Alfons Bech | 27/11

Se perfilan dos alternativas posibles tras las elecciones del 21 D. Una de ellas es la autoritaria, la de reforzamiento del centralismo del Estado, de la anulación de muchas conquistas democráticas, económicas, laborales. Es la que está avanzando desde la aplicación del artículo 155.

La otra sería retomar la vía de la ruptura de este régimen, que pasaría por dar continuidad a la proclamación (congelada) de la República catalana. En ese caso la fuerza debe ser aún mayor a la demostrada hasta el 3-0, día de la huelga general.

En el primer caso el panorama que dibujaría una victoria del bloque del 155 es muy oscuro. Pongamos algunos ejemplos.

El PSC ha elevado un recurso a la Junta Electoral contra los símbolos amarillos, como lazos, o bien carteles en los que se haga mención a los presos políticos. Alegan que se trata de una “propaganda electoral” ya que los partidos soberanistas tienen en su programa la libertad de los presos políticos. Y la Junta Electoral les ha dado la razón a esos buenos chicos “socialistas” chivatos. Como consecuencia de ello ya han prohibido los lazos y algunas pancartas han sido retiradas, como la del Ayuntamiento de Barcelona, de la Barcelona en Comú de la Alcaldesa Ada Colau.

Otro ejemplo. El Ministerio del Interior ha abierto un correo y un teléfono para que la ciudadanía pueda denunciar anónimamente “delitos de odio”. La policía investigará y rastreará a partir de ahí lo que haga falta: profesores de colegios, mensajes de Twuit, de Facebook, conversaciones, pancartas, dibujos, escritos que se exiban, etc. Hay que decir que esto ya está en marcha y muchas personas, maestros, blogueros, twuiteros, han sido citados a declarar.

Más aún. El candidato del PP a las elecciones en Catalunya, Albiol, ha defendido sacar a los actuales trabajadores de la Corporación catalana de medios de comunicación (TV3, Catalunya Radio) y poner a trabajadores “normales”, en nombre de que la “manipulación” que existe en dichos medios. Lo cual ha indignado a todo el comité de empresa y sindicatos.

También la Enseñanza catalana en su conjunto está siendo cuestionada por el PP y Ciudadanos, y son múltiples las amenazas que ha recibido una de las mejores educaciones del Estado español, que logra resultados superiores a la media, por el simple hecho de que la lengua vehicular es la lengua propia de Catalunya, el catalán, como es normal. Más indignación.

En el Congreso las burlas a los más de mil heridos (exactamente 1066) por parte del ministro de Justicia, de los miembros del Gobierno y de los diputados del PP y Ciudadanos, que se atreven a insinuar que no ha habido tales personas heridas ni que los centenares de videos que han gravado particulares, TV3 y cadenas de televisión internacionales como BBC, son mentira. Eso ya lleva a la rabia.

También es una señal el auge de agresiones fascistas a simples ciudadanos cuando se producen manifestaciones unionistas, los destrozos, los ataques xenófobos, las amenazas para generar miedo, cosa que nunca ocurrió en ninguna de las manifestaciones independentistas. Y ahí, claro está, nunca se aceptó que hubiera ningún “delito de odio”. Tampoco en las localidades de España donde se permite ataques a todo lo que sea Catalán, como ya vimos en las marchas de policías y Guardias Civiles donde se gritaba “A por ellos!”. ¡Vuelve la chulería fascista!

Por tanto estamos ante un Estado de excepción encubierto, ante un Estado policial y demofóbico, parecido a otros tiempos de delación fascista, donde se realizará una campaña electoral que el Gobierno y el tripartito del 155 (PP-PSOE/PSC, Cs) califican de “vuelta a la normalidad”. Pero en realidad es una campaña donde se pretende dar marcha atrás a la historia, para ir a tiempos de antes del 78, bajo la agresividad de dos partidos que se van quitando la máscara democrática, el PP y Cs, y con la connivencia de uno que dice ser de “izquierdas”, el PSOE/PSC, pero que ya ni siquiera tiene el rubor de disfrazar su injerto con la derecha en las listas e incorpora personajes democristianos de lo más reaccionario y neoliberal.

Frente a este Muro reaccionario del 155 hay tres candidaturas independentistas, la del Presidente Puigdemont, llamada “Junts per Catalunya”, la de ERC, la de la CUP, bloque soberanista con presos en la cárcel. Y una candidatura intermedia, ni independentista, ni del bloque del 155: Catalunya en Comú Podem.

Es evidente que para vencer el bloque del 155 debería haber una alianza entre este segundo y tercer bloque. Y en determinados terrenos lo hay, como en la exigencia de la libertad de los presos políticos. Pero no en otros. Por ejemplo no es un elemento común si debe haber una continuación de la lucha por la República, en las condiciones que deba hacerse para una estrategia que amplíe el campo social, o sea, para hacer partícipes a la clase obrera y capas más pobres de la población.

Pero los ataques a los medios de comunicación catalanes, a la lengua, a los maestros, a la libertad de expresión, a la economía catalana o a la violencia a las mujeres que no cesa, exigen una alianza entre independentistas y Catalunya en Comú Podem, alianza a la que se resiste esta última candidatura por miedo a ser acusada de “pro-independentista”.

Si vence ese miedo, en el fondo, no sería otra cosa que ceder a la presión del Estado y el régimen del 78. Pero ceder cuando nos jugamos una profunda involución o dar un paso adelante hacia una ruptura republicana es muy poco de izquierdas. Y sería una irresponsabilidad.