Lucas Guerrero (*)

Para comprender un poco la guerra y la paz en Colombia, se podrían escribir más de cuatro tomos, no tan bellos como los que hizo Tolstoi, en su obra famosa la Guerra y La Paz, en la que describe la invasión napoleónica a la Rusia de comienzos del siglo diecinueve. Por supuesto, como nuestra tarea es mucho más prosaica en el aspecto literario, tendremos que conformarnos con algunas entregas modestas, que vamos a elaborar sobre este tema tan complejo.

Por lo pronto acusamos lo que la mayoría de la población recibe con buen grado de aprobación, pues al contrario de lo que denuncia la gran prensa, no son los ricos hacendados y los grandes empresas del agro, e del campo, y de los pequeños municipios, (existen más de mineras, madereras, etc., quienes de hecho son una minoría ínfima, sino la población pobre 1050 municipios), la que ha sufrido el flagelo de la guerra, del desplazamiento interno, con más de seis millones de personas desplazadas, Colombia cuenta con el desplazamiento interno más alto en el mundo, peor que un país atravesado por una guerra civil, como Siria. Este solo fenómeno  padecido durante décadas, aumenta los niveles de pobreza y desigualdad que sufre el pueblo colombiano. Además, en las últimas seis décadas se cuentan más de 200.000 víctimas del conflicto armado en Colombia, de las cuales según las estadísticas sobre el tema al menos el 85% ha sido causado por las bandas de asesinos a sueldo, auspiciadas y armadas por los terratenientes y la burguesía; desde los pájaros del Llano en la década del 50, pasando por las agrupaciones de sicarios y paramilitares, financiadas por todo tipo de mafiosos, hasta las actuales Bacrin (Bandas Criminales), como las Águilas Negras, o el Clan de los Usuga, como sendas expresiones del paramilitarismo y de la política ultrareaccionaria y criminal del narcotráfico colombiano a lo cual hay que sumar la acción nefasta de miles de desapariciones, ejecuciones y masacres ejecutadas directamente por las fuerzas militares durante todos estos años aciagos para el pueblo colombiano.

Para las FARC, este acuerdo significa un punto de quiebre, puesto que siempre representaron una expresión de lucha armada del campesinado pobre de Colombia, en los primeros lustros de los 60 y 70, la conocimos como una guerrilla de liberación nacional y social, pero la lucha y la persecución implacable del aparato militar del estado, sin importar cuál partido burgués estuviese en el gobierno y luego de la instalación del narcotráfico y los paramilitares en la década de los 80, fue evolucionando y terminó actuando muchas veces, frente a la  población, como un ejército en guerra, por ejemplo; con el reclutamiento forzado de la juventud campesina, el cobro de vacunas a los campesinos y pequeños propietarios de los pueblos y en algunos barrios populares de las grandes ciudades, la extensión del secuestro y la extorsión, estos hechos junto a una política hegemónica y sectaria frente a las otras guerrillas,  muchas veces de  marginación o muy escasa presencia en la lucha sindical y popular en las grandes ciudades, también el carácter vertical de una guerrilla de comandantes, fueron incidiendo en cierta separación de su base social campesina y el marginamiento frente a las grandes luchas sociales y políticas de la clase obrera y sectores populares en Colombia. Pero si algún mérito ha tenido la guerrilla durante todos estos años es que resistió todos los embates del estado y los paramilitares, no se rindió, no entregó las armas, no fue derrotada militarmente, a pesar de que perdió mucho espacio político. Espacio que fue ocupado parcialmente por la guerrilla del M-19, a finales de los 80 y años más adelante luego de la desaparición de la Unión Patriótica, por el Polo Democrático y el MOIR (corriente maoísta), que ganó en la primera década del 2000, dos veces la alcaldía de la ciudad de Bogotá.

El caso de los más de 4000 asesinatos de los dirigentes de la Unión Patriótica, y su desaparición física, como proyecto político de oposición, a manos del ejército y los paramilitares merece mencionarse de manera especial (Nota 1).

Es en 1986 que una organización política, la “Unión Patriótica”, (UP), creada, dos años atrás desde lo profundo del movimiento popular, apoyada por las guerrillas de las FARC, con influencia notable del PC y dirigida por un famoso Jurista ligado al Partido Comunista de Colombia, Jaime Pardo Leal, participa en las elecciones municipales de 1986 hacia el final del Gobierno de Belisario Betancur. Con el resultado de las elecciones la UP gana alcaldías en 21 municipios y concejales en 216 municipios de los 850 que existían en el país, por todo el mundo era conocida la simpatía y la participación de las FARC en algunos municipios, por los candidatos de la UP. Este hecho creo pavor en la burguesía y los terratenientes que traían sus partidos clientelistas, Liberal y Conservador, con crisis internas, divididos, desprestigiados y con bajos porcentajes de participación electoral. Los altos niveles de impunidad frente al accionar del narcotráfico y a los asesinatos selectivos de dirigentes sindicales y políticos que se habían manifestado desde el gobierno anterior de Turbay Ayala (1978-1982), develaban la incidencia del narcotráfico en el aparato de justicia, en las fuerzas militares, además de que ya era conocida su influencia en la llamada clase política y en importantes sectores de terratenientes, ganaderos y algunos grupos industriales. Esta nefasta connivencia es la que lanza la creación del proyecto paramilitar, con el argumento de combatir y liquidar físicamente a la guerrilla, aparecieron las primeras organizaciones paramilitares como el MAS (Muerte A Secuestradores), financiadas por el conocido narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias EL Mexicano, jefe militar del cartel de Medellín. A manos de estos grupos, del propio accionar de sectores de las fuerzas militares, al servicio directo de ganaderos, narcotraficantes y grandes multinacionales insertadas por una u otra razón en el campo colombiano, es que son asesinados y masacrados más de 4000 dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, en menos de ocho años. Liquidando así, toda aspiración de los alzados en armas de participar en política, aun cuando fuese por medio de una organización política legal, mucho  más amplia y popular que la misma guerrilla.

 

El Fenómeno Paramilitar en Colombia.

Para no abundar con innumerables citas y ejemplos que ilustran este fenómeno macabro, en la introducción del libro, Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos de la investigadora Claudia Lopez, hoy senadora de la república por el partido Verde, leemos: “Resultó que una parte importante de las elites regionales y nacionales con una presencia decisiva en el Estado —ya como altos funcionarios del gobierno o como miembros destacados de los órganos de elección popular— se coaligaron con paramilitares y narcotraficantes para consolidar su predominio dentro y fuera del Estado y alterar la competencia política. En esa empresa produjeron en corto tiempo cifras de muertos y desparecidos similares o superiores a las dictaduras del Cono Sur en los años setenta y ochenta y desataron una ola de desplazamiento de la población civil más grande y dolorosa que la de aquellos gobiernos de facto”.  Tenemos que agregar que este predomino político se expresó electoralmente, con la llegada a los partidos políticos, a las alcaldías, concejos municipales, gobernaciones, y al parlamento de una franja importante de narcotraficantes, testaferros y políticos al servicio de los primeros, en pleno gobierno del presidente Cesar Gaviria, era vox populi, en los pasillos del congreso, que el 35% del parlamento era dominado por representantes directos o personajes ligados estrechamente al narcotráfico y los paramilitares. En ese sector de la ultraderecha colombiana ya figuraba como uno de sus principales representantes el senador (1986-1994), Álvaro Uribe Vélez, quien en 1995, con la mayor votación obligada en las poblaciones tradicionalmente liberales o conservadoras, resultó elegido Gobernador de Antioquia en 1995.

 

Desde mediados de los años 80, lo que subyace bajo la violencia paramilitar y el éxodo de cientos de poblaciones campesinas en Colombia, es la expropiación de la tierra a los campesinos, surgida de esa combinación de la necesidad que siempre ha tenido el narcotráfico de blanquear su capital, con la vieja y reaccionaria tradición de los terratenientes de expropiar por la violencia, la tierra a los campesinos pobres y colonos. De modo que entre 1986 y 1994 el fenómeno paramilitar facilitó la apropiación al narco y sus socios, de entre 4.5 y 6 millones de hectáreas de las mejores tierras, la mayoría localizadas en los valles de los ríos, donde curiosamente ocurrían las masacres y era obligado el desplazamiento de la población, En palabras de uno de los dirigentes de los paramilitares amnistiado en 2008, “Lo que hicimos fue una contrarreforma agraria”. Según las propias estadísticas oficiales, se presenta un cuadro en donde el 1% de las familias ricas en el campo concentran aproximadamente  60% de la tierra apta para producir. (Nota 2)

 

No podemos olvidar que al impulso de esta ola de crímenes de lesa humanidad se sumaron compañías multinacionales, como Chiquita Brands, empresas mineras, del sector energético, madereras, etc. Pero el apogeo del poder paramilitar se va a sentir con mayor fuerza en los dos gobiernos sucesivos del presidente Álvaro Uribe Vélez, de quien podemos decir que padeció de un problema de identidad política, pues a pesar de que sus principales colaboradores, nombrados por el mismo, como el jefe de la policía secreta (DAS), el comisionado de la Paz pactada con los paramilitares, ( quien fue denunciado por darle amnistía a grupos paramilitares que entregaron fusiles de madera), dos de sus edecanes de la guardia personal, su jefe de campaña y secretario privado de la presidencia, que llego al extremo de recibir a un jefe paramilitar perseguido por la justicia en el palacio presidencial, la acusaciones que pesan contra su hermano de haber fundado el grupo de los Doce Apóstoles en Antioquia y de haber sido el miso Uribe el principal promotor de las cooperativas Convivir, que luego se convertirían en apoyo de la estructura paramilitar, todos estos personajes muy cercanos al expresidente Uribe, han sido juzgados y condenados, por tener nexos políticos y militares con esas agrupaciones criminales, pero por milagro del cinismo y la mentira, llevado a su máxima expresión, él nunca tuvo nada que ver con esos hechos y como si no fuese suficiente, además acusa a quienes lo han denunciado, de ser colaboradores de la guerrilla y el terrorismo. En Colombia es bien conocido el refrán de que quien camina como Pato, grazna como Pato, nada como Pato y vive entre los Patos, es un Pato.

 

El ambiente Político de la Paz

Traemos este tema a colación porque el proceso de paz que se acaba de firmar en la Habana, siempre ha tenido ese enemigo declarado, que congrega lo más granado de la reacción y la caverna Colombiana, agrupados en una facción importante del antiguo liberalismo y sectores del partido conservador, llamada Centro Democrático y dirigida por el expresidente Uribe Vélez.

Por eso decimos que la paz tiene algo de esquiva, pues los enemigos de la paz, no lo son porque sean guerreristas solamente, sino porque expresan profundos intereses de clase, de ese matrimonio entre la lumpenburguesía que ha surgido del narco, los terratenientes ultraconservadores, sectores de la clase política paga al mejor postor y las multinacionales voraces que representan al imperialismo.

Sin duda lo que ha llevado al sector de la burguesía en el gobierno a firmar la paz, es la necesidad de explotar las riquezas naturales, las minas de oro, carbón, níquel, la madera, el petróleo, la palma aceitera, la explotación ganadera, el sector agrícola y agroindustrial, en el marco de los acuerdos de libre Comercio con los Estados Unidos, es decir en la entrega moderna de nuestra riqueza a las multinacionales a un bajo costo y en un ambiente de paz que no resulte tan caro a la burguesía y al imperio.

Por eso a la vez que firma la paz, el gobierno, que se anota un triunfo político importante, se apresura a poner a discusión del congreso el nuevo código de policía, que recorta las libertades democráticas a la población, de ahora en adelante la policía puede allanar un domicilio sin orden de un juez, puede intervenir y reprimir cualquier tipo de protesta que a su parecer atente contra la paz pública, así la protesta tenga permiso de las autoridades. Es decir continúa la legitimación del Estado de Sitio o de excepción, para adelantarse a la represión de la protesta social.

Por otro lado hay sectores burgueses en el liberalismo como el de Horacio Serpa, que se preparan para una nueva constituyente,

Es en este ambiente político y con ese fuerte sector ultraconservador y reaccionario de la burguesía en contra, es que se tiene que configurar la parte final de los acuerdos de paz, de concreción del desarme y del paso hacia la vida política legal para la guerrilla más grande y antigua de América Latina.

(*) Lucas Guerrero es militante del MAs de Panamá, y durante mucho tiempo fue miembro del Comite central del PST de Colombia en la década del 70/80

Nota 1: Los datos sobre la Unión Patriótica (UP), se han tomado de la publicación, Genocidio Político: El Caso de la Unión Patriótica en Colombia” – por Iván Cepeda Castro, 2006

Nota 2. Información de la revista semana en el año 2012, confirma lo que decimos más arriba. Actualmente el 77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el 30% de la tierra.

 Se calcula que 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas dos décadas, esto es el 15% de la superficie agropecuaria del país.

Nota uno  La publicación, Genocidio Político: El Caso de la Unión Patriótica en Colombia” – por Iván Cepeda Castro, 2006

Nota 2. Información de la revista semana en el año 2012, confirma lo que decimos más arriba. Actualmente el 77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el 30% de la tierra.

 Se calcula que 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas dos décadas, esto es el 15% de la superficie agropecuaria del país.