ficou cortejando Cunha, conferenciando com ele em conclaves íntimos sobre as táticas e o momento do processo. A revelação da sua caixa-forte na Suíça, com muito mais evidências do que aquelas que caíam sobre Dilma, tornou-se um profundo constrangimento para o partido. O que deveria ser feito? Cunha ainda controlava as chaves para o impeachment, que se fosse bem-sucedido poderia até mesmo anular as eleições de 2014 e garantir, assim, a vitória de Neves. O partido então se silenciou sobre as ondas que vinham de Berna, no que vale mencionar que o próprio Cunha ainda não havia se pronunciado e era tomado como inocente até que se provasse o contrário. Mas seus apoiadores na mídia não conseguiram conter os questionamentos: como pode o partido da moralidade dar cobertura para tamanha criminalidade? Diante do clamor, o PSDB foi forçado a bater em retirada e tirar o apoio ao Presidente da Câmara – um pequeno partido socialista independente [o PSOL], a essa altura do jogo, havia entrado com recurso para tirar Cunha da Câmara. Ao perceber que o PSDB deixara de lhe dar apoio, Cunha rapidamente fez um jogo de dupla-face. Negociando a portas fechadas, ele ofereceu trancar o impeachment de Dilma se o PT o protegesse das tentativas de anulação de seu mandato e expulsão do Congresso. E isso rapidamente aconteceu. Os ministros do PT, tanto desavergonhados quanto os políticos do PSDB, concordaram em auxiliá-lo a manter-se no cargo, desde que ele não fizesse nenhum movimento contra Dilma. Esse surreal carrossel foi demais para as bases do partido que estavam afastadas do Congresso e o acordo teve de ser cancelado. Por um breve momento, pareceu que a posição de Cunha era insustentável e a causa do impeachment estava tão desgastada pela sua exposição que havia, portanto, quase nenhuma chance de ela passar.

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Nos bastidores, contudo, o principal repositório das esperanças de acabar com o PT não tinha desistido. Desde o início da crise, FHC tornou-se onipresente na mídia – sua imagem estava em toda parte, numa enxurrada de entrevistas, artigos, discursos, diários. Bastante estimado pelos barões da mídia e seus lacaios, sua renovada proeminência era fruto de um cálculo político mais imediato de ambas as partes. Apresentado como o estadista ancião da República, a cuja sabedoria se deve a estabilidade atingida, editores e jornalistas esforçaram-se para construí-lo como um pensador de renome internacional, a voz da sanidade e da responsabilidade diante das mazelas do país, inclusive com a imprensa e a academia anglófona cotejando-o, engolindo todo esse coro de sicofantia. A razão para toda essa apoteose é bastante simples: a presidência de Cardoso administrou ao Brasil uma generosa dose de administração pró-mercado, um remédio que parecia ser mais urgente do que nunca diante do escárnio populista do PT. O próprio Cardoso, que quando presidente lamentou a “enorme dificuldade” de que “o Brasil não gostava do sistema capitalista”, estava tranquilo em exercer esse papel. Mas ele também tinha uma questão pessoal no meio de todos esses holofotes. Quando ele saiu da presidência, seu índice de aprovação não era muito mais alto do que o de Dilma hoje, e por oito anos ele sofreu uma dura comparação com Lula, um presidente muito mais popular que repudiou seu legado e transformou o país de forma decisiva, assegurando ao PT mandatos que duraram o dobro do seu.

Isso foi algo duro de suportar. Será que a aura do pensador poderia suportar a perda de seu prestígio como governantes? Objetivamente, o segundo mandato foi – e isso é bastante normal – menos popular do que o primeiro. Na busca pela presidência, Cardoso sacrificou não apenas suas antigas convicções, que inclusive eram marxistas e socialistas, mas com o tempo até mesmo seus padrões intelectuais. A banalidade dessa mudança chega a ser disparatada – bromas elogiosas para os efeitos da globalização e ansiedade com seus efeitos colaterais. Em raras ocasiões ele acabava sendo sincero: “Eu devo admitir que, ainda que meu lado intelectual seja forte, eu sou basicamente umHomo politicus”, disse ele certa vez. Mas subjetivamente, a vaidade – atingida pelo apelo político grandioso de um ex-operário sem educação formal – não permite que pretensões mais cerebrais sejam colocadas de lado. Tingido pelo verde e amarelo da Academia Brasileira de Letras, uma cópia tropical da versão original e pomposa dos franceses – com uma espada a seu lado, ele declarou que o sociólogo e o presidente nunca divergiram, demonstrando uma carreira coerente e uma administração criativa, inteiramente em sintonia uma com a outra.

Por anos ele teve motivos para reclamar que, enquanto oposição, o próprio PSDB foi insuficientemente leal à memória de seu líder máximo, evitando qualquer defesa mais vigorosa de sua modernização nacional e seu corajoso programa de privatizações. Agora, contudo, diante da crise do ‘lulopetismo’ – seu uso mais desdenhoso, implicando algo ainda focado nas bases, mais demagógico do que o mero suporte petista, ou ‘petismo’ – fica claro o quão certo Cardoso esteve todo esse tempo. Se houve algo de bom durante o governo do PT, isso se deve à herança deixada por FHC. Se houve algo desastroso e terrível, então a culpa não é dele, pois havia alertado a todos o que aconteceria. Era tempo de erguer novamente as bandeiras de 1994 e 1998, sem qualquer inibição, colocando assim um fim ao desgoverno do PT. Ainda que ele mesmo não tivesse evocado o impeachment, ele o reconhecia como um processo legítimo, desde que tivesse base legal para isso. E ainda que não tivesse, Dilma ainda poderia ser removida politicamente. Mas – e aqui os cálculos de Cardoso mostram-se diferentes daqueles feitos pela nova geração de políticos do PSDB no Congresso, ansiosos para tomar o poder rapidamente – era melhor esperar pelo Judiciário, que poderia ser tido como um instrumento para que a Justiça Política fosse cumprida.

Essa confiança vinha das íntimas conexões entre os juízes mais veteranos e estava longe de estar errada. Indicado para presidir o caso contra Dilma no Supremo Tribunal Eleitoral estava Gilmar Mendes, um parceiro próximo indicado pelo próprio Cardoso para o Supremo Tribunal Federal, ocupando este lugar até os dias de hoje – e que nunca fez nenhum segredo sobre o seu desgosto para com o PT. Mas Dilma era o alvo menos importante. Para FHC, o alvo crucial a ser destruído era Lula e não apenas por questão de vingança, embora isso tenha sido muito saboreado no âmbito privado, mas porque havia risco, dada sua antiga popularidade, de que ele voltasse em 2018 – supondo que Dilma sobrevivesse até então, algo que assustava o PSDB e seu programa de orientar o país novamente para uma modernização responsável. E tão logo as deixas de Cardoso começaram a encontrar eco, uma série de vazamentos feitos pela força tarefa da Lava Jato passaram a aparecer na imprensa, implicando Lula em dúbias transações financeiras de tipo pessoal: viagens em jatos empresariais, palestras remuneradas por empreiteiras, apartamentos confortáveis, melhorias num sítio, sem falar nos ganhos obscuros de um de seus filhos. Logo em seguida veio a apreensão de um amigo milionário fazendeiro, acusado de repassar as retribuições de um contrato da Petrobrás para o tesoureiro do PT. Aparentemente, a rede estava se fechando sobre ele.

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Rapidamente, durante a primeira semana de março, uma força-tarefa da Polícia Federal chegou na porta da casa de Lula às seis da manhã, levando-o sob custódia para ser interrogado no aeroporto de São Paulo. A imprensa, informada de antemão, estava esperando do lado de fora para invadir com suas câmeras, esperando obter o máximo de publicidade. O pretexto para todo esse show é de que se Lula fosse convidado a dar esclarecimentos, ele poderia ter se recusado. Na semana seguinte, a maior manifestação no Brasil após a Ditadura – de acordo com a polícia, com 3,7 milhões de pessoas nas ruas – clamou por justiça contra Lula e impeachment para Dilma. Três dias depois, Dilma apontou Lula como ‘chefe da Casa Civil’ de seu governo – algo equivalente a um Primeiro Ministro. Como ministro, Lula teria imunidade perante as acusações de Moro em Curitiba, possibilitando que ele, assim como os demais membros do governo, respondesse somente ao Supremo Tribunal. Moro não perdeu tempo. Na mesma tarde, ele publicou as gravações de uma conversa telefônica entre Lula e Dilma, na qual ela disse a ele que mandaria os papéis necessários para que ele assinasse e assumisse, “se necessário”. Sua fala foi ambígua. Mas o escândalo midiático foi ensurdecedor: aqui, pega com a boca na botija, estava uma manobra para fugir da Justiça e salvar Lula, deixando-o longe do alcance da lei. Dentro de 24 horas, um juiz em Brasília impediu a nomeação – um juiz que, como se soube mais tarde, havia postado imagens nas redes sociais de quando ele estava nas manifestações pelo impeachment, ostentando alegremente uma camiseta do PSDB. Mas esse juiz rapidamente foi apoiado por Gilmar Mendes e, naquela mesma noite, o PMDB anunciou que estava saindo do governo, no qual ele controlava a vice-presidência e outros seis ministérios, pavimentando o caminho para uma rápida deposição de Dilma no Congresso.

Nessa dramática escalada da crise política, o protagonista central era o Judiciário. A noção de que a operação de Moro estava agindo de forma imparcial em Curitiba, inicialmente defensável, acabou sendo prejudicada com a cobertura gratuita e espetaculosa da imprensa sobre a condução coercitiva de Lula, o que acabou ainda sendo seguida por uma mensagem pública saudando as manifestações a favor do impeachment: “o Brasil está nas ruas”, anunciou o juiz. “Sinto-me tocado”. Contudo, ao publicar as gravações da conversa entre Lula e Dilma, horas depois do grampo ter sido anulado pela Justiça, ele violou a lei duas vezes: violou o sigilo das interceptações, ainda que fosse permitido o grampo, e sem falar também no princípio da confidencialidade que supostamente protegia as comunicações da chefe do Executivo. Ficou tão evidente que essas coisas eram ilegalidades que logo Moro foi repreendido pelo juiz do Supremo responsável por Moro, mas sem qualquer sanção efetiva. Ainda que “inapropriado”, seu superior notou delicadamente que a ação do juiz havia atingido seu objetivo.

Na maioria das democracias contemporâneas, a separação dos poderes é uma ficção bem-educada, com os Supremos Tribunais – no que o caso americano é uma importante exceção – curvando-se perante os governos. Os contorcionismos do Tribunal Constitucional Alemão – geralmente visto como exemplo de independência judicial – ao sustentar as violações do país tanto noGrundgesetz e no Tratado de Maastricht e favorecer os diferentes regimes de Berlim pode ser visto como uma norma geral. No Brasil, a politização do Judiciário é uma tradição longínqua. A figura inverossímil de Gilmar Mendes é talvez um caso extremo, ainda que seja revelador. Como presidente, Fernando Henrique Cardoso defendeu seu amigo de acusações criminais ao lhe promover como Ministro antes de elevá-lo ao STF – e Mendes agora se volta contra Dilma por ela fazer o mesmo com Lula. Ao colocá-lo no posto e tentando evitar chamar atenção, FHC entrava pelo prédio sorrateiramente pelo edifício da garagem, encontrando Mendes no estacionamento. Bastante militante em relação ao PSDB – ‘tucano demais’, considerando que a ave é o símbolo do partido – até mesmo para Eliane Catanhêde, uma respeitável jornalista de direita, Mendes geralmente era visto almoçando com proeminentes líderes do partido após ter sido absolvido das acusações e o juiz não hesitou em utilizar dinheiro público para ‘alistar’ seus subordinados a partir de uma escola privada de advocacia que ele possui, algo feito enquanto ele já era juiz no maior tribunal da nação. Seus ataques contra o PT são constantes.

Sergio Moro, por sua vez, é de uma geração mais jovem e vinho de outra pipa. Os Estados Unidos, país que ele visita com regularidade, é sua principal referência. Um sujeito trabalhador e provinciano, ele considera que nada deve aos sistemas de patronagem e compadrio. Mas vale destacar que, quando Moro tinha pouco mais de 30 anos, ele demonstrou também sua indiferença com os princípios básicos das leis e das regras num artigo exaltando o exemplo dos magistrados italianos nos anos 1990, “Considerações sobre a Operação Mani Pulite”, nos termos que antecipariam seus procedimentos uma década depois. Recusando-se a pesquisar na literatura mais extensiva sobre aTagentopoli, ele utilizou somente duas eulogias feitas pela equipe de Milão e que foram traduzidos para o inglês, citados sem qualquer dose de reflexão crítica, inclusive confiando no depoimento de um chefe da máfia que vivia com um salário do Estado enquanto delator, ainda que ele tenha sido rejeitado pela corte. A presunção da inocência não poderia ser tida como ‘absoluta’, tal como ele declarara: ela era apenas um ‘instrumento pragmático’ que poderia ser desfeita de acordo com a vontade do magistrado. Ele celebrou os vazamentos seletivos para a mídia como forma de ‘pressão sobre os acusados’, usados quando ‘os meios legítimos não podem ser atingidos por outros métodos’.

O perigo de ter um Judiciário atuando nesse espírito é o mesmo no Brasil do que foi na Itália: uma campanha absolutamente necessária contra a corrupção se torna tão infectada com o desdém pelo devido processo, com um conluio tão inescrupuloso com a mídia, que ao invés de instalar qualquer nova ética de legalidade, ela acaba confirmando o longo desrespeito social pela lei. Berlusconi e seus herdeiros são a prova viva disso. Todavia, a cena no Brasil se difere da situação na Itália por dois aspectos. Não há nem Berlusconi ou Rinzi no horizonte brasileiro. Moro, cuja celebridade agora excede qualquer um dos seus modelos italianos, sem dúvida está sendo solicitado para suprir o vazio político, caso a Lava Jato faça de fato uma limpeza sobre a velha ordem. Mas o medíocre destino de Antonio di Pietro, o mais popular dos magistrados de Milão, pode ser lido como um aviso para Moro, por mais puritana que seja a sua aparência, evitar a tentação de envolver-se na política. O espaço para uma ascensão meteórica também tende a ser menor, pois há uma diferença crucial entre as duas cruzadas contra a corrupção. O assalto feito pela Tagentopoli foi direcionado contra os principais partidos do país, a Democracia Cristã e o Partido Socialista, que estiveram no poder durante trinta anos. A Lava Jato, por sua vez, não parece estar focada nos partidos tradicionais do poder político no Brasil que, diga-se de passagem, estão bastante divididos, mas sim nos sistemas que possibilitaram que eles chegassem lá. Nesse ponto, ela parece mirar somente num alvo e, sendo assim, mais manipuladora.

Tal manipulação pode ser acentuada naquilo que se considera como a segunda diferença entre a Itália dos anos 1990 e o Brasil de hoje. Quando a Tagentopoliatingiu o sistema político, a mídia italiana formou um cenário homogêneo. Jornais independentes passaram a apoiar o Judiciário de Milão em toda parte. O chefe do conglomerado midiático do Olivetti, De Benedetti, cujo jornal recebeu a maior parte dos vazamentos, acusou duramente os democratas cristãos e socialistas ao mesmo tempo em que ficou quieto sobre as implicações em outros partidos. O império de jornais e televisão de Berlusconi enalteceu e instigou os magistrados. E o resultado foi que, com o passar do tempo, havia ainda mais questionamentos sobre as ações de diferentes esferas do Judiciário – muitas delas bastante corajosas, enquanto outras eram mais dúbias – do que no Brasil. Ali a mídia tem sido bastante monolítica e partidária em sua hostilidade anti-PT e nada crítica quanto à estratégia de vazamentos e pressões vindas de Curitiba, do qual a imprensa age como sua porta-voz. O Brasil possui alguns dos melhores jornalistas do mundo, cujos textos vem analisando a atual crise num nível intelectual e literário que vai além do que fazem o Guardian ou o New York Times. Mas tais vozes são sufocadas por uma enorme floresta de conformistas que nada mais fazem do que ecoar as visões de patrocinadores e editores.

Comparar a cobertura da mídia sobre qualquer vazamento que prejudique o PT com o tratamento dado às informações ou rumores que afetam a oposição é uma forma de medir a extensão da sua política de dois pesos e duas medidas. Enquanto a Lava Jato estava se desenrolando, veio à tona um pujante exemplo. Em 1989, num dos mais famosos momentos decisivos da história moderna brasileira, Lula – que na época era visto como um perigoso radical pelas elites – estava perto de assegurar uma vitória em sua primeira corrida presidencial, quando dias antes da eleição, uma ex-namorada sua apareceu na televisão em nome de Collor, paga pelo próprio irmão de Collor, acusando Lula de querer que ela abortasse de um filho de ambos. Aquele momento, amplificado até o limite pela mídia, foi fundamental na sua derrota eleitoral. Dois anos depois, Cardoso – na época um proeminente senador do PSDB, já cotado como futuro candidato à presidência – ficou conhecido no meio político por ter uma amante trabalhando na mesma rede de televisão que prejudicou a campanha de Lula, a TV Globo. Quando ela teve um filho do ex-senador, ela saiu do país e foi mandada para Portugal. Em meados de 1994, depois de ter sido Ministro da Fazenda, Cardoso estava disputando a presidência e o trabalho dela passou a ser somente nominal, ainda que a Globo seguisse pagando seu salário. Tão logo FHC foi eleito, seu braço direito, o jovem Magalhães, instruiu ela a não retornar para o Brasil por medo de comprometer sua reeleição. Quando a Globo a tirou da folha de pagamento, um trabalho ficcional foi feito para ela, fazendo pesquisas de mercado na Europa para uma cadeia de lojas duty-free que recebera do próprio FHC direitos monopolísticos nos aeroportos brasileiros. Por meio dessa firma, ela teria lavado cerca de cem mil dólares via uma conta bancária nas Ilhas Cayman – teria sido pensão alimentícia ou suborno para ficar calada? A história veio à tona em fevereiro, em meio ao furacão das denúncias sobre as reformas no sítio de Lula. A mídia fez de tudo para que isso recebesse o mínimo possível de cobertura. A firma agora está sob investigação por transação criminosa. Cardoso protesta sua inocência. E ninguém espera que ele sofra qualquer inconveniência.

Será que isso pode ser generalizado para toda a oposição? Moro lançou seus grampos incendiários no dia 16 de março. Uma semana depois, a polícia de São Paulo invadiu a casa de um dos executivos da Odebrecht, a maior empreiteira da América Latina, cujo diretor recém havia sido sentenciado por 19 anos pelo crime de suborno. Na casa os policiais encontraram uma lista com 316 políticos com quantias de dinheiro ligadas aos seus nomes. Estavam inclusas figuras tradicionais do PSDB, do PMDB e de vários outros partidos – um verdadeiro panorama da classe política brasileira. Objetivamente falando, essa lista produzia muito mais barulho do que a conversa entre Lula e Dilma. Mas era um barulho menos conveniente: diretamente de Curitiba, Moro rapidamente tomou uma posição contrária, ordenando que as listas fossem colocadas sob sigilo para impedir qualquer especulação. Ainda assim, o alarme havia soado: a Lava Jato poderia sair do controle. Se Dilma tinha que cair, era preciso fazê-lo antes que as listas da Odebrecht pudessem ameaçar seus próprios acusadores. Poucos dias depois, o PMDB anunciara que abandonava o governo e começaria uma contagem de votos a favor do impeachment. Os 3/5 de votos necessários na Câmara dos Deputados, algo que parecia muito difícil de atingir no início das discussões, agora estava mais perto do alcance. A opinião pública passou a perceber a farsa de um Congresso cheio de ladrões, tendo Cunha à sua frente, solenemente derrubando uma presidente por crime de responsabilidade fiscal.

Quais são as chances de Dilma resistir a esse desfecho e as perspectivas caso o impeachment não aconteça? As esperanças do Planalto residem em duas contingências: de que com suficiente apoio no Congresso se possa bloquear o impeachment, oferecendo assim mais ministérios e cargos para partidos menores que não conseguiriam acesso ao governo antes, visando com isso reverter a saída do PMDB; e a outra, de que com muitas manifestações em defesa do governo possam desestimular as grandes manifestações feitas a favor do impeachment. Ambos objetivos exigem o retorno de Lula para Brasília, de onde ele poderia – ainda que lhe seja negado o direito de ocupar formalmente o ministério – informalmente cumprir ambas tarefas que lhe foram atribuídas, ou seja, de aproximar-se de deputados relutantes para o campo governista e de estimular o apoio popular vindo das ruas. Mas o cenário está mudando e isso tudo parece cada vez mais distante. As relações entre Lula e Dilma se fragilizaram desde que ela optou pela austeridade após sua reeleição. Culpando-a pela falta de habilidade política e pela sua recusa em aceitar conselhos, Lula falaria, no âmbito privado, que “ela foi minha Chefe da Casa Civil e ela ainda age como uma, e não como uma presidente”, ou então que “ela é como se fosse a minha filha, que sempre diz pra mim que me ama, mas nunca presta atenção no que eu falo pra ela”. Mas é duvidoso se faria alguma diferença a flexibilidade tática, ainda que importante, diante das dificuldades enfrentadas por ela. Desde o início, sua segunda presidência foi pega em um círculo vicioso de escândalos políticos e indicadores econômicos deteriorados, cuja interação forma um obstáculo nada fácil de superar para recuperar sua autoridade. O problema da Petrobrás, com inúmeras delações, vem gerando demissões em massa de trabalhadores; o mesmo vem acontecendo com as empreiteiras cujos diretores e executivos estão na cadeia. A incerteza sobre onde soprará a Lava Jato tem feito os investidores mais temerosos e deixado o mercado financeiro assustado: em novembro, o chefe do fundo bilionário BTG-Pactual, o maior banco de investimento do continente, a menina dos olhos do Financial Times e do Economist, foi levado algemado para a delegacia. No Congresso, o corte de gastos neoliberal e o aumento tributário proposto pelo governo foi derrubado pelo próprio neoliberal PSDB, buscando criar todo um constrangimento político: o orçamento de 2016 sequer foi aprovado. Mesmo que um virtuoso trabalho de base feito nos corredores do poder possa conseguir colocar temporariamente o impeachment em xeque, ele não conseguiria resolver o temível impasse do atual governo.

A mobilização popular para impedir a saída de Dilma, da forma como está pensada, também tem problemas. Mas isso está conectado diretamente aos legados dos governos do PT. O partido está numa frágil posição para convocar seus beneficiários para defende-lo por pelo menos três razões. A primeira é simplesmente porque se a corrupção fez com que a classe média perdesse a simpatia que o partido antes desfrutou, a austeridade alienou a base de classes populares que tinham conquistado. As manifestações feitas para impedir o impeachment foram, até agora, muito menos impressionantes do que aquelas feitas por aqueles que querem que ele aconteça. Os manifestantes têm sido arregimentados principalmente entre funcionários públicos e sindicatos: os pobres ainda não têm comparecido nessas manifestações. A força rural do Nordeste onde o PT se consolidou estão ainda socialmente dispersos, enquanto as grandes cidades do Sul e Sudeste são as fortalezas da nova direita no momento. Há também a inevitável desmoralização do partido conforme sucessivos escândalos surgem com o seu nome, criando um sentido de culpa coletiva difusa, ainda que não explícita, mas que enfraquece qualquer espírito de luta. E por fim, mas fundamentalmente, na época que Lula chegou ao poder, o partido tornou-se uma máquina eleitoral, financiada principalmente por doações de grandes corporações, ao invés de – como ele era em seu início – pelas doações de membros e simpatizantes, com eles inclusive aderindo passivamente ao nome de seu líder, sem qualquer vontade de construir uma ação coletiva com os eleitores. A mobilização ativa que fez o PT ser uma força nas regiões urbanas e industriais do Brasil tornou-se uma memória distante conforme o partido passou a ganhar força em regiões sem indústrias, enraizadas numa tradição de submissão à autoridade e medo da desordem. Isso foi uma cultura política entendida por Lula e que ele não fez nenhuma tentativa séria de termina-la. Segundo sua própria visão, ele considerava que mudar isso teria um custo potencial alto demais. Para ajudar as massas ele buscou harmonia com as elites, para as quais qualquer polarização vigorosa era um tabu. Em 2002 ele finalmente ganhou a presidência, na sua quarta tentativa, com um slogan de “paz e amor”. Em 2016, diante de um linchamento político, ele ainda seguiu falando essas palavras para uma multidão que esperava por algo mais combativo.

Tal descompasso entre partir para o ataque e o discurso de responsabilidade é uma marca comum de um padrão que, desde a virada do século, vem distinguindo a política do Brasil em relação à América Latina. O país não é o único que viu um conflito de classes se tornar uma crise. Mas em nenhum lugar isso foi tão unilateral como no Brasil. Mesmo quando Lula estava no auge de seu prestígio enquanto estava na presidência, sempre houve uma assimetria entre as políticas moderadas e comodistas do PT e a hostilidade de uma classe média enragé e da mídia contra ele. Nos últimos dezoito meses, essa expressão de abominação unilateral se tornou ainda mais violenta. Um vereador [Roberval Fraiz, de Araraquara] do PMDB no interior de São Paulo falou publicamente que Lula deveria ser morto como uma cobra, tendo que pisar em sua cabeça. No Rio Grande do Sul, no Sul do país, uma pediatra se recusou a atender uma criança de um ano porque a mãe era uma ‘petista’, e foi absolvida de infração ética pelo Conselho Regional de Medicina e pela Associação de Médicos. O juiz do Supremo Tribunal, Teori Zavascki, responsável por ter repreendido Moro, foi presenteado com uma série de faixas e cartazes que o chamavam de “traidor” e “pilantra do PT”, enquanto manifestantes cantavam sua canção símbolo que fala que o “capitalismo veio pra ficar”. Conforme aproxima-se do Dia D do impeachment, os militantes fanáticos vêm recebendo endereços de deputados indecisos ao redor do país e intimidando-os, acampando em frente de suas casas. Meticulosamente deve-se dizer que o mercado de ações vem mantendo um ritmo: ele subiu quando Lula foi preso, caiu quando ele foi feito ministro e subindo novamente quando a sua posse foi impedida.

Um golpe teatral (um coup de théâtre) ainda é possível, com uma virada de eventos salvando Dilma no último minuto, mesmo que não pareça que isso irá acontecer. A maior probabilidade é de que se forme um regime liderado pelo vice-presidente que a abandonou, o veterano sepulcral do PMDB – comparado com o mordomo de um filme de terror – Michel Temer. De fala mansa e cerimonioso, ele preparou o caminho alguns meses atrás, criando um programa para deixar claro que o país estaria seguro assim que ele assumisse. Seu pacote trata-se de um plano de estabilização convencional, agilizando privatizações, reforma da previdência e abolindo os gastos mandatórios constitucionais em saúde e educação, acompanhados de promessas de cuidar dos menos afortunados. Se Dilma sofrer o impeachment, tendo uma maioria de 3/5 do Congresso lhe apoiando, Temer não teria nenhum problema em formar um governo de coalizão junto com PMDB, PSDB e uma grande quantidade de partidos nanicos, colocando uma pitada de tecnocratas em ministérios centrais. Já que tal combinação poderia passar uma série de leis, às quais Dilma não pode, e isso garantiria o retorno da confiança do mercado, isso certamente traria melhorias aos indicadores econômicos feitos pelos mercados financeiros, não importa o quanto isso custaria aos pobres. Mas dada a conjuntura global adversa e a teimosa baixa taxa de investimentos que persiste no Brasil desde o fim da Ditadura, é difícil ver qualquer alívio para o país num horizonte futuro.

Politicamente também a estabilidade não estaria garantida. Uma questão óbvia que surge é se será que o choque do impeachment irá sufocar o que resta do espírito de luta daqueles que apoiam Dilma, ou o contrário, ou seja, que isso provoque uma resistência ainda mais feroz contra as elites do país. Ambas alternativas não são fáceis para a fileira dos vitoriosos – se eles de fato conseguirem o impeachment da presidenta. Um juiz do Supremo Tribunal Federal ordenou que Cunha também colocasse em votação o impeachment de Temer, usando da mesma referência legal do impeachment da Dilma, já que quando ela estava fora do país, ele também assinou os decretos de responsabilidade fiscal que são atribuídos a ela – algo que pegaria desprevenido aqueles que querem derrubá-la e esperam instalar Temer como presidente rapidamente. Caso esse ataque seja evitado, outro curioso problema se avizinha. Ainda está pendente no Supremo Tribunal Eleitoral uma acusação de que a campanha de 2014 de Dilma e Temer violaram o regulamento eleitoral, uma acusação trazida pelo PSDB quando ainda esperava forçar uma situação de novas eleições. Se levada adiante, a ação derrubaria ambos. O processo não pode mais ser retirado e seria um constrangimento se o impeachment de Dilma fosse concretizado e Temer tomasse o poder. Mas desde que Gilmar Mendes torne-se presidente do Supremo em maio, a Justiça brasileira provavelmente superará essa questão sem dificuldade. Mas, claro, uma interrogação maior surge sobre qual o impacto subsequente que a Lava Jato poderia ter sobre os deputados pró-impeachment. Acelerar o procedimento do impeachment serviu para desviar os olhares da opinião pública sobre a lista da Odebrecht. Mas essas listas podem ser apagadas da consciência da população após o impeachment? Dentro de suas fileiras, toda a classe política está em risco. Será que a Justiça brasileira também poderia minimizar essa dificuldade, nos interesses, digamos, de uma reconciliação nacional?

Que o Partido dos Trabalhadores tenha se juntado, por uma transformação ocorrida internamente, às deformadas fileiras do resto da fauna política brasileira – PMDB, PSDB, PP e o restante da corja – não pode ser negado. Até agora, dois presidentes do partido, dois tesoureiros, um presidente e um vice-presidente da Câmara dos Deputados e o líder do partido no Senado foram todos presos, afundados na lama da corrupção que desconhece fronteiras políticas. De forma emblemática, o último dos notáveis e com a delação mais volumosa, o senador Delcídio do Amaral era um refugiado do PSDB, uma importante engrenagem do partido de FHC nas operações da Petrobrás. Mais da metade do Congresso está na lista de pagamento das empreiteiras, cujas doações financiam suas campanhas eleitorais. A degradação do sistema político se tornou tão evidente que no outono passado o STF – que está longe de ser algum tipo de areópago da integridade imparcial – finalmente decidiu que o financiamento privado de campanha era matéria inconstitucional e proibiu as empresas de doarem para as campanhas. O Congresso imediatamente reagiu com emendas constitucionais para permitir as doações, mas o assunto segue congelado na Câmara. Se confirmada a decisão do Supremo sem ser driblada, a decisão permitirá uma espécie de revolução no funcionamento da democracia brasileira: a única coisa inequivocamente positiva em meio a toda essa crise.

O Partido dos Trabalhadores acreditou, durante determinado período, que ele poderia se valer da ordem institucional brasileira para beneficiar os pobres sem prejudicar os ricos – e até mesmo contando com a ajuda deles. E de fato houve benefícios aos pobres, tal como eles se propuseram. Mas uma vez aceito o preço de entrar num sistema político moribundo, a porta para voltarem atrás fechou-se. O próprio partido passou a definhar, tornando-se um enclave do Estado, sem qualquer autocrítica ou direção estratégica, tão cego que chegou a ostracizar André Singer, seu melhor pensador, para colocar uma mistura de marqueteiros e relações públicas, tornando-se tão insensíveis que passaram a conceber o lucro, não importa de onde viesse, como condição para o poder político. Suas conquistas ainda permanecerão. Mas se o partido terá o mesmo destino, isso é uma questão em aberto. Na América do Sul, um ciclo está chegando ao fim. Por uma década e meia, sem a pressão direta dos Estados Unidos, fortalecidos peloboom das commodities, e amparando-se em grandes reservas de tradição popular, o continente foi a única parte do mundo em que movimentos sociais rebeldes coexistiram com governos heterodoxos. No despertar de 2008, há agora cada vez mais desses movimentos. Mas não há mais nenhum desses governos. Uma exceção global está chegando ao seu fim e sem nenhum sinal de mudança positiva no horizonte.

* Artigo publicado originalmente na edição de Abril da London Review of Books. A tradução é de Fernando Pureza, para o Blog Junho.

NOTA

* André Singer escreveu a principal análise sobre esse conjunto de medidas e seu desenrolar no artigo ‘Cutucando onças com varas curtas’ (Novos Estudos 102, jul. de 2015), um ensaio que pode ser lido como um epílogo de seu estudo sobre a trajetória do PT, Os sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador (Cia das Letras, 2012), que investiga a mudança do seu eleitorado após 2005, conforme ele perdera o apoio das classes médias e passou a ganhar a confiança dos pobres, que antigamente, com medo de desordem, votavam contra o partido. Numa combinação de sobriedade crítica e lealdade ao PT, Singer é talvez seu mais preparado intelectual – e talvez possa se argumentar que seja o mais impressionante pensador social de sua geração na América Latina. Secretário de comunicação de Lula durante o primeiro mandato, desde que ele se tornou professor universitário acabou sendo mentalmente descartado pelo PT, que não demonstrara nenhum interesse sobre o seu trabalho.

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Perry Anderson é um historiador inglês nascido em 1938. Professor da UCLA, Estados Unidos, foi editor da New Left Review, a principal revista de esquerda do mundo anglófono. Ensaista político, Anderson é conhecido por seu trabalho em história intelectual, e filia-se à tradição do Marxismo Ocidental do pós-1956. É autor, entre outros, de EspectroAfinidades seletivas e o mais recente A política externa norte-americana e seus teóricos, além de ser colaborador da revista semestral da Boitempo, a Margem Esquerda.

Publicado originalmente no blog da Boitempo Editorial.

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