28/10/2017 | Juan Carlos Moreno Cabrera – Viento Sur

Ayer, día 27 de octubre de 2017 se produjeron dos hechos de una enorme relevancia política. Primero la proclamación de la República Catalana y, en segundo lugar, el golpe de estado del gobierno contra la democracia bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución, por lo visto, una especie de barra libre para los enemigos de la democracia.

La proclamación de la República Catalana es el reflejo institucional de la lucha del pueblo catalán por su libertad y dignidad nacionales. No es una medida impuesta por una camarilla de furibundos independentistas que se han vuelto locos. En este caso el impulso ha venido desde abajo, desde el pueblo: ahí estaban las autoridades municipales catalanas, las que están en contacto directo con el pueblo, avalando o exigiendo esa proclamación. El govern de la Generalitat pareció dudar hasta el último momento pero, haciendo gala de su condición democrática, escuchó a quien tenía que escuchar: al pueblo catalán. La proclamación de la República Catalana es un hecho de una grandísima trascendencia política. Marca el comienzo del fin del posfranquismo, de la fallida transición que se plasmó en la Constitución del 1978, un corsé que impide el desarrollo consecuente de las libertades y de la democracia. Para ocultar y desviar la atención sobre este hecho decisivo muchas personas representantes de partidos políticos de izquierdas hablan de la supuesta ilegitimidad o inconveniencia de la separación o independencia de Catalunya del resto de España, asumiendo los parámetros el discurso oficial posfranquista y sin valorar en absoluto la importancia dentro de la lucha por la democracia de esta proclamación. Algunas de ellas dicen que están tristes porque la voluntad mayoritaria de pueblo catalán haya prevalecido en esta decisión. Lo que es triste, tristísimo, es ver personas representantes de partidos que se dicen demócratas lamentarse de que el govern escuche al pueblo y obre en consecuencia.

La destitución por parte del actual gobierno de España de los representantes legítimos del pueblo catalán es uno de los ataques más terribles contra la democracia que se han producido en las últimas décadas. El gobierno de España actúa en contra de las decisiones democráticamente adoptadas por el pueblo catalán amparándose en un artículo de la Constitución que sirve en realidad para poner de manifiesto la auténtica naturaleza antidemocrática y excluyente de la actual Constitución en la que solo se reconoce una nación soberana: la española. El gobierno español ha convocado unas elecciones con la excusa de restaurar la legalidad constitucional en Catalunya. Y lo hace con presos políticos catalanes y con la amenaza de encarcelar al govern y a la mesa del parlament catalán y, quien sabe, si con la idea de ilegalizar a los partidos independentistas. Es decir, unas elecciones “muy libres y democráticas”. Por supuesto, si el resultado de las elecciones catalanas de diciembre no le satisface al gobierno o si quienes salgan elegidos se comportan de una manera “no aceptable” constitucionalmente, siempre se podrá volver a aplicar el artículo 155 y convocar otras elecciones hasta que los resultados satisfagan al gobierno del Partido Popular. ¿Es ésta la democracia que desean quienes se felicitan por esta convocatoria electoral de diciembre?

Juan Carlos Moreno Cabrera es Catedrático de Lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid