Luciana Genro – HuffPost

La corrupción es una marca de las sociedades regidas por la lógica de la mercancía y en las que la distribución de la renta es desigual e injusta. En el capitalismo, la corrupción es una característica recurrente, pero los ideólogos del libre mercado insisten en defender la idea de que menos Estado y más capitalismo podría reducir la corrupción.

Las medidas que profundicen aún más la subordinación del interés público a las grandes empresas y monopolios serían, en tesis, la solución a la corrupción, siempre identificada con el Estado y con los políticos, y nunca con las empresas y grandes corporaciones.

Supuestamente, la reducción del tamaño del Estado, es decir, la privatización, sería el camino para reducir la corrupción. El actual escándalo que involucra a Petrobras ha servido al propósito de entregar totalmente la empresa al capital privado. Esta identificación de la corrupción con el Estado es una maniobra, pues las grandes empresas son protagonistas fundamentales de la corrupción.

Brasil nos proporciona un ejemplo muy concreto sobre las relaciones entre el poder de las grandes corporaciones, la corrupción y el capitalismo.

Muchos políticos están siendo arrestados y hasta Michel Temer puede ir a la cárcel si pierde el mandato, pues el sistema está entregando los anillos, incluso los más valiosos, para mantener los dedos. Pero políticos y anillos pueden ser reemplazados y, por eso, hay que romper el sistema que permite a los capitalistas continuar saqueando el país.

No es de hoy que esos capitalistas ganan y comandan al país por medio de títeres políticos. Independientemente de los cambios de gobierno y hasta de régimen, las grandes empresas siempre llevaron ventaja.

Los emprendedores, por ejemplo, empezaron a nacionalizarse y ganaron fuerza política y económica durante la dictadura militar. Ellas, que eran regionales, llegan a Brasilia desde Juscelino y comienzan a organizarse políticamente. Ayudan a planificar la toma del poder por los militares ya pautar las políticas públicas de Brasil, según afirma el historiador Pedro Campos.

Y afirma que “todos los indicios son que la corrupción no ha aumentado. Lo que uno tiene hoy es una serie de mecanismos de fiscalización que exponen más, mucho más grande de lo que había antes. En la dictadura, no había muchos mecanismos fiscalizadores, y lo que había era limitado “.

La tesis se transformó en el del libro “Estranhas catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988”, en el que Pedro Campos desnuda las relaciones de Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa y Odebrecht con el poder desde la dictadura.

En el gobierno FHC vivimos el proceso que se conoció como la “privataria tucana”, un gran esquema para beneficiar a grandes empresas. La “cuadrilla” movió unos 2.500 millones de dólares. Hay propinas comprobadas de 20 millones de dólares, todo muy demostrado en el libro de Amaury Ribeiro Júnior.

También en el gobierno FHC, la Vale do Rio Doce, grandes bancos y compañías telefónicas ganaron mucho dinero, como demostró Aloysio Biondi en su libro “O Brasil privatizado”.

En los gobiernos del PT, las empresas, como Odebrecht, siguieron embolsando miles de millones, mientras que otras empresas fueron elegidas para ser “campeonas nacionales” a costa de préstamos subsidiados de bancos públicos y aportes del BNDESPar, brazo de participaciones del BNDES.

En el caso de JBS y del grupo EBX, del empresario Eike Batista, que llegó a ser arrestado por lavado de dinero y pago de soborno al ex gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), también preso.

De todo ello, lo que permanece es el dominio de las rejas corporativas sobre la política. Son los corruptores que riegan las cuentas de todos los partidos dominantes, responsables de la perpetuación de los regímenes y de los gobiernos al servicio del capital.

La relación del ex presidente Lula con Odebrecht es reveladora de esa relación promiscua. Conforme a declaraciones de ex ejecutivos del grupo, a cambio de generosas contribuciones financieras desde la campaña de 2002, el gobierno Lula garantizó la privatización de la petroquímica brasileña y consolidó prácticamente todo el sector en manos de Braskem, empresa controlada por Odebrecht.

Hasta Petrobras se convirtió en socio minoritario de Braskem para dejar de ser competidor y facilitar el suministro de materias primas a la empresa del grupo Odebrecht. Gracias a la ayuda de Lula, Braskem también compró, a lo largo de los últimos años, competidores privados como Ipiranga Petroquímica, Copesul y Quattor.

La ayuda fue valiosa. En 2002, antes de la toma de posesión de Lula, Braskem había facturado R $ 8,9 mil millones brutos. A finales de 2015, según el último balance anual de la compañía, la facturación alcanzó los 54.100 millones de dólares. Un crecimiento del 508%, contra una inflación del 120% en el mismo período.

En 2002, Braskem tuvo aún una pérdida de R $ 794 millones. En 2015, festejó una ganancia de 2.900 millones de dólares.

Los pagos a políticos durante todos estos años tuvieron un retorno y tanto para la empresa, que también recibió mucho dinero del BNDES. En 2002, las financiaciones concedidas por el banco federal a Braskem sumaban R $ 304 millones. En 2015, el valor era de R $ 3,4 mil millones, un crecimiento de más del 1.000%.

La JBS multiplicó por 44 la facturación de 2004 a 2016. En ese período, los ingresos brutos de la empresa de los hermanos Batista pasó de R $ 4 mil millones a R $ 176,9 mil millones. La conversación de Joesley Batista con Ricardo Saud, divulgada recientemente por el MPF, demuestra cómo se construyó ese imperio.

Es cada vez más evidente que la enorme riqueza acumulada por al menos parte de las grandes empresas no es fruto de trabajo y competencia, como les gusta decir los liberales, sino de su acción corruptora ante los órganos públicos y políticos.

Brasil no es un caso aislado de la economía mundial globalizada. Las cifras son contundentes y demuestran cómo las corporaciones cooptaron a los gobernantes convertidos en agentes políticos de los grandes capitalistas.

Es necesario un programa de cambios profundos que desestructure este poder y empiece a construir un poder popular y de los trabajadores. Esto pasa por el fin de las benesses fiscales a los millonarios y grandes empresas, con el cobro duro de todos los grandes sonegadores.

Es necesario que las grandes empresas que se involucrar en corrupción pasen a funcionar bajo el control de sus trabajadores y no más de sus actuales dueños corruptos. Y que el sistema financiero esté bajo control público y sus ganancias sean revertidas para el interés de la mayoría, y no embolsadas por un puñado de millonarios.

Además, es necesario un profundo cambio tributario, que onere el capital y la propiedad fuertemente, disminuyendo la carga sobre el salario y el consumo popular.

Un sistema serio de lucha contra la corrupción también es esencial. El sentimiento de impunidad de los criminales del cuello blanco es gigantesco. Vimos que, incluso con la Operación Lava Jato en curso, que ya atrapó a varios políticos y empresarios, Geddel mantenía un apartamento lleno de dinero y Joesley planeaba comprar agentes del MPF y del Supremo.

Para una lucha contra la corrupción efectiva no bastan las operaciones policiales o jurídicas. Es por la política que necesitamos construir una alternativa que viabilice una participación más directa del pueblo en la política y una fiscalización permanente y efectiva sobre los políticos.

Si fracasamos en esa construcción, el único saldo del combate a la corrupción puede ser un descrédito total de la política, y eso es el camino más corto para el surgimiento de “salvadores de la patria”, que sólo quieren salvar el sistema.