Además de Michel Temer seguir gobernando, Aécio Neves es senador y el proceso contra Romero Jucá fue archivado en el STF. Alckmin y su “trensalão” siguen incólumes. Aunque la Lava Jato ha logrado desmantelar la mafia del PMDB de Rio de Janeiro, a nivel nacional sus resultados son bastante modestos. La nata de la casta política no cayó. Y eso tiene muchas razones que necesitan ser analizadas. Pero este hecho es decisivo para ponerme en defensa de la libertad de Lula.

Para responder a la pregunta de por qué Lula está preso y tantos otros con pruebas de corrupción contundentes están sueltos es necesario una rápida mirada sobre el proceso penal.

Todo proceso penal tiene un componente político. Es evidente que las convicciones políticas y la vivencia de los promotores y jueces influyen en sus decisiones y en los tiempos de sus decisiones.

Veamos el ejemplo de Eduardo Azeredo, ex senador del PSDB. Él responde el proceso en libertad, pero en agosto de 2017 fue condenado a 20 años de prisión, en segunda instancia, en el caso del mensalão tucano por los crímenes de peculado y lavado de dinero.  La decisión en primera instancia sólo se pronunció en 2015, ocho años después de que Azeredo fue denunciado por el Ministerio Público. El riesgo de prescripción es inminente. Para que eventuales penas puedan ser cumplidas, el proceso debe ser concluido hasta septiembre de 2018, mes en que el político minero cumplirá 70 años de edad. Después de eso, las penas del proceso estarán prescritas. La demora de su proceso y su libertad no son políticas? ¿Alguien cree que es sólo una coincidencia?

La justicia es política y selectiva, siempre ha sido. Como abogada me enfrenté con esta realidad muy de cerca. En la defensa de reos negros y / o pobres se pierde casi siempre. Los ricos tienen mucho más posibilidades. Poseen bancas de abogacía inmensas trabajando para ellos, buscando todas las brechas legales para arrastrar el proceso y evitar la prisión, apostando por la prescripción. Entre otras cosas hay que pensar cambios que busquen mecanismos que impidan la procrastinación, tan al gusto de los reos de la cima de la pirámide y de sus abogados.

Además de bancas de abogacía, los ricos también cuentan con la empatía de los jueces. La empatía, que es la capacidad de colocarse en el lugar del otro, aumenta la selectividad penal. La falta de ella también. Normalmente un joven negro de la periferia preso vendiendo marihuana va directo a la prisión preventiva y su juicio en primera instancia puede llevar meses o años. La Ley de Drogas, sancionada por Lula, empeoró esta selectividad al dar al juez el derecho de decidir, por criterios subjetivos, si el reo es usuario o traficante.

Por eso, además de la cuestión de la segunda instancia, hay que aprovechar esta oportunidad en que Brasil entero está discutiendo el proceso penal para debatir la utilización de la prisión preventiva de forma indiscriminada. Como bien dijo uno de los ministros del STF en el juicio de Lula, la prisión antes del tránsito en juzgado debe ser la excepción y la libertad, la regla. La distorsión de ese principio queda evidente cuando percibimos que en Brasil el 40% de la masa carcelaria está compuesta por presos sin juicio. Es el encarcelamiento masivo de jóvenes pobres y negros.

En el otro lado de la mesa está el foro privilegiado concedido a la casta política para protegerla de jueces de primera instancia que puedan, por preferencias políticas o hasta por seriedad, tratar sus procesos con el mismo rigor con que tratan a los demandados del piso de hacia abajo.

La casta que integra el sistema judicial brasileño es, salvo pocas excepciones, oriunda de la cima de la pirámide social. Lula, aunque entró en las altas ruedas de la burguesía, no es su hijo legítimo. Él apostó que su alianza con el piso de arriba podría garantizarle el mismo trato penal que reciben los hijos de la élite. Más grave aún: Lula apostó en la conciliación de clases como estrategia política. Apostó que desmovilizando al pueblo, cooptando a los movimientos sociales y manteniendo a ritmo acelerado la acumulación capitalista podría tener su lugar garantizado.

La estrategia funcionó durante un buen tiempo y salió sin muchos arañazos incluso del grave episodio del mensalão. Es bueno recordar que Lula no es el primer petista a ser condenado. Bien antes de él fueron juzgados y presos José Dirceu y Genoín, petistas históricos. Lula también fue reelegido después de eso, pero el PT no actuó para ayudar a sus compañeros, prefiriendo preservarse y preservar a Lula en el episodio del mensal. Sacrificado José Dirceu, la burguesía aceptó que el PT siguiera gobernando. Y el PT aceptó seguir gobernando en los mismos moldes, dentro de la misma institucionalidad.

Esto ocurrió antes de junio de 2013 y antes de que la crisis económica mundial llegar a Brasil.

El nuevo escenario establecido con estos dos fenómenos demostró que Lula y el PT ya no tenían la serventia anterior para la clase dominante. Junio de 2013 abrió la incapacidad del PT de controlar el movimiento de masas y la fragilidad del sistema político ante las multitudes, aunque éstas no tuvieran un programa claro. La crisis económica exigió un ajuste fiscal muy superior al que Dilma tenía condiciones políticas de entregar, hasta porque se eligió denunciando el ajuste que sería hecho por el PSDB. Ella todavía intentó contentar a la burguesía con Joaquim Levy, pero no funcionó. La unidad entre toda la casta política para parar el levantamiento de junio de 2013 y las voces de sectores de la izquierda que clasificaron la movilización como actos de una clase media reaccionaria ayudaron a sembrar la confusión. Y en este contexto vino el simulacro de junio: las movilizaciones por el impeachment en 2015.

La Lava Jato, y la necesidad de estancar la sangría, fue la pala de cal en el proyecto lulopetista de conciliación de clases. El impeachment se convirtió en una cuestión de supervivencia para la casta -que quería parar las investigaciones y no veía en Dilma esta capacidad- y para la economía capitalista, que exigía un ajuste mucho más duro que el que la ya fragilizada presidenta tenía condiciones de imponer a la clase trabajadora. Pero la burguesía vaciló un buen tiempo antes de adherirse al impeachment. Estaban probando para ver si era posible resolver estos dos problemas sin mayores traumas, manteniendo al PT por algún tiempo en el condominio de poder para después, en las elecciones de 2018, tomar los riñones directamente.

Esto no fue posible, entre otras razones por las que la casta política estaba desesperada por parar la Lava Jato. Pero ni siquiera el impeachment paró las investigaciones, que contaron con la ayuda de los dos fiscales generales de la República nombrados por Lula y Dilma y con la mayoría del STF, también nombrada por ambos, y que venía canalizando las decisiones de primera instancia. La Corte máxima de justicia necesitaba preservar su credibilidad para actuar en el momento decisivo. Así fue.

El STF y más precisamente Carmen Lúcia y Rosa Weber aseguraron la detención de Lula. La misma Carmen Lúcia que dio el voto decisivo a favor de Aécio, ayudando directamente a estancar una determinada sangría.

La votación del habeas corpus de Lula antes de la votación de la ADC, que podría cambiar la jurisprudencia del Supremo sobre la prisión de segunda instancia, fue un golpe promovido por Carmen Lúcia. Golpe que no habría tenido éxito si Rosa Weber no hubiera contrarrestado su propia convicción, alegando ser coherente en seguir el entendimiento de la mayoría – de una mayoría que sólo existía en aquel momento a causa del voto de ella.

Sólo queda una conclusión. Como ya dije en otras ocasiones, lo que asistimos a ocurrir desde el impeachment de Dilma fue un golpe. No en los moldes de 1964, como los petistas querían hacer creer en un primer momento para unificar a todos en torno a Rousseff, pero un golpe institucional. Todas las instituciones, fuertemente respaldadas por los 13 años de gobierno petista, fueron actores y cómplices del golpe.

Si en estos 13 años en que gobernó el PT al menos hubiera intentado construir otro tipo de institucionalidad, si hubiera puesto en discusión el modelo político, el modelo electoral, el modelo económico, y se hubiera luchado para profundizar la democracia a través de una participación más directa del pueblo en la política y en las decisiones, la historia podría haber sido otra. Tal vez, aunque por otras razones, Lula todavía fuese preso. Pero en este caso las fábricas del ABC paulista se habrían levantado en su defensa, la resistencia se impondría por la propia movilización del pueblo. El PT, aunque fuera derrotado al final de cuentas, no estaría desmoralizado, con sus principales líderes acusados y / o presos por corrupción.

Pero si eso hubiera sucedido todo, Lula no sería Lula y el PSOL tal vez ni existiera. La historia es otra. Lula ya venció las elecciones con la decisión de gobernar dentro de la institucionalidad, sin cuestionarla un milímetro hasta que ella se volvió contra él. Optó por expulsar los dichos “radicales” para satisfacer los mercados. También eligió adaptarse a los métodos de los políticos burgueses, del intercambio de favores, de los nombramientos por intereses escudos. Por último, optó por mantener la economía al servicio del capital. Por eso, al mismo tiempo que nos sumamos a la defensa de la libertad de Lula, también tenemos convicción de que se necesita una nueva izquierda que no repita como farsa la tragedia que estamos presenciando.

Defender la libertad de Lula no significa seguirlo políticamente. La unidad es un importante instrumento en la lucha por una tarea concreta, pero presupone independencia política y jamás el endosamiento de una figura que ya hemos criticado desde hace años. Construir un tercer campo es el único camino para evitar el crecimiento de la derecha neoliberal y parar la mano de la extrema derecha, principal desafío.

Por eso es tan importante coger un combate sin tregua a la candidatura de Bolsonaro, que en su figura siembra el odio y engaña al pueblo al vender una imagen anti-sistémica, cuando en realidad se trata de un sujeto que defiende el sistema político más antiguo y nefasto para el pueblo, la dictadura militar. También tenemos que enfrentar con fuerza la candidatura de Geraldo Alckmin, el favorito de los mercados y de los grandes medios. Seguidor del Opus Dei, una de las doctrinas religiosas más reaccionarias del mundo, el gobernador de San Pablo es uno de los hijos legítimos de la burguesía en esta campaña. Que ha sido preservado por la justicia y por los grandes medios, pero está fuertemente comprometido con los esquemas del tucanato paulista, como los desvíos en la merienda escolar y la superación en las obras del metro en el estado de São Paulo. Es necesario demostrar que no es retornando al pasado de la dictadura o de los gobiernos del PSDB que vamos a retirar el país de la crisis y mejorar la vida del pueblo.

En este sentido defendemos que Lula sea liberado, porque no hay ninguna indicación que la selectividad de la justicia esté siendo superada. Temer, por ejemplo, no sólo continúa gobernando, pero pretende disputar la reelección. Aécio, en lugar de preso, pretende ser candidato al Senado. Alckmin es el candidato del PSDB. Todos enredados con la justicia y mucho detrás de Lula en las encuestas. Ninguno de ellos tiene la oportunidad de ganar si Lula es candidato (y Temer no tiene incluso sin Lula). Por eso estamos por la liberación de Lula y también por su derecho a ser candidato. Al final, la selectividad de la justicia está interfiriendo en el proceso electoral. Y no somos ingenuos para no percibir que sacar a Lula de la elección es completar lo que comenzaron con el golpe parlamentario.

Por otro lado, y al mismo tiempo, vamos a exigir el fin del foro privilegiado y la celeridad de los juicios en el STF. Vamos a exigir que las investigaciones de Lava Jato sigan hasta el final. El propio Lula dijo que no es contra la Lava Jato y los petistas deberían escuchar al ex presidente en este caso. Después de todo luchar contra la corrupción es un deber de la izquierda. No podemos dejar esta bandera en las manos de la derecha, que siempre ha sido corrupta. Así como no podemos aceptar que decisiones políticas y selectivas sean tomadas para arrestar a uno de los principales postulantes en las elecciones presidenciales.

Luciana Genro es abogada. Es ex diputada federal, fundadora y dirigente del PSOL y del Movimento Esquerda Socialista (MES). Fue candidata a la Presidencia de la República en 2014.