07/06.- Marea Socialista Caracas emitió un comunicado público profundizando en las caracterizaciones de dos actores principales de la violencia política en Venezuela: los denominados ¨colectivos¨ armados y los conocidos guarimberos. A continuación ofrecemos a los lectores un breve índice donde podrán ubicar los subtítulos de este comunicado y más abajo el comunicado completo, donde se abordan los argumentos que esgrime esta organización en torno a la coyuntura y la ubicación de los fenómenos y actores políticos del momento.

INDICE

1. Introducción

2. La trampa de la polarización y el juego del “Bueno” y el “Malo”

3. ¿Quién es responsable de la crisis?

4. Las dimensiones de la violencia parapolicial

5. Guarimberos extremistas

6. “Colectivos” armados

7. Historia de lucha y la doble moral de la izquierda

8. La irresponsabilidad criminal de las cúpulas de la MUD

9. La violencia como consecuencia del rumbo neoliberal y represivo

10. Otro tipo de oposición: Consignas del pueblo y método democrático

11. Aclaratorias

12. Referencias

No a la Violencia: Ni “colectivos” armados, Ni guarimberos

El problema de la violencia política y los derechos del pueblo

 

NOTA: debido a la tergiversación del lenguaje que existe en el país a partir de las campañas mediáticas desarrolladas por los grandes poderes, al final del documento hacemos aclaratorias de términos que podrían malinterpretarse, identificadas con asteriscos (*).

Introducción

Ha sido un año complicado y extremadamente conflictivo. Los escenarios cambian rápidamente y la incertidumbre de la población venezolana es mayor que en 2016. En mes y medio, han muerto más personas que durante los cuatro meses de guarimbas en 2014. Ambiente de violencia en ascenso y, si se mantiene al ritmo actual, habrá mayor confrontación. Sin embargo, este escenario de confrontación se puede evitar. Detener la escalada de violencia. Organizar el descontento. Se perciben nuevos signos. La mayoría del pueblo venezolano comienza a actuar de otra manera. Se alza una voz diferente a las de la polarización. Hay que organizar la indignación y podrá dársele un rumbo legítimo a la lucha del pueblo.

Es imprescindible definir y señalar a los sectores violentos producto de la polarización. Guarimberos y colectivos. ¿Quiénes son? ¿Qué intereses defienden? ¿Cómo actúan? ¿A quién le conviene esta violencia? ¿Qué relación hay entre estos grupos y quienes manifiestan de manera pacífica? ¿Existe una relación de identidad entre ellos? Ante todo esto, ¿qué hacer y cómo? Hay que dar un debate político sincero, entendiendo que las respuestas no son fáciles, inmediatas, directas, porque la misma incertidumbre y los cambios políticos son acelerados, a veces, imprevisibles. Por eso mismo, debatir es buscar el camino, no aceptar lo que se da por sentado desde los dos extremos, desde una misma violencia de dos puntas, que se excusa una en la otra.

La trampa de la polarización y el juego del “Bueno” y el “Malo”

Los medios de comunicación venezolanos han perdido toda credibilidad en Venezuela. Los audiovisuales e impresos, los oficialistas y los que están bajo la influencia de la MUD. Cada uno juega con la información, “informa” a su favor. Salvo algunas excepciones, se muestran posturas parciales y tergiversadas, peor aun cuando existen fallecidos durante las manifestaciones.

Es necesario dejar la visceralidad a un lado. De lo contrario caeremos directamente en la trampa de la polarización. El maniqueísmo juzga con fanatismo las acciones del único adversario, rechaza cualquier cosa que diga y asume que toda la crisis y las muertes son responsabilidad directa y única del que se encuentra del otro lado. Todo se reduce a un lado completamente bueno y otro completamente malo.

La polarización conduce únicamente a la confrontación de los venezolanos comunes, los que padecen la crisis, y desvía la atención de los problemas reales y de los corresponsables de esta situación. La polarización es parte de la trampa.

¿Quién es responsable de la crisis?

Es necesario partir de lo estructural. Sin embargo, esto implica profundizaciones que desviarían la atención del tema principal. Esbozamos aquí apenas tres ideas, desarrolladas y planteadas en documentos anteriores [1]:

1) El gobierno es el principal responsable de la crisis actual, por sus políticas de ajuste neoliberal, y por haber favorecido al capital financiero internacional. Todo esto se viene gestando desde 2014. Zonas Económicas Especiales, Proyecto del Arco Minero del Orinoco, entrega de la faja petrolífera a empresas transnacionales, explotación a cielo abierto de las minas de carbón de la Sierra de Perijá, la reducción de las importaciones (en más de 60%) para poder pagar una deuda externa no auditada, y la complicidad de oficialismo y MUD ante el desfalco por corrupción de al menos 500.000 millones de $, clientelismo y quiebra de empresas nacionalizadas (como Café Venezuela, la Corporación Venezolana del Cemento, Sidor, etc.), son sólo algunos ejemplos.

2) El gobierno acompaña su programa de ajuste con una política sistemática de represión en distintos niveles [2].

3) La MUD es cómplice y corresponsable de la crisis. Desde su victoria, en las elecciones de diciembre de 2015, sus principales dirigentes apuestan a salidas violentas, fuera del marco de la constitución y fue en buena parte responsable del fracaso de convocatoria al referéndum revocatorio. La MUD utiliza la crisis como propaganda política, mero tema de sus discursos, y en cambio no acompaña las luchas populares de los sectores excluidos (como las luchas de trabajadores y obreros, feministas y de género, ambientalistas y ecológicas, salud, derechos sociales, etc.). No apoya la auditoría contra la corrupción, la revisión de la deuda externa, los derechos de los otros partidos, fuera de la polarización, etc. Se ha expresado a través de convocatorias cada vez más vacías, sin programas a ningún plazo, y que conviene al proyecto personal de sus dirigentes y de las cúpulas que los acompañan.

Las dimensiones de la violencia parapolicial

La violencia ha generado, hasta el 5 de junio, un saldo preocupante de 80 fallecidos, que se han reportado en los medios de comunicación, y más de 480 heridos por derechos fundamentales según el Ministerio Público. Además, de la represión que estas cifras evidencian, sumado a las acciones del Estado desde inicios de año, hay una violencia que los medios y las cúpulas responsabilizan al bando contrario recíprocamente. Para el gobierno, los fallecidos son responsabilidad de los guarimberos. Para la dirigencia de la MUD, los fallecidos son de la represión o de los “colectivos”. Un juego macabro que exacerba ánimos y parcializa posturas.

Esta manipulación oculta las graves consecuencias de la violencia parapolicial. De los 39 fallecidos registrados desde abril hasta el 4 de Mayo, quince (15) involucran directamente a grupos irregulares [3], entre los cuales se encuentran 13 civiles, un guardia nacional y un policarabobo. Diez de ellos por impactos de bala.

Resulta sumamente alarmante, que la responsabilidad de casi el 40% de los asesinados recaiga sobre los sectores violentos, cifra que podría aumentar. El juego y la manipulación mediática en pro de los intereses políticos, enturbia aún más el escenario y dificulta la determinación de las responsabilidades. Pareciera que estas muertes son simples números que abultan las noticias y ayudan a posturas políticas, y muestran desinterés por las causas reales de tales hechos.

Además, hay que sumar decenas de heridos por agresiones varias, linchamientos, amedrentamientos a no manifestantes, destrucción de espacios públicos (como edificios y hospitales), y acciones que de continuar y propagarse nos puede conducir a una convulsión social incontrolable. Por ello resulta indispensable rechazar contundentemente la acción de estos grupos violentos que solo imponen su dinámica y perjudican a todos los venezolanos, particularmente, a los menos favorecidos.

Guarimberos extremistas (*)

El gobierno ha creado una campaña comunicacional que afirma que los guarimberos son sectores de paramilitares financiados por agentes externos, de acuerdo con las clases altas de nuestra sociedad. Aunque ciertamente existen grupos que reciben dicho financiamiento, sus características son mucho más complejas. El financiado o el paramilitar es una parte realmente minoritaria de este fenómeno.

Los guarimberos son un sector político extremista que se ha venido propagando en las principales ciudades del país. Corresponde principalmente a sectores de clase media, pero empieza a haber una incipiente participación de personas de sectores populares, forzados ante la ausencia de otras alternativas. Aunque desarticulados entre sí a nivel nacional, demuestran símbolos claros de una política reaccionaria, xenofóbica, racista, discriminatoria y una intolerancia ante todo lo que guarde relación directa o indirecta con los movimientos de izquierda, el mismo Chávez y hasta el Chavismo como fenómeno político. Más allá de críticas políticas fundamentadas, vienen expresando cargas emocionales de odio y rechazo a estos símbolos, apartándose del reconocimiento de otros sectores y de toda posibilidad de dialogo.

Aunque rechazan a buena parte de la dirigencia de la MUD, al igual que a los del gobierno de manera evidente, son acompañados y respaldados por los sectores más violentos, neoliberales y elitescos de la oposición, como María Corina Machado [4]. Todas sus iniciativas se traducen en acciones vandálicas, enarbolando consignas radicales impuestas por la MUD, como “NO más dictadura”, y expresiones claras de anti-chavismo fanatizado. Rechazan el debate democrático, incluso con los sectores que manifiestan de manera pacífica. Se adelanta una política de “cacería de brujas” en caso de llegar al poder, y una intención de aliarse al sector financiero internacional, como han demostrado iniciativas de esta índole en otros países (como “Amanecer Dorado” en Grecia). Además, políticas reaccionarias con símbolos autoritarios, de sectarismo y de ajuste, en cierta medida similar (e igual de peligrosa) a la del gobierno, pero con intereses políticos y económicos contrarios.

Estos grupos han instalado una especie de estado de sitio temporal en algunas urbanizaciones o zonas completas, aprovechando convocatorias a manifestaciones o trancazos, a veces como respuesta a la represión desmedida de parte del gobierno. Toman calles y avenidas principales; se instalan como entes superiores al estado durante los días de conflictos; establecen horarios de compras o adquisición de servicios, restringiendo arbitrariamente la entrada y salida de quiénes viven en las zonas tomadas, agrediendo a todo aquel que se pronuncien en su contra o critique dichas acciones. Se ha llegado a cobrar “vacunas” a vehículos que pretendan transitar por las barricadas.

Esta descripción queda reflejada en las acciones que los guarimberos extremistas han llevado a cabo en abril y mayo:

– Asesinato de civiles y, en menor medida, de miembros de los cuerpos de seguridad.

– Linchamientos y quema de personas (incluso de no manifestantes) durante las protestas [5]

– Toma de urbanizaciones o sectores en los que han impuesto autoridad [6]

– Quema de sedes del Ministerio Público [7]

– Ataque a espacios de servicios públicos como hospitales [8]

– Amedrentamiento de habitantes de sus propias zonas.

– Mensajes de odio e incitación a la agresión a sectores políticos distintos y a todo aquel que no quiera sumarse a sus iniciativas violentas [9]

“Colectivos” armados (**)

Grupos históricos de la izquierda venezolana, algunos con relación directa a la experiencia de la guerrilla en los 60 y 70, y que para 1999 tenían presencia en sectores populares de Caracas y de otras capitales del país, se vincularon a los inicios del proceso bolivariano. De la misma manera como ocurrió con los movimientos sociales (de vivienda, comunitarios, estudiantiles, de trabajadores, etc.), estos grupos se degeneraron progresivamente a partir de la cooptación propiciada por la dirigencia del PSUV, y de la clara burocratización del proceso chavista, acentuada en el auge de la renta petrolera. Algunos pocos colectivos o grupos mantuvieron sus principios ideológicos, y actualmente hacen un esfuerzo por desarrollar trabajos comunitarios y/o de producción autosustentable, pero una gran parte de ellos se convirtió en un apéndice directo del Estado, con la voluntad de acceder a una parte de renta petrolera. Al relacionarse con la dirección burocrática del proceso, ésta confiscó la posibilidad de participación y autonomía verdaderas.

En los últimos años del gobierno de Chávez, se fueron multiplicando dichos grupos, surgiendo en zonas donde eran completamente inexistentes años atrás. Desprendidos de toda relación con el trabajo comunitario de base, se empezaron a instalar como organizaciones de control territorial. Cada “colectivo” fue instalando su local exclusivo, empleado como centros de operaciones políticas y de micro-negocios, con pleno financiamiento del Estado. Además, se emplearon como comandos de campaña durante los diversos eventos electorales. Al poseer una cantidad importante de armamento de todo tipo y de dudosa procedencia, comenzaron a ejercer una suerte de autoridad por encima, incluso, de los cuerpos de seguridad del Estado, controlando amplios espacios (sin invadir la actividad ni los espacios de otros “colectivos”), imponiendo nuevas reglas a la comunidad, según sus criterios.

El carácter mafioso, corrupto y criminal de acumulación, por parte de las cúpulas gubernamentales, fue permeando a estos grupos violentos. El proceso de depuración de cuerpos de seguridad anteriores, que estaban altamente corrompidos, como la PTJ y la Policía Metropolitana, dio origen a la formación de los nuevos “colectivos” armados, inexistentes hace una década. Su entrenamiento militar, las armas y los porte de arma (que solo debería manejar el ejército), la impunidad de sus acciones, son evidencias de su relación directa con instituciones públicas.

Esta dinámica, contundentemente rechazada por las comunidades de los sectores populares, se ha agravado con el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy los “colectivos” armados instalados en los barrios de las principales ciudades del país responden a una voz de mando central, un burócrata de alto poder en el Gobierno. Han estado vinculados directamente a programas impulsados por el Ejecutivo, ejerciendo una posición de administración y vigilancia de operativos sociales como Mercal y CLAP, por citar sólo algunos; e incluso esto les ha permitido establecer negocios de reventa de alimentos y otros productos, el conocido como “bachaqueo” [10].

Con el agravamiento de la crisis estos grupos violentos han buscado afianzar una estructura de control social sobre las comunidades, imponiendo orden en las colas, y amedrentando a los habitantes que se quejen o que sean reconocidos como opositores. Además, vienen actuando directamente como grupo de choque contra todo tipo de manifestación política o reivindicativa, como ocurrió durante la protesta del sector universitario, a principios de año, en la que miembros de estos colectivos agredieron a estudiantes y civiles [11]. Ante esta realidad, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana se mantienen al margen, sin atender a las permanentes denuncias de la ciudadanía, y en algunos casos estos organismos han llegado a ser cómplices directos de sus acciones.

Durante los meses de abril y mayo los “colectivos” armados han llevado a cabo sus prácticas políticas con total impunidad:

– Vinculación directa con asesinato de civiles

– Amedrentamiento y agresión directa contra manifestantes pacíficos y desarmados [12]

– Agresión a periodistas y robo de equipos [13]

– Agresión y ejecución de disparos contra policías y manifestantes pacíficos [14]

– Porte evidente de armas de fuego (largas y cortas) y armas blancas en distintos puntos de la ciudad [15]

Historia de lucha y la doble moral de la izquierda

La violencia política hoy no se restringe únicamente a las acciones vandálicas de los guarimberos extremistas, ni a las acciones reaccionarias de los “colectivos” armados. Existe una violencia legítima de los ciudadanos, que se movilizan pacíficamente ante la represión de las fuerzas de seguridad. Pretender mezclar el vandalismo guarimbero con la confrontación de manifestantes con cuerpos de seguridad es caer en la superficialidad tendenciosa de la polarización, y hasta negar décadas de confrontación Estado-pueblo, en las que incluso participó la vieja izquierda infinidades de veces.

Los ajustes económicos, las crisis y la restricción de derechos son catalizadores para las protestas populares. Ocurrió durante el siglo XX, con la revolución mexicana, la revolución rusa y la cubana, el Mayo Francés, la caída de las dictaduras de latinoamericanas, el “Caracazo”, por citar algunos casos. Ocurrió durante la primera década del siglo XXI con el “Argentinazo”, los “indignados” en Europa, los Ocupa Wall Street. Y sigue ocurriendo hoy con las movilizaciones multitudinarias de jóvenes y trabajadores en todos los continentes, así como ocurre en Brasil, donde el pueblo se moviliza y el Estado reprime de forma desmedida [16].

Sectores del pueblo trabajador se movilizan permanentemente y el Estado las reprime de muchas maneras y en distintos niveles. Ante la represión, los sectores populares se defienden con piedras, bombas molotov, barricadas o con lo que encuentren. Son tácticas de lucha históricas, que no se inventaron en 2017 en Venezuela, y que no tienen nada que ver con la quema y destrucción de espacios públicos selectivos, con el objetivo de crear caos. Criminalizar estas tácticas, es criminalizar las luchas históricas venezolanas. ¿O es que ahora lanzar piedras y bombas molotov es un crimen de lesa humanidad?

Se puede o no estar de acuerdo con el objetivo de la manifestación o de sus dirigentes, se puede participar, ignorar o estar en contra, como es el caso de las manifestaciones de la MUD en las que no participamos. Pero aprobar, desde la izquierda, la arremetida de los cuerpos de seguridad del Estado (burgués, por cierto) contra manifestantes desarmados, por no estar de acuerdo con sus exigencias, es una clara expresión anti-democrática y autoritaria, inaceptable. Se rompe cínicamente con los códigos y principios revolucionarios que se han construido en el último siglo. ¿O es que reprimir una movilización popular de cientos de miles de personas está bien porque no la lidera una dirección marxista-leninista como pretende ser la del gobierno? ¿O es que hay ciudadanos (del 99% explotado) con más o menos derechos según su propia ideología?

Por otro lado, justificar la represión de las manifestaciones por la participación en ellas de sectores minoritarios violentos es igualmente un error. ¿En las manifestaciones participan guarimberos extremistas? De seguro. Así como en las movilizaciones gubernamentales PSUV-GPP participan miembros de los “colectivos”. En ambos casos siguen siendo una minoría y no deslegitima las manifestaciones. Por ello, el discurso polarizado pierde toda coherencia y expresa una peligrosa doble moral. ¿O es que el “Caracazo” fue una movilización organizada y homogénea? ¿Por qué se admira el “Caracazo” si no tenía dirección política clara? En ningún momento afirmamos que el “Caracazo” exprese lo mismo que las movilizaciones de la MUD, pero sí afirmamos que no existe justificación para la represión desmedida en ninguno de los casos. Ninguna lucha es pura y expresa sectores muy diversos de la sociedad.

La Irresponsabilidad criminal de las cúpulas de la MUD

En los últimos dos meses, la dirigencia de la MUD se ha mostrado sumamente irresponsable. Su ambigüedad en los objetivos de las manifestaciones, su ausencia de análisis y propuestas para superar la crisis económica, social, moral; su discurso reaccionario y superficial de reducir todo a un “Fuera Maduro” y “No más dictadura”, ha despertado una violencia descontrolada, que se ha impuesto en el escenario nacional. Ese reduccionismo, que deja a un lado la complejidad de la situación y de la sociedad venezolana, ha dado paso para que los sectores más radicales impongan su agenda, estableciendo su forma de lucha como la “única” posible y viable; mientras miles de manifestantes pacíficos salen a las calles para, lamentablemente, ser carne de cañón de la doble violencia que se esconde bajo la polarización.

La MUD deja a un lado el terrible impacto de la violencia extrema. Al igual que el gobierno con el caso de los colectivos armados. Ninguno de los dos se deslastra de estos grupos. No importan los responsables, ni importan las tácticas; no importa si hay un direccionamiento correcto o si es necesario que mueran cientos de personas; al final para la MUD es “culpa del régimen”. Este tipo de violencia solo favorece la polarización de las cúpulas PSUV-MUD, y busca exacerbar los ánimos y las emociones para sumar a la política visceral de odio y enfrentamiento.

Y es que los discursos de los dirigentes más ultrosos, como María Corina y Freddy Guevara, ocultan los debates de fondo: la crisis y las condiciones de vida del pueblo venezolano. Al parecer el problema no es como solventar la escasez de alimentos y medicinas, las alternativas al Arco Minero y las Zonas Económicas Especiales, el pago forzoso de la deuda externa no auditada, los derechos sociales, los feminicidios, el estado de abandono crítico de los hospitales y el sistema de salud, la criminalidad desatada, la minería ilegal y el robo por corrupción de más de 500.000 millones de dólares ($). El problema es el Madurismo, la libertad (en abstracto) y liberar a Leopoldo López. Para ellos el problema no es el colapso del modelo rentista y cómo desarrollar una economía productiva y soberana, su problema es que Maduro es el que está administrando la renta de manera mafiosa.

Por eso, la dirigencia de la MUD se dedica a imponer su agenda (al mejor estilo del PSUV). Por eso tergiversa toda lucha político-social legítima a partir del malestar inclemente de la población, con propuestas por fuera del marco constitucional. Por eso es que en vez de discutir y diagnosticar el problema de la libertad de prensa y la necesidad de la comunicación alternativa, convoca a marchar en honor a RCTV (canal plenamente parcializado a favor de un sector empresarial durante décadas en Venezuela). Por eso la cúpula de la MUD es hoy un freno objetivo para la construcción de una alternativa real de lucha contra el plan de ajuste del gobierno.

La violencia como consecuencia del rumbo neoliberal y represivo

Entonces, todo el escenario de violencia de este año no es una causa, sino un producto de una política equivocada del gobierno. Desde 2014 el gobierno viene aplicando un ajuste económico contra el pueblo venezolano. El aumento de la desigualdad social y de la pobreza [17] a partir de la ejecución de medidas neoliberales (mencionadas anteriormente), y aceleradas con la caída del precio internacional del petróleo, sumado a la limitación clara de derechos democráticos constitucionales (elecciones sectoriales, discusión e incumplimiento de contratos colectivos, militarización de empresas e instituciones, postergación de elecciones regionales, suspensión arbitraria del referéndum revocatorio, ANC sin referéndum consultivo, entre otros) conduciría inevitablemente a más violencia y confrontación social. Como de hecho está ocurriendo.

Reducir el discurso a que todo acontece a partir de una conspiración imperialista, es obviar por completo las terribles condiciones de vida en las que se encuentra el pueblo venezolano. Ciertamente, existen organismos internacionales que obedecen a los poderes mundiales y tienen un carácter injerencista, pero el capitalismo imperial está personificado en gobiernos y burócratas, empresas transnacionales, bancos y organismos financieros internacionales con los que el gobierno tiene excelentes relaciones a partir del pago deuda externa (ilegal, ilegitima y mafiosa), las Zonas Económicas Especiales y la firma de contratos írritos en la Faja Petrolífera y el Arco Minero del Orinoco.

Otro tipo de oposición: Consignas del pueblo y método democrático

Hoy el debate de la táctica, de la forma y de los métodos de lucha vuelve a la palestra. Un sector minoritario concluyó que al gobierno se le derrota con guarimbas y caos y, de manera sectaria, pretenden imponer una idea de “dictadura” clásica, apelan al foquismo como único método válido de la lucha, con el discurso pírrico del “Fuera Maduro”, sin una propuesta de país alternativo. Nos encontramos entre dos abismos. Pero en realidad se viene demostrando que con guarimbas y marchas el Gobierno no va a caer, sino que al contrario, se ha visto favorecido.

Las guarimbas y el vandalismo alejan al grueso del pueblo venezolano, al trabajador de cada día, al empleado y obrero, de la lucha en la calle, e incrementa la polarización, acrecienta la irracionalidad y el odio, reduce principios éticos y humanistas, para evitar el debate político y preparar un peligroso escenario de mayor confrontación y derramamiento de sangre.

La participación masiva del pueblo, con toda su heterogeneidad, es determinante para generar cambios políticos contundentes. Estos no ocurren por simples deseos, buenos discursos, o simplemente por tener la “razón”. Sin apoyo popular activo y presencial, la lucha queda aislada y alejada de todo verdadero objetivo político.

Para incorporar a sectores masivos del pueblo debemos dejar de lado los viejos vicios sectarios, anti-democráticos y reaccionarios tradicionales en Venezuela, y comenzar a construir una política distinta. Para incorporar a sectores masivos de gente, debemos escuchar al pueblo y empezar a visualizar las luchas populares más sentidas. Dejar de reflejar deseos y acciones particulares, y empezar a reflejar el sentimiento y el accionar colectivo.

Para enfrentarse a las políticas de ajuste del gobierno y sumar a todos los sectores sociales es clave poner en pie una nueva alternativa política, para lo cual creemos que hay dos pilares fundamentales:

1) Consignas del pueblo: reflejar las necesidades y luchas más sentidas de la población. Consignas amplias que contemplen a múltiples sectores y sus exigencias.

2) Método democrático: para discutir: a) las tácticas y estrategias de lucha en la calle, someternos a la voluntad de la mayoría de la población, y no a la acción de lo que pretendan imponer grupos violentos minoritarios; b) las consignas unitarias, las medidas mínimas para detener la crisis socio-económica que padece el pueblo venezolano y propuestas de fondo para construir un nuevo proyecto nacional. Para mejorar las condiciones de vida y recuperar los derechos sociales y políticos, es necesario encontrarnos en espacios diversos y participativos. La salida de Maduro por sí sola no garantiza bienestar ni un mejoramiento de la situación, el problema es el modelo rentista y presidencialista.

Desde Marea Socialista – Ccs planteamos:

NI MUD, NI PSUV

NI “COLECTIVOS” ARMADOS NI “GUARIMBEROS” EXTREMISTAS

MOVILIZACIÓN ACTIVA Y DEMOCRÁTICA

CONSTRUYAMOS OTRO TIPO DE OPOSICIÓN

Desde Marea Socialista – Ccs proponemos:

EXIGIMOS SER CONSULTADOS EN TODO

 

REFERENDUM CONSULTIVO PARA LA ANC

El poder constituyente reside intransferiblemente en el pueblo. Cualquier cambio de la CRBV debe ser consultado con el poder originario mediante referéndum. No puede instalarse una ANC sin consultarle al soberano si desea cambiar la carta magna.

AUDITORIA PÚBLICA Y CIUDADANA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL HAMBRE

Se desaparecieron por desfalco más de medio billón de dólares, cantidad suficiente para garantizar el consumo del pueblo venezolano durante varios años sin contar con ingresos petroleros, y por tanto, sin importar el precio del petróleo.

AUMENTO INMEDIATO DE IMPORTACIÓN DE MEDICINAS Y ALIMENTOS – NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA

Sacrificar el alimento y salud del pueblo para pagar deuda a bancos y organismos financieros internacionales es criminal. Deuda que no generó el pueblo venezolano y que gran parte pareciera ser de ilegítima e ilegal uso y proveniencia, como sucedió con Grecia y Ecuador, quienes lograron poner en movimiento procesos de auditoría. ¡Auditemos la deuda externa venezolana y determinemos lo que es legal!

CALENDARIO ELECTORAL (2017-2018) E INSCRIPCIÓN ABIERTA DE PARTIDOS Y TARJETAS

La salida de la crisis solo se logra con más democracia, y no con menos. El referéndum revocatorio se detuvo de manera autoritaria y las elecciones regionales han sido postergadas por fuera de los lapsos constitucionales. Se hace urgente que se comprometa un cronograma electoral, pero de todas las elecciones contempladas para el período 2017-2018, con lapsos bien definidos, y se detenga la proscripción de grupos políticos mediante la apertura de inscripción de tarjetas electorales sin criterios anti-democráticos.

La lucha por la justicia social y los derechos democráticos no es de un solo grupo ni del que lance más piedras. Es de toda la población que se siente parte de ella.

Aclaratorias

(*) Cuando hablamos de “guarimberos” extremistas no nos referimos a manifestantes que se defienden de las agresiones o arremetidas de los cuerpos de seguridad del Estado en manifestaciones pacíficas.

(**) Cuando hablamos de “colectivos” armados no nos referimos a ciudadanos organizados en agrupaciones sociales o políticas con trabajo comunitario real, honesto y sin amedrentamiento. Creemos que conceptualmente la palabra “colectivo” ha reflejado una perspectiva amplia y distinta de hacer política, pero la realidad es que hoy el grueso de la población utiliza dicha denominación para referirse a grupos oficialistas armados y violentos.