Por Bloque de Anticapitalistas Movilizados y Red Ecosocialista.

Mientras escribimos esta nota, continúa agravándose el estado de salud de los cuatro presos políticos Mapuches que a partir del 7 de junio del 2017 mantienen una huelga de hambre en la cárcel de Temuco, una decisión radical tomada en contra la medida arbitraría y de persecución política que viven frente al llamado “Caso Iglesias”, en donde por más de 1 año y tres meses se mantienen en calidad de prisión preventiva. Hecho irregular que es amparado por la Ley Antiterrorista, la cual aplica testigos protegidos. Un proceso que lamentablemente no es aislado, sino al contrario, es el relato de una estrategia sistemática como política de estado defendida en consenso por los gobiernos de la Nueva Mayoría y la Derecha durante los años post dictadura. En definitiva, persecución política, tortura y muerte de Mapuches como clave del proceso de realización colonial del beneficio privado de la tierra por parte de latifundistas y de las corporaciones transnacionales para proyectos extractivos, forestales, hidroeléctricas. El lunes 25 de septiembre, tres presos políticos Mapuches del caso Luschsinger-Mackay se suman a la huelga de hambre, al igual que otros nueve presos en diversas cárceles del sur de Chile. Solidaridad y movilización nacional e internacional en apoyo a los presos políticos Mapuches y el fin a la Ley Antiterrorista se hace urgente.

“Operación Huracán”, montaje y criminalización.

La prensa festinó con la detención de ocho Mapuches acusados de la quema de camiones en la región de la Araucanía, en un accionar burdo se intenta articular desde el gobierno, sus aparatos represivos y los medios de comunicaciones la existencia de grupos “terroristas”, justificando su campaña de terror en contra del pueblo Mapuche. La formula comprometía intercepción de whatsapp en donde se expresaban los éxitos de la quema de camiones, de esa manera, el Director Nacional de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu expresaba, “se ha desbaratado esta organización criminal en donde participaron estos individuos en diferentes escalas… planificando y distribuyendo recursos hasta llegar a algunos que realizaron el atentado propiamente tal”, refiriéndose a Hector Llaitul y a los otros 7 mapuches detenidos por ser parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y también ligándolos al grupo Wichan Auka. El aparatoso espectáculo fue aplicado en contra los voceros del movimiento Mapuche, quienes públicamente expresan diversas posiciones del conflicto, lo cual refleja la burda fórmula del Ministerio del Interior.

Cabe recordar que en el primer gobierno de Bachelet se aplicó la ley antiterrorista en contra de la CAM, su resultado fue la absolución. La prensa por su parte, en conjunto a la fiscalía niegan la presunción de inocencia y exponen públicamente los antecedentes en forma de verdad. Los hechos son nefastos, las medidas racistas y coloniales como forma sistemática en el proceso de atentar contra el territorio Mapuche, dictaminan la hoja de ruta del consenso pleno que existe por parte la casta política, sin dudas la existencia de la Ley Antiterrorista y su aplicación reiterada, constituyen un hecho antidemocrático que atenta contra los principios básicos de un debido proceso dentro de los marcos de los derechos humanos.

Ley creada en 1984 durante dictadura, sustento jurídico del discurso hegemónico del “enemigo interno”, de aquel Otro que atenta contra la seguridad, en ese camino el espectáculo montado por la prensa constituye una operación mediática con la intención del aislamiento de la resistencia de las comunidades mapuches contra el saqueo de sus tierras, aquella homogenización inherente al capitalismo, genera el marco para desplazar al obstáculo de todos quienes son incompatible con la expansión del capital extractivo sobre el territorio Mapuche. Hoy la ficción se llama “Operación Huracán”.

Libertad, territorio, autodeterminación.

El martes 26 de septiembre, Benito Trangol de 33 años inició una huelga seca, según los informes del Colegio Médico está en riesgo inminente de muerte. La denuncia y movilización de las múltiples organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, se da en un contexto de extrema violencia de el Estado en las comunidades mapuches y de criminalización de la protesta social, así lo demuestra Mario Fernández, Ministerio del Interior al expresar El Gobierno solicitará en las próximas horas la modificación de la prisión preventiva reemplazándola por otra medida cautelar” respondiendo hipócritamente al día 113 de Huelga de hambre y  con Alfredo Tralcal con sangramiento estomacal en estado gravísimo, negando por parte del gobierno lo central: el fin de la Ley Antiterrorista.

En este escenario de criminalización y persecución al pueblo Mapuche, nuestra respuesta es la movilización y al llamado internacional de solidaridad directa, responsabilizamos al gobierno de Bachelet por todas las consecuencias que conlleve la huelga de hambre.

Nuestra perspectiva implica abolir toda frontera de solidaridad entre los pueblos, apoyar sus demandas históricas, por la liberación de todos los presos políticos y por la libre autonomía y determinación del pueblo Mapuche.