Daniel Raventós y Gustavo Buster 29/10/2017 –  Editores de Sin Permiso

Lo que unas horas antes parecía descartado, lo que muchos dieron por juego de distracción y humo de paja ya hace años, finalmente sucedió: el 27 de octubre, el Parlament de Catalunya votó la proclamación de la República catalana. Lo hizo por una mayoría de 70 votos, frente a dos papeletas en blanco, 10 votos en contra (de Catalunya Sí que es Pot que, por cierto, tuvo unas intervenciones previas a la votación de distintos miembros en las que expresaron posiciones completamente diferentes, como por otra parte ya se sabía que mantenían) y 53 ausencias (de Ciudadanos, PSC y el PP). Es decir, votaron el 60,7% de los diputados y diputadas y se consiguió una mayoría de “sí” sobre el total de 135 miembros del 51,8%.

Poco después, el Senado del Reino de España, en un frente PP-PSOE-Ciudadanos, votaba a su vez la intervención de la Generalitat mediante la aplicación del art. 155 de la Constitución española de 1978. Y a continuación el gobierno Rajoy anunciaba las medidas adoptadas en consejo de ministros para “restablecer la legalidad” que, como han apuntado distintos juristas desbordan el Estatut que se quiere restablecer y la propia Constitución de 1978.

Estamos, por lo tanto, ante dos legalidades que surgen y se legitiman en soberanías distintas. Y que son incompatibles. No es un “doble poder”. La desproporción es simplemente asimétrica en lo que se refiere a los atributos del estado. Pero una simplemente niega un derecho democrático como el de autodeterminación, y la otra intenta ejercerlo.

Desde hace bastante tiempo, pero muy especialmente en los dos últimos meses, Sin Permiso ha analizado el desarrollo de la situación política catalana y sus consecuencias en el Reino de España. El tiempo dirá hasta que punto estos análisis se ajustaron más o menos a la realidad. Pero queda por añadir el escenario final, que sin duda abre una nueva etapa política. No ha finalizado nada, pero el escenario será a partir de ahora de todo punto distinto.

El President Puigdemont propuso que el Parlament catalán votase la proclamación de independencia, de acuerdo con la Ley de referéndum y la Ley de Transitoriedad catalanas (declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional español), cuando no obtuvo las mínimas garantías de que la convocatoria de elecciones autonómicas permitiría su celebración en condiciones democráticas, es decir, sin la aplicación del art. 155.

Parece muy difícil negar tres hechos: 1) que la segunda respuesta de Puigdemont al requerimiento del gobierno explicitaba textualmente que no se había proclamado la independencia, porque el Parlament no la había votado (lo que hizo el 27 de octubre); 2) que el gobierno Rajoy decidió la aplicación del art. 155 no ya para “restituir la legalidad” (que el Tribunal Constitucional había “restablecido” al declarar nulos la Ley de referéndum y la Ley de Transitoriedad y, por tanto, los resultados y efectos del referéndum del 1 de Octubre), sino para “prevenir” que se violase; y 3) que el gobierno Rajoy rechazó los intentos de mediación del Lehendakari Urkullu, del exPresident Montilla y de otros que transmitieron la posición de Puigdemont (apoyada por sectores de su Govern, el PDdCAT y ERC) de convocar elecciones autonómicas –en el ejercicio de la legalidad constitucional de 1978- si el gobierno Rajoy no intervenía la Generalitat . La secuencia final de  proclamación de la República y de la votación del art. 155 no oculta que la iniciativa política la ha tenido el gobierno español con su decisión de intervenir la Generalitat en cualquier caso.

El gobierno Rajoy decidió que era ahora, independientemente de la decisión de Puigdemont, cuando le resultaba más rentable políticamente aplicar el art. 155, intervenir la Generalitat, destituir a su President y al Govern y descabezar la administración autonómica catalana, situando a su frente, con poderes delegados del propio Rajoy, a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Y convocar él las elecciones autonómicas el 21 de diciembre en esta situación política excepcional, mientras los tribunales actúan, dirigidos por la fiscalía, contra el movimiento catalán por la autodeterminación y la independencia.

Las acusaciones y críticas de parcialidad del gobierno Rajoy a un proceso electoral legal convocado por la Generalitat, se vuelven ahora en su contra, con más razón si cabe. Se descarta así paradójicamente desde el propio gobierno español de forma implícita el terreno electoral como medio para la resolución del conflicto político.  Y se da paso a la fuerza para resolver el choque de legitimidades, en una polarización que niega espacio para expresar cualquier otra opción política.

La decisión final del gobierno Rajoy ha sido posible por las cesiones sin fisuras de la dirección de PSOE de Pedro Sánchez, de la misma manera que la abstención de la gestora del PSOE fue lo que permitió la formación del gobierno minoritario del PP. Como expresaba en una entrevista que reproducimos en este mismo Sin Permiso Jaume Asens: “El PSOE hizo a Rajoy presidente de España y ahora de Catalunya”. En ambos casos alegando el “interés supremo” del estado. Un récord imbatible. La posición defendida públicamente por los socialistas de que la convocatoria de elecciones por el President de la Generalitat debería bloquear la aplicación del art. 155 fue arrollada por la determinación del gobierno Rajoy de humillar a la Generalitat, pero también al PSOE de Pedro Sánchez. La decisión de Montilla de no participar en la votación del art. 155 fue la prueba de ello.

Naufraga así, por si alguien podía tener la más mínima vacilación, antes de haber arrancado sus trabajos, la comisión de estudio para la reforma territorial que era la gran propuesta de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dejado claro lo que puede entender su partido por “España plurinacional”: cualquier cosa menos el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Cambiando las palabras, la realidad no se cambia. Sin nacionalistas vascos y catalanes, con la Generalitat intervenida, con el sistema financiero autonómico catalán secuestrado por Montoro y con las resoluciones de la Conferencia de Presidentes autonómicos convertidas en almoneda en las negociaciones presupuestarias de 2017, ¿qué discusión sobre el federalismo será esa con partidos como el PP o Ciudadanos? Un federalismo que, se entiende de forma muy diferente a la que nuestro recientemente fallecido amigo Antoni Domènech declaraba sin la menor ambigüedad cuando Jiménez Villarejo (hoy también sin la menor ambigüedad a favor de la intervención  del Estado en Catalunya) le pidió a finales de 2012 firmar un manifiesto “federalista” en Catalunya: “Gracias, amigo C. Ya lo había recibido por otros lados. Pero yo no puedo suscribir un manifiesto pretendidamente federal que no reconoce claramente de entrada, sin reservas, el derecho de autodeterminación de los pueblos de España, referéndum incluido. No es ni política ni intelectualmente creíble un ‘federalismo’ así, y estoy convencido de que no hará sino cargar de razón democrática a los independentistas.” Poco que añadir.

Ante la proclamación de la República catalana se puede argüir en su contra sobre la legitimidad o la oportunidad, como han hecho personas enemigas del derecho de autodeterminación pero también partidarias de este derecho sin el menor adarme de duda. En el primer caso se han apuntado las insuficiencias jurídicas y de procedimiento parlamentario que acompañaron la adopción de las leyes de referéndum y de transitoriedad catalanas, que el Tribunal Constitucional anuló en defensa de la Constitución de 1978 y de los derechos parlamentarios de las minorías del Parlament. En el segundo, las razones de oportunidad apuntan a su utilidad o su eficacia. Se han esgrimido razones contrarias a la proclamación republicana desde posiciones que en ningún caso podríamos englobar en el constitucionalismo dinástico sin más. Pero cuando un sujeto político pretende constituirse y otro lo niega mediante el monopolio de la fuerza, ello no implica que esta sea legítima ni legal y del propio ejercicio de los derechos cívicos surge un derecho de resistencia. Y a veces no se dispone de muchas posibilidades.

Hay quien piensa (notablemente La Vanguardia, así como distintos partidos políticos contrarios al derecho a la autodeterminación, así como una parte del propio PdCat) que la convocatoria de elecciones era esa otra posibilidad. Parecía que podía ser una salida para que la movilización fuera parcialmente desactivada, para unos, y para una cierta acumulación de fuerzas y de mayor legitimidad, para otros. Y había argumentos que sustentaban estas posiciones. Sin duda.

En todo caso, se ha alegado que la reforma del Estatut exige 90 votos, es decir el 66%. En realidad, como se demostró en 2010 bastaba con la mayoría del Tribunal Constitucional, no la mayoría popular ni parlamentaria. Eso parece no incomodar al bloque PP-PSC-Ciudadanos. Pero en cualquier caso, es no comprender la legitimidad política surgida del ejercicio del derecho de voto de 2,3 millones de ciudadanos en el referéndum del 1 de Octubre bajo la represión policial. La represión policial fue un factor de legitimación para mucha gente. Puede ser discutible, pero muchos centenares de miles de personas tuvieron la convicción no de que simplemente habían votado, sino que habían conseguido hacerlo con sangre y lágrimas. Solo un punto de diferencia en la participación separa al referéndum del Estatut de 2006 -que nadie reprimió y que el Tribunal Constitucional anuló tras ser “cepillado” en el Congreso-, y al referéndum de independencia de 2017. La represión del derecho de voto, no de sus consecuencias legales, ha sido para la mayoría independentista parlamentaria el punto de arranque de la soberanía en la que se apoya la proclamación de la República catalana.

La legitimidad de esa soberanía no engloba a toda la ciudadanía de Catalunya. Y se ha esgrimido que la nación (aunque algunos no utilicen estos términos que solamente reservan para España) se ha fracturado. Si está fracturada porque una parte importante de la ciudadanía no concede legitimidad a la proclamación de la República, convendremos que también lo estaría en caso de que no se hubiera proclamado. Si una sociedad está fracturada porque una parte no está de acuerdo con determinadas decisiones, también lo está porque la otra parte no estará de acuerdo que no se tomen las decisiones anteriores. En todo caso, toda sociedad está dividida en clases y, en algunos casos como en la nación catalana, por distintas opciones nacionales. La “fractura” social es esgrimida en muchos casos como simple pretexto para favorecer que las cosas no cambien. Pero eso tiene tanto que ver con el intento de superar la “fractura” social como, por poner un mero ejemplo, la homeopatía con la ciencia: nada.

Las manifestaciones a favor del mantenimiento del status quo monárquico o mejor, de la aplicación represiva del 155 y de la actuación “proporcionada” de la policía y la Guardia Civil el 1 de Octubre, la última de las cuales en Barcelona el 29 de octubre contó con la asistencia, según la Guardia Urbana, de 300.000 personas, forman parte de la reacción habitual cuando una parte muy importante de la sociedad se moviliza en sentido contrario. Eso no es “fractura social” como lo entiende el gobierno Rajoy, sino la expresión de las diferencias políticas, ideológicas y sociales de toda sociedad moderna. Cuando las convulsiones sociales son muy fuertes pueden observarse anomalías (¿o quizás no lo son tanto?) como esas.

El gobierno Rajoy pretende superar esta fractura con la aplicación del art. 155 y la persecución judicial. Y celebrar elecciones en “caliente”, en dos meses. De entrada, tiene que conseguir una participación superior al 47% del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional e intentar acercarse al listón del 77,4% de las elecciones autonómicas de 2015 que eligieron al Parlament que ha declarado la República catalana. De no conseguirlo – y parece difícil, cuanto menos- Rajoy y su gobierno serán considerados responsables del doble fracaso de no haber impedido la proclamación de la República catalana y de no haber sabido reconstruir una legitimidad superior en el proceso de “restitución de la legalidad” en Catalunya. Y los “poderes fácticos” que ahora intenta cabalgar, le desbordarán. Ya están amenazando con aplicar el art. 155 a Castilla-La Mancha por mantener una coalición PSOE-Podemos, a Valencia por tener otra PSOE-Compromís, apoyada por Podemos y a Euskadi… de forma preventiva.

Es en ese momento cuando entrará en juego el escenario más amplio de la crisis del  régimen del 78 en el conjunto del Reino de España. Porque las consecuencias de la “fractura catalana” se extenderán más allá del Ebro. Rajoy no puede contar ya con el PNV para aprobar los presupuestos de 2018, que le exige –como antes los del 2017- la Comisión europea, que ha advertido de las consecuencias para el déficit acordado con ella de la actual situación política española. Justo cuando Draghi y el BCE anuncian la reducción progresiva de su programa de flexibilización cuantitativa, de la que depende la financiación de la deuda soberana y de las comunidades autónomas.

En este escenario el PP solo puede contar con el PSOE de Pedro Sánchez, además de Ciudadanos, que está presionando al PP por la derecha. Pero el apoyo del PSOE a los presupuestos del PP de 2018 supondría el fin de sus aspiraciones de construir una alternancia de izquierdas al propio régimen del 78. Sería la confirmación de ese “frente constitucionalista” monárquico. Tras su apoyo sin matices a Rajoy en la aplicación del art. 155, el PSOE profundizaría la pérdida de votantes habida en cada elección desde 2011.

El régimen del 78 se encuentra en un callejón sin salida, por muy largo que este pueda ser, mientras se erosiona su legitimidad social, económica, política y territorial. La cuestión catalana está lejos de resolverse el 21 de diciembre. Una vez más ahí también existe una “fractura”, ¿o no? La situación se enquistará con la actual doble legitimidad que enfrenta al Reino de España con la República catalana. La salida de la crisis social sigue siendo un campo de disputa político. Como continúa el desenmarañamiento judicial de la trama de corrupción del PP, de la que los tribunales afirman que “se ha beneficiado”. Si las distintas crisis que recorren el régimen del 78 no han confluido, del 15-M de 2010 al 1-O de 2017, es por la ambigüedad de las izquierdas, cuando no una clara hostilidad, entre otras cosas, ante la defensa del derecho de autodeterminación de Catalunya. Y ello impide la construcción de una alternativa política que, inevitablemente, pondría en cuestión el régimen del 78. Hasta que la situación se haga de verdad insoportable, no solo en Catalunya –donde se cuestiona republicanamente-, sino en el conjunto del Reino de España.