Panamá: el país donde la Odebrecht hizo su segunda casa

MAS – PANAMÁ

Debemos de empezar señalando que la función general del Estado, más aun en este período de crisis del capitalismo es la de mantener el statu quo de la manera o forma como está organizada la sociedad, o sea garantizar la producción y distribución de bienes y servicios y el sistema de clases que lo sostiene. Esa necesidad de mantener ese estado de cosas se logra por medio de instituciones que ejercen su autoridad de manera coactiva. El Gobierno de la República, la Asamblea de Diputados, La Corte Suprema de Justicia, El Ministerio Público, La Policía Nacional, representan por excelencia entre otras, esa clase de instituciones que se encargan de hacer cumplir tales fines.

Hasta la invasión del 20 de diciembre de 1989, las Fuerzas de Defensa, antigua Guardia Nacional, representaban la institución más importante del Estado, de ahí la definición de Régimen Militar. Por otro lado se acostumbra a señalar al gobierno como el órgano encargado de conducir la política del Estado. Con la llegada al poder de Guillermo Endara a consecuencia de la invasión se inaugura el período que actualmente estamos viviendo, al que la burguesía y los medios han querido llamar “Democracia”, por la participación que tiene el pueblo cada cinco años de decidir a través del voto popular, quien llega al poder. Éste gobierno que se inició después de la invasión tenía una característica propia del modelo que comenzaba a tener vigencia, su carácter presidencialista. Su objetivo en un primer momento era estabilizar el Estado, recomponer y desarrollar la actividad privada, el funcionamiento de las oficinas públicas y demás instituciones.

De ser el Comandante de las Fuerzas de Defensa la figura central del gobierno, ubicado en el Cuartel General, paso al Palacio de las Garzas, dando inicio al actual Régimen Bonapartista, en otras palabras, un régimen parlamentario con un ejecutivo que concentra mucho poder del estado, (Presidencialismo). Una de las características más comunes que poseen ambos regímenes obedece al hecho que su autoridad está visiblemente muy por encima de los otros órganos del Estado, la Asamblea de Diputados y la Corte Suprema de Justicia. Con la llegada al poder de Ernesto Pérez Balladares en 1995, Panamá entra de lleno a la globalización, mediante la aplicación de las políticas neoliberales, las cuales no se habían podido aplicar anteriormente por la crisis de los ochenta con los militares y por la debilidad del gobierno de Guillermo Endara. Se privatizan las empresas estatales, IRHE, INTEL, los ingenios azucareros, se afectan los servicios de salud, agua y se comienza a abandonar el agro a su propia suerte.

UNA NUEVA ETAPA

En cuanto a la actitud asumida por la burguesía local para hacerle frente a los nuevos fenómenos económicos internacionales, profundización de la aplicación de políticas neoliberales y globalizadoras, las mismas se expresaron a través de un comportamiento muy controvertido, la venta de las empresas nacionales a capitales extranjeros. Algunas de ellas habían tomado casi 70 años en desarrollarse, tal fue el caso de la Cervecería Nacional, otras, las cementeras, concreteras, lácticos, casi cincuenta años, empresas agroindustriales prosperas como Café Durán, Bonlac, Nevada, fueron vendidas.

Lo cierto es que la venta de las empresas nacionales, trajo consigo que ahora la burguesía nacional o por lo menos una parte importante de ella, ya no iba a acumular por medio de la venta de bienes y servicios en el mercado local, abriéndose paso entonces con esos capitales logrados por la venta de sus empresas, la promoción de otro sector de la economía, que aunque muy dinámico lo hizo de una manera irracional y desordenada, la industria de la construcción y la actividad inmobiliaria. No se podía quedar atrás uno de los sectores más privilegiados de la economía en las últimas décadas, los servicios bancarios y financieros. Bancos, compañías de seguros, financieras, leasing, factoring, afianzadoras y toda una gama de productos financieros en ese campo.

Todos estos cambios políticos y económicos que se venían operando en el país, la llegada de empresas extranjeras a competir con las locales y la necesidad de la burguesía de seguir acumulando, aun así a costa del Estado, más las exigencias de los sectores populares de mejorar sus niveles de vida no hicieron otra cosa que afianzar en la burguesía las tendencias bonapartistas del régimen , de ahí que siga teniendo vigencia la Constitución Nacional de 1972, la cual le otorgaba plenos poderes al General Torrijos. De ello también deriva la incapacidad de los gobiernos de hacer cambios serios y fundamentales a la Constitución, en el caso particular de Juan Carlos Valera, su promesa electoral de llamar a una Constituyente tan pronto como llegara al poder a caído en saco roto. Algunos creen que se trata de un asunto de reacomodo, de beneficiarse como lo hicieron los demás, pero el asunto va más allá, es porque no puede.

Llamar a una Asamblea Constituyente o reformar la Constitución para eliminar su carácter presidencialista, podría provocar una crisis aun mayor que aquello que pretenden corregir. Hay que recordar que una de las razones del Golpe de Estado de 1968, obedecía precisamente a la crisis inter burguesa, que venía incubándose desde hacía décadas, cuando la Asamblea de Diputados trató de Juzgar al Presidente Marcos Robles, en 1967, fue una muestra de ello. De ese modo el carácter bonapartista que se dice lo venía jugando la Guardia Nacional desde finales de la década de los cuarenta, quedó institucionalizado a partir de la Constitución de 1972, cuando la misma le ofrecía plenos poderes al General Torrijos y así se ha quedado hasta la fecha.

Por otro lado resulta de una importancia de primer orden tomar en cuenta la naturaleza del Estado panameño. Panamá nació como República, siendo un país ocupado militarmente por el imperialismo norteamericano, es más en diferentes ensayos y apuntes históricos de reconocidos intelectuales panameños, señalan que Panamá en un principio nació como una especie o suerte de protectorado, al igual que Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Luego las luchas nacionalistas del pueblo panameño, presionaban de tal forma a las clases dominantes de ese entonces, la muy mencionada “oligarquía”, que la obligaron a suscribir regularmente varios acuerdos y tratados que fueron superando poco a poco la condición de protectorado, pero nunca se pudo evitar el hecho de ser un país ocupado militarmente con una soberanía limitada o recortada por la misma presencia norteamericana en Panamá Basta recordar la figura del Gobernador de la Zona del Canal, y sus cortes judiciales, policía, colegios y lo que siempre fue una de la más grandes indignaciones del pueblo panameño la izada de la bandera norteamericana en una parte territorio panameño en donde el Estado panameño no tenía jurisdicción.

Este último párrafo es necesario comprenderlo en esos términos ya que por una parte la presencia norteamericana en Panamá, las luchas del pueblo panameño por la recuperación de nuestra plena soberanía, y la necesidad de la oligarquía criolla de acumular y de hacerse de un espacio político, y la presencia de una institución armada, que como es sabido estaba influenciada por las necesidades políticas del gobierno norteamericano, fueron moldeando poco a poco el carácter bonapartista de los regímenes panameños.

SE ACENTÚA EL CARÁCTER BONAPARTISTA DEL RÉGIMEN

Volvamos atrás, desde el gobierno de Guillermo Endara, al convertirse el Estado Panameño en el mejor cliente de la burguesía, mediante la compra de bienes y servicios, el desarrollo de obras de infraestructura, de hecho creó una importante vía de acumulación, es ahí entonces donde la figura de las contrataciones públicas, cobra su gran importancia y de paso potencia la competencia entre los diferentes sectores de la burguesía por llegar al poder a través de los partidos políticos. Vale recordar que desde los gobiernos de Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, cada vez que se convocaba a un acto público importante, o sea un acto millonario o multimillonario, en muchas ocasiones dicho acto casi siempre terminaba en una disputa ante la Corte Suprema de Justicia en donde el bando o los bandos desfavorecidos trataban de impugnar al ganador aduciendo la comisión de toda clase de vicios en el desarrollo del acto administrativo.

Cabe recordar entre otros el tristemente recordado Proyecto de Riego del Valle de Tonosi, el cual desde el tiempo de Guillermo Endara, se quería desarrollar y nunca se pudo, hasta cuando arrancó con Ricardo Martinelli y terminó con el sonado caso fraudulento de la firma Ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo.

Por otro lado cobra importancia económica en este período que en gran medida van a ayudar a definir el carácter y la orientación de la burguesía los servicios bancarios y financieros, la actividad inmobiliaria, los seguros, mientras que las grandes empresas de desarrollo de infraestructuras y servicios públicos quedan en manos de empresas transnacionales. Las presiones externas, particularmente las del Banco Mundial y del FMI, para que Panamá aplicara las medidas neoliberales y la propia necesidad del país de desarrollar obras de infraestructura como la ampliación del canal, la construcción del metro, puentes y carreteras, abrieron un espacio desmedido a la entrada de grandes empresas extranjeras, creando de paso una gran puerta a la corrupción, poniendo a la orden del día a la conocida práctica de otros países “las llamadas coimas millonarias”.

Sin embargo es necesario mencionar de manera enfática, que el fenómeno más notorio de incalculables consecuencias políticas, económicas y sociales en todo éste período post invasión, fue ni más ni menos que la reversión del canal a Panamá, a consecuencia de la implementación culminante de los Tratados Torrijos-Carter. La reversión de toda la infraestructura que representaba la vía canalera, el propio canal, el ferrocarril, aeropuertos, puertos, edificios, tierras, a tal punto que en diferentes estudios realizados, mediante firmas consultoras nacionales y extranjeras, se ha llegado a estimar el potencial de desarrollo de dichos recursos en una cantidad de dinero que se estima entre los Treinta Mil y los Cincuenta Mil millones de dólares. Estos son recursos enormes para un país que no alcanza a sumar los 4 millones de habitantes. No es por exagerar pero inclusive, organismos internacionales, ubican a Panamá entre los países con mayor desarrollo en el mundo, “salvadas las proporciones del caso”.

De modo que toda ésta danza de crecimiento económico, en donde la infraestructura que pertenece al Estado (el canal Panamá, ferrocarriles, puertos, áreas de desarrollo como el aeropuerto de Howard, donde se desarrolla el proyecto Panamá Pacífico con más de 600 millones de dólares de inversión, el 49 % de empresas de teléfono, eléctricas, hidroeléctricas, y la concesión de la Zona Libre de Colón) se alza muy por encima de las empresas en manos de la burguesía, lo que pareciera indicar la necesidad del propio Estado panameño de contar con un árbitro que administre o dirima los conflictos generados por toda ésta riqueza.

Así es como venían sucediendo las cosas hasta la llegada de Ricardo Martinelli al poder por medio de su Partido de bolsillo, Cambio Democrático. Fueron de carácter público y escandaloso las coimas pagadas por los casinos para poder establecerse en el país, a tal punto que se menciona que parte del conflicto que tuvo Martinelli con Ernesto Pérez Balladares, cuando el primero quiso procesar al segundo, porque Pérez Balladares, no quería cederle a Martinelli las comisiones que recibía de los casinos por haberle concedido el beneficio de establecerse en Panamá.

Esa es la manera como venían operando los distintos gobiernos que se sucedían después de la invasión. El punto de inflexión aparece con la llegada de Ricardo Martinelli al poder, el cual resolvió el problema de las disputas reformando la Ley de Contrataciones Públicas. Ya no habría más conflictos que resolver ante la Corte Suprema, ahora las compras serían directas, pero únicamente para beneficio propio y del grupo de empresarios y políticos que lo acompañarían en su gestión, el llamado “Círculo Cero”.

Para llevar a cabo esa estrategia era necesario moldear el gobierno a sus planes y para ello necesitaba que el resto de las instituciones a través de las cuales el Estado ejerce su autoridad, poder y dominación, estuvieran bajo su control; en la Procuraduría General de la Nación, saco a la procuradora Ana Matilde Gómez por José Ayú Prado, en la Asamblea de Diputados, terminó controlándola por medio de los llamados tránsfugas, en la Corte Suprema, nombró varios magistrados (Alejandro Moncada Luna (hoy Preso por corrupción), Harry Díaz) y algunos de los que ya estaban los compró, Policía Nacional, nombró como director a Gustavo Pérez, en el Consejo de Seguridad Nacional, colocó a su yerno Alejandro Garúz, Caja de Seguro Social, hasta en el Benemérito Cuerpo de Bomberos, hubo problemas. Ese fue el carácter distintivo del gobierno de Ricardo Martinelli, todo ese movimiento y nombramiento de figuras, acumuló demasiado poder en el presidente, a tal punto que algunos o muchos consideraron hablar de una “dictadura civil”. Púes Martinelli le podía abrir un expediente policial o judicial a quien se le diera la gana perjudicar. Todo eso tenía un solo propósito, amedrentar al pueblo y a sus adversarios para llevar a cabo una de las formas de gobierno más corrupta en la historia del país. Robar a manos llenas, perseguir y reprimir al que lo cuestionara, investigar penalmente a la dirigencia, a Martinelli no le interesaba desarrollar relaciones intermedias de amortiguación, “estás conmigo o no”.

Por supuesto que todo eso tuvo consecuencias, el hecho de que más de una decena de altos funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, hayan ido a parar a la cárcel, y que el propio Ricardo Martinelli, esté hoy preso en los Estado Unidos, por las chuzadas a sus enemigos y competidores políticos es una clara muestra de ello. Además, la crisis política y de credibilidad que está socavando la estabilidad burguesa, debido a que toda la burguesía y sus partidos ha participado en el banquete de las coimas, los negociados, el tráfico de influencias y la impunidad reinante para los empresarios y dirigentes políticos, han hundido al estado en el fango de la corrupción, pero ellos tampoco se han logrado escapar del lodazal y sus propios partidos ahora chapalean desesperados, buscando alguna figura limpia para presentar en las próximas elecciones de 2019. Incluso algunos plantean si la crisis se profundiza, avalar una constituyente. Por otro lado, en cuanto a la llegada del Presidente Juan Carlos Varela, podemos decir que el régimen no cambia, sigue siendo de carácter presidencialista, no desaparecen las tendencias bonapartistas. Es ampliamente conocido que por la propia crisis permanente, social, política y económica que viven los países de la periferia es imposible encontrar a un país en donde se practique, mucho menos a plenitud, la llamada democracia burguesa con todas sus virtudes e ideales de separación de los poderes, un Estado de Derecho en donde el gobierno esté sometido al mandato constitucional, una Asamblea de Diputados Autónoma, que promulgue las leyes que necesita la nación para su desarrollo, esos son productos demasiados suntuosos para un país como Panamá.

Sin embargo el gobierno del presidente Varela, es más débil que el de Martinelli, primero porque su fracción panameñista es minoritaria en la Asamblea, lo que lo lleva a estar tratando de consensuar a los diferentes sectores sociales y políticos, es más dado al diálogo a la conciliación con sus adversarios políticos y a la negociación con los sectores populares y eso lo podemos ver claramente entre otros ejemplos, por la forma de funcionar la Asamblea de Diputados, al permitirle al PRD, manejar por dos legislaturas consecutivas la Presidencia de la misma, algo que Martinelli nunca se pudo permitir, y en la llamada Mesa de Concertación Nacional, fue notoria la alegría producida en burócratas, empresarios y gobernantes, cuando las partes negociadoras se pusieron de acuerdo en el último salario mínimo, en su lugar, cuando Martinelli fue Presidente, a él mismo fijó el salario mínimo a falta de acuerdo entre las partes. Segundo por ser un gobierno de los capitalistas, que se pasan de un gobierno a otro los problemas sociales, ha heredado un sinnúmero de problemas que es incapaz de resolver, los servicios públicos como el agua y el alcantarillado, la recolección de basura, las carreteras y caminos y sobre todo la educación hacen agua en el país. Todos los días hay protestas y quejas de la población que son presentadas en los medios, como noticia nacional, sin respuesta o solución por parte del gobierno.

En cuanto a que si el presidente Juan Carlos Varela ha dado muestras de querer entrar por una senda de desarrollo nacional, creemos que eso sería una discusión de necios. Ningún gobierno burgués en un país periférico, dependiente como el nuestro, con una economía organizada al servicio del capital internacional a través del Centro Bancario, con una Ampliación del Canal al servicio de las grandes empresas navieras, una burguesía dispuesta a seguir los lineamientos del Banco Mundial y de las agencia de crédito internacionales, que abandona el agro a la vista de todo el país, va a poder demostrar interés en resolver los problemas sociales permanentes.

El MAS, (Movimiento Alternativa Socialista), nació unos meses antes de iniciarse el nuevo gobierno, y desde ese momento no hemos sacado un solo periódico en donde no hayamos tenido que denunciar el desastre del gobierno de Varela en cuanto al manejo de la educación pública, agua potable, seguridad, transporte, recolección de la basura, viviendas, canasta básica, enfermedades sociales como las epidemias ni se diga, y todo eso se da a pesar del tan mencionado crecimiento económico.

Una de las conclusiones que podemos ir sacando podría ser que, mientras el gobierno de Ricardo Martinelli, era una especie de bonapartismo por la derecha, el de Juan Carlos Varela, por su debilidad es más dado a la negociación y al consenso. Una muestra de ello fue la designación de Mariano Mena, histórico dirigente de la Central General de Trabajadores de Panamá como asesor del Ministro de Trabajo, y Samuel Rivera, ex Secretario de Defensa, de esa misma organización sindical, con el cargo de Secretario General, igual del Ministerio de Trabajo. Los representantes sindicales ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, que habían sido separados por Martinelli, fueron restituidos por Varela. Por otro lado Genaro López, histórico dirigente sindical del SUNTRACS, desde hace ya casi 26 años, o sea inmediatamente después de la invasión, es parte de la Junta Directiva del Mega Proyecto, industrial, tecnológico y nodal, Panamá Pacífico. Más adelante veremos que significa este acatamiento de ingreso a entes gubernamentales de buena parte de las direcciones sindicales panameñas.

De todos modos resulta innegable, que el gobierno de Juan Carlos Varela, a pesar de todos los problemas sociales, políticos y económicos que tiene el país, ha traído cierta tranquilidad y estabilidad aparentes al país, la que casi nunca se pudo sentir en el convulsionado gobierno de Ricardo Martinelli.

Para la gente del Frente Amplio por la Democracia, FAD, cuya dirección son los principales directivos del SUNTRACS, (Genaro López y Saúl Mendez), el gobierno de Varela es más de lo mismo, lo dicen públicamente en sus instrumentos de comunicación masiva, para el Movimiento Popular Democrático, MPD, (José Cambra, Jorge Stoup, Bernardo Asurmendía), el gobierno es más democrático. Con el ánimo de querer sacar nuestras propias conclusiones, pensamos que la manera como se resolvió la escogencia del Presidente de la Asamblea de Diputados, en la Legislatura que se inició a partir del uno de julio del año pasado, aparte de incorporar a un sector de la bancada del PRD, fue notoria la manera como también asimiló a un sector mayoritario de la bancada de Cambio Democrático, lo que pareciera darle un sesgo de gobierno de unidad nacional o un frente político empresarial, liderado por el grupo Motta-Humbert, dueños de Copa y el Banco General, aun así no se note esa condición en la composición del gabinete, toda vez que no existe una crisis económica.

Es un gobierno que se une con la oposición burguesa, por la debilidad frente a los otros partidos y también frente al movimiento de masas y las luchas de los trabajadores, como lo demostró la importante lucha de los educadores, a mediados de 2016. respaldada masivamente a nivel nacional por las bases, lograron un triunfo en toda la línea, aumento de 300 dólares para el 1 de julio del año 2017, de un solo golpe, y otros 300 para e 2019. El gobierno luego de dos semanas de negociación y amenazas cedió ante la presión y la fuerza de la huelga de los maestros.

EL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR

ANTECEDENTES:

Las luchas del movimiento popular en su sentido más amplio estuvieron encabezadas por décadas por las luchas del movimiento estudiantil, como resultado de las luchas nacionalistas permanentes del pueblo panameño por Ia recuperación plena de Ia soberanía sobre el territorio nacional y de su indisoluble vinculación a Ia reversión del Canal de Panamá. Se hace necesario entonces precisar Ia tardía aparición del movimiento obrero organizado en las luchas sociales.

No fue sino hasta Ia década de los cincuenta cuando comienzan a aparecer apenas las primeras cadenas de supermercados en Ia ciudad de Panamá (las muy recordadas Amigas del Pueblo), toda vez que eran los conocidos comisariatos que existían en Ia zona canalera, los que abastecían de víveres y otras mercandas elaboradas a Ia población citadina. Igualmente comenzaron a aparecer las llamadas industrias sustitutivas, así es como comienzan a promoverse las inversiones foráneas.

LAS LUCHAS OBRERAS – ALGO DE HISTORIA.

Los trabajadores de las bananeras y los educadores comienzan a ofrecer las primeras luchas importantes organizadas.

La década de los sesenta presenta un importante crecimiento económico, ya para ese entonces estaba organizado el sindicato de trabajadores del comercio, y desde hada décadas el de tipógrafos, así como el de sastres, también se organiza el sindicato de trabajadores de Ia Compasiva Fuerza y Luz (después serían el IRHE y el INTEL), Refinería Panamá, entre otros. En Ia década de los setenta y a consecuencia de Ia entrada en escena del llamado “Proceso Revolucionario”, encabezado por el General Torrijos, se crea el Ministerio de Trabajo y aparece por vez primera el Código de Trabajo en respuesta a una de las tantas reivindicaciones sociales acumuladas, promoviéndose Ia creación de cientos de sindicatos como nunca antes se había visto, inclusive se le concede Ia personería jurídica a Ia Central Nacional de Trabajadores de Panamá, Ia cual estaba proscrita por ser considerada como Ia organización obrera de los comunistas en Panamá. La década de los ochenta está marcada por Ia crisis inminente del régimen militar, al final de esa década se produciría Ia invasión del 20 de diciembre de 1989.

Es importante aclarar que durante que durante toda Ia década de los cincuenta y los sesenta hubo una gran acumulación de luchas sociales, obreras, estudiantiles y magisteriales, aparte de toda Ia crisis evidenciada por Ia propia oligarquía por sus altos niveles de corrupción e incapacidad para gobernar y promover el desarrollo social del país el cual se manifestaba a través de los recurridos fraudes electorales, para resolver los problemas de disputa por el poder, más grave aún fue el asesinato del Presidente Remón en 1955. Los célebres acontecimientos del 9 de enero de 1964, fue sin duda el punto más alto de acumulación de esa crisis, todo ese proceso de acumulación terminaría finalmente con el golpe de estado de 1968.

Volvamos; Ia gran promoción de sindicatos generados desde arriba por el llamado Proceso Revolucionario, se hizo pensadamente para crear un balance de fuerzas que le sirviera al Régimen para contrarrestar las otras fuerzas opositoras del país “Ia oligarquía”, esa misma base social de apoyo, junto a un sector del campesinado y el movimiento estudiantil y popular, crearía las condiciones necesarias para dar surgimiento a lo que en ese entonces el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, llamaría Bonapartismo Subgéneros, y de paso constituirla el soporte necesario como para comenzar a negociar con el imperialismo una nueva relación acerca de los asuntos del canal, lo que llevaría finalmente a Ia negociación de los Tratados Torrijos- Carter. En ese acuerdo entre los sectores obreros organizados estaba Ia CTRP, CNTP, LA CENTRAL ISTMENA (hoy Ia CGTP), el SUNTRACS, Ia Central Autentica de Trabajadores independientes (CATI), era más pequeña, esta última nunca fue parte de ese acuerdo.

Hay muchas razones y causas que podrían ayudar a explicar el porqué del debilitamiento del movimiento obrero hoy día, pero nos atreveríamos a asegurar que Ia causa principal fue que durante toda Ia década de crisis de los ochenta, Ia dirigencia sindical siempre estuvo al lado de los militares, o sea, no lucho, así como tampoco hubo un cambio de dirección después de Ia invasión. Todas las centrales obreras quedaron divididas, además de perder a sus sindicatos más importantes, Ia CTNT, perdió at sindicato de Ia Coca Cola y al sindicato de trabajadores de las agencias distribuidoras de autos SINATADARS. La CTRP, quedó dividida como en cuatro corrientes, como consecuencia del oportunismo y burocratismo de sus dirigentes, Ia central istmeña, desapareció y surgió la CGTP.

Hubo otras razones importantes que incidieron en el debilitamiento aun mayor de las centrales obreras. El cierre de Refinería Panamá en Colon, acabo con uno de los sindicatos mas importantes de Ia CTRP, Ia salida del Pals de Ia bananera de Puerto Armuelles (United Brands), cancelo uno de los sindicatos más grandes y luchadores del país, un icono de las luchas obreras nacionales, Ia privatización del IRHE y del INTEL, esto último llevaría casi al colapso a Ia CNTP. Vale señalar que a pesar de no ser un gremio que participaba en las luchas nacionales, el sindicato de Trabajadores de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, mejor conocido como Local 907, era uno de los que más cotizaba a Ia CTRP.

Aparte de toda esa debacle sufrida por el movimiento obrero, hubo un sindicato que no evidencio esa misma suerte, contradictoriamente se fue fortaleciendo más y más después de Ia invasión, el SUNTRACS, pero ello obedece a otras razones. Por un lado su dirigente anterior Eduardo Ríos, a pesar de ser acusado públicamente como un agente del G 2 (Servicio de inteligencia y seguridad del aparato militar), era un dirigente luchador y siempre andaba peleando nuevas convenciones, por otro lado después de Ia invasión fue captado por el MLN (Movimiento de Liberación Nacional), lo que le permitió desarrollar un trabajo político sindical a lo interno, ofreciéndoles excelentes resultados desde el punto de vista organizativo. El SUNTRACS, nunca dejo de ser un sindicato combativo, tal vez por las contradicciones internas que albergaba, vale recordar el asesinato del obrero de Ia construcción Yito Barrantes, a manos de los elementos antidisturbios (Doberman) de Ia Guardia Nacional, en una de las tantas protestas en los momentos más críticos de Ia dictadura.

Esa era Ia situación del movimiento obrero, entrada Ia primera década del nuevo siglo, una dirigencia dividida en más de diez centrales, altamente burocratizada, corrupta, oportunista, entregada a las dadivas y canonjías de los gobernantes de turno, políticamente orientada y educada por las organizaciones y fundaciones obreras internacionales (AFL-CIO, Frederick Ever, Conrad Adenawer), para saber adaptarse a las necesidades y limitaciones de Ia burguesía criolla.

Después de Ia invasión del 20 de diciembre de 1989, el movimiento obrero panameño, no ha tenido una destacada participación en materia de reivindicaciones sociales o salariales, sin embargo vale recordar los momentos más importantes. AI inicio del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, el SUNTRACS fue el único que luchó decididamente en contra de las reformas al Código de Trabajo de 1995, hubo muertos y heridos, finalmente las reformas fueron impuestas. AI inicio de Ia gestión del gobierno de Mireya Moscoso, trató de subir el precio del transporte, ocasionando una rápida reacción del movimiento popular en donde destacó Ia participación del SUNTRACS, también fue vanguardia en la lucha más grande y numerosa que se presentó en los últimos lustros, por la defensa del Seguro Social, frente a un intento privatizador, salieron decenas de miles a las calles, entonces, el gobierno de Mireya, se mostró impotente frente al descontento generado y retrocedió. Finalmente sin ofrecer mayores explicaciones el SUNTRACS abandonó el espacio creado a su favor por esta importante lucha, sin proponer ninguna organización para encausar el movimiento de masas.

Un tercer memento se dio a inicios del mandato de Martin Torrijos, cuando se reformó la Ley de Ia Caja de Seguro Social, en aquella ocasión fue notoria Ia participación de empleados públicos y educadores, pero el protagonismo nuevamente se lo llevo el SUNTRACS.

En resumen, el resto de Ia dirigencia sindical no lucha ni promueve luchas, pero si es de notar que a partir del gobierno de Ricardo Martinelli, comienzan a aparecer luchas de importancia y de gran impacto nacional, por fuera de los tradicionales aparatos sindicales, nos referimos en primer Iugar a las luchas protagonizadas por los indígenas, particularmente por los Ngabe y los acontecimientos de Colón, (2012) cuando se trató de vender las tierras de Ia Zona Libre de Colon. Hecho que provocó una insurrección de la población que en tres días hizo retroceder al gobierno y derogar la ley que la promulgaba.

A nuestro modo de ver las cosas, todos esos acontecimientos que venían operando desde Ia década de los setenta, fueron creando las condiciones necesarias para que finalmente un gobierno Bonapartista Conciliador como en efecto lo es el de Juan Carlos Varela, estuviera listo para desarrollar una política de esa naturaleza frente al movimiento sindical, el cual se caracteriza por incorporar a su gestión de gobierno a una parte de Ia dirigencia sindical y Ia otra Ia incorpora a traves de Ia llamada “Mesa de Concertación Nacional”. Ahora resulta que el gobierno impulsa la transformación de Colón en una ciudad moderna con inversiones en infraestructura, alcantarillado, energía, acueducto, autopistas, arreglo de calles, para allanar el espacio de importantes inversiones que está haciendo la burguesía en puertos, edificios altos, centros comerciales y plantas de generación de energía. Es importante observar en esta parte lo siguiente; anteriormente el SUNTRACS-FRENADESO, era muy dado a estar convocando marchas y protestas y a cerrar calles, pero últimamente y a propósito de Ia legalización del FAD (Frente Amplio por Ia Democracia) en su afán de querer quitarse de encima el estigma de cierra calles, de tira piedras, ahora quieren dar Ia apariencia de haber cambiado, de ser una organización en que las clases medias y sectores burgueses puedan confiar, de querer caer bien a Ia clase media, a esa conclusión han llegado después de su fallida participación electoral en las elecciones de 2014, sacrificando de paso las oportunidades de lucha del movimiento obrero y popular.

LA CORRUPCION Y LA CAMPAÑA ELECTORAL.

Si bien el gobierno de Varela venia salpicado por la corrupción heredada del gobierno Martinelli, Pero es el caso ODEBRECHT, el que destapa la olla de la podredumbre y desvela la conducta corrupta de la dirigencia del actual gobierno, desde el presidente y sus ministros, pasando por los directores del canal (ACP), los diputados de la asamblea y los miembros de las altas cortes de justicia, hasta el rector de la universidad de Panamá, figuran incursos en procesos de corrupción, recientemente se ha dado casa por cárcel al ex rector de la Universidad de Panamá, después de 20 años de corrupción y atropellos en esta institución, es decir cuatro gobiernos diferentes, que lo encubrieron con su silencio cómplice.

Todos los gobiernos después de la dictadura acudieron a la banca internacional, para hacer algunas obras, fue el gobierno de Martin Torrijos el que inauguró las megaobras con la ampliación del Canal. Pero Martinelli, en el siguiente gobierno, fue el campeón del endeudamiento, para poder contratar decenas de megaobras de las que por cada contrato obtenía jugosas coimas y contratos para el llamado circulo cero, (sus más estrechos colaboradores y amigos).

Hoy día el caso ODEBRECHT, empresa que en los últimos 8 años ha contratado con el estado más de 9000 millones de dólares, tiene al gobierno contra las cuerdas, la confesión no pedida del asesor de Odebrecht, Tacla Duran, en España, menciona directamente al presidente Varela, quien ha salido a negarlo todo por supuesto, tratando al tiempo de restarle importancia al tema. Pera pasa que en la población ya el vaso está a punto de rebozar. Uno de los síntomas más alarmantes para la burguesía, es que la mayoría de los analistas locales asume con razón la caracterización de que se ha creado un profundo desprestigio e incredulidad en la población frente a la mayoría de las instituciones del régimen burgués, empezando por la presidencia, pasando por la asamblea de diputados, las altas cortes, los partidos tradicionales, y la burocracia estatal, pero contradictoriamente aumenta el prestigio de la iglesia Católica y las iglesias protestantes.

Esta situación preocupa en amplios sectores y en la mayoría de los gremios burgueses, hay incertidumbre de lo que pueda ocurrir en los dos años que faltan de gobierno y no se ve una salida o una propuesta electoral coherente de parte de la burguesía.

Sin duda se ha creado un vacío político en la perspectiva electoral inmediata, en el que se han lanzado a la palestra varios precandidatos independientes, la más importante es la del artista Rubén Blades, Fundador del movimiento Papá Egoró (Madre Tierra en lengua Emberá) en 1993. En esa oportunidad el movimiento consiguió 182000 votos. Luego por disputas internas el movimiento se disolvió y Blades volvió en 2009 a formar parte del Gobierno de Martín Torrijos, como ministro de Turismo. Ahora mismo ha comentado en público que pronto iniciará una campaña electoral por la presidencia.

Del lado de los trabajadores, el FAD ya tiene su inscripción como partido, el candidato Juan Jované aún no se pronuncia, se han inscrito 6 candidatos independientes de poca relevancia nacional con excepción de la actual diputada independiente, Ana Matilde Gómez quien fue ficha del grupo Motta, Procuradora General en el gobierno de Martín Torrijos (2009-2014), con estas apreciaciones debemos iniciar la discusión sobre nuestra participación en este proceso.

Sin embargo, nos parece oportuno participar con las organizaciones que han venido propagandeando una constituyente originaria,, sobre todo el FAD-SUNTRACS y otras organizaciones de vanguardia, pues nos parece que por la crisis de credibilidad en las instituciones burguesas, esta consigna tiene la posibilidad real de concretarse y sea tomada como bandera por las organizaciones populares para luchar contra la corrupción, las privatizaciones, el neoliberalismo y el monopolio del poder por la burguesía y sus partidos e instaurar un nuevo de tipo de régimen mucho más democrático que el Bonapartismo que venimos sufriendo desde hace tanto tiempo.

Panamá, 13 de agosto de 2016.

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *