DECLARACION FRENTE AMPLIO

Comité Permanente 

El día viernes 14 de octubre en la vía vecinal que une las comunidades de Choquecca Antyo, Pumamarca, Allahua y Quehuira, ubicadas en el distrito de Challhuahuacho de la provincia de Cotabambas en la región Apurímac, se produjo un enfrentamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra un contingente de comuneros que bloqueaba la carretera exigiendo el pago de compensaciones por servidumbre de paso, dado que la mesa de dialogo no daba resultados concretos.

El mencionado día, según versión del Ministerio del Interior, la PNP realizó, sin permiso de su comando, pero presumiblemente en coordinación con la empresa minera MMG Limited el desalojo de comuneros que habían bloqueado la carretera mencionada.

Como resultado de este operativo murió el comunero Quintino Cereceda Huisa, de 42 años, quien cayó victimado por un disparo en la cabeza probablemente por la policía. Varias personas más resultaron heridas, incluyendo miembros de la PNP y otros fueron apresados.

Luego de 2 días, el cadáver del comunero Cereceda, que estaba siendo protegido por la comunidad, fue finalmente levantado por autoridades del Ministerio Público. La situación en Las Bambas es extremadamente crítica, agravada por la indolencia de las autoridades gubernamentales en las mesas de dialogo. Lamentablemente, una vez más, el gobierno ha respondido a favor de las inversiones mineras y en contra de la vida de las personas. Se ha producido el primer muerto de régimen de Peruanos por el Kambio (PPK).

Luego del estallido social de septiembre de 2015, recién se instaló una mesa de diálogo cinco meses después, en febrero de 2016 y la primera reunión se realizó a fines de abril de este año. Asimismo, ha transcurrido más de un año que se produjeran tres lamentables muertes, una veintena de heridos y más de 100 comuneros con acusaciones diversas y la población no percibe avances.

La agenda pendiente comprende temas ambientales, demandas sociales, pésimos acuerdos de compras de tierras que deben ser revisados, el complejo tema de la carretera, el tránsito pesado, entre otros. Las demandas son diversas y los actores locales presentan varios frentes de negociación. Unos optaron por sentarse en la mesa de diálogo, que tuvo una última sesión el pasado 6 y 7 de octubre y otros buscan establecer canales de negociación directos.

El malestar es enorme en la zona y las comunidades anuncian el inicio de marchas y un paro provincial. En este marco, es inaceptable y un pésimo mensaje que la Policía Nacional destacada en la zona siga operando, teniendo como base principal el campamento de la empresa minera, como si fuese una policía privada. Aparentemente, el esquema de convenios entre empresas mineras y la Policía Nacional, que se había visto en Yanacocha, Antamina y Espinar, se ha vuelto a reproducir en Las Bambas.

El gobierno debería entender que éste es un tema central y no debe dejar pasar más tiempo para tomar la iniciativa. Se debe priorizar una acción preventiva, una actuación multisectorial, acercando el Estado a las regiones y sobre todo  incorporando un claro enfoque de derechos y reconociendo que los territorios donde se desarrollan las inversiones no son espacios vacíos

Desde el Frente Amplio nos solidarizamos con las comunidades afectadas y demandamos:

-Una exhaustiva investigación para dar con los culpables de la muerte de nuestro hermanoQuintino Cereceda y sean severamente sancionados. Ninguna inversión vale más que una vida.

– Indemnización de los deudos de las tres víctimas del 2015 y de Quintino Cereceda.

-.Revisar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA Las Bambas en relación con los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental, la instalación de la planta de Molibdeno, la de filtros y el almacén de concentrados, así como comprometerse a cumplir con las regalías mineras y no adelantar depreciaciones de activos para eludir impuestos y por lo tanto canon de los próximos años.

– Cumplir y hacer cumplir con TODOS los acuerdos y pedidos de las mesas técnicas instaladas y que el Gobierno Nacional informe a la ciudadanía estos acuerdos y en qué plazos se va a dar.

– El gobierno debe proceder de inmediato a una Declaratoria de Emergencia Ambiental en las provincias afectadas por el proyecto minero.

– Derogar las leyes que criminalizan la protesta social

– Regular el uso de armas y otros medios por personal de las fuerzas policiales y FF.AA

-Prohibir la suscripción de convenios de seguridad entre la PNP y empresas del sector extractivo.

¡NI UN MUERTO MÁS!

¡UNA VIDA VALE MÁS QUE CUALQUIER PROYECTO!