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Puerto Rico en 1ro de mayo: el Pueblo Unido traza las líneas de combate

El pasado 1ro de mayo se expuso claramente la extrema situación de devastación política en el archipiélago puertorriqueño. Se trazaron las líneas de combate. Se hicieron patentes los intereses que la administración del gobernador Ricardo Roselló – y la de sus antecesores tanto Populares como Penepeístas – han querido disfrazar.

Crudamente se mostró la cara de la colonia a merced de los intereses del imperio. Exitoso Paro Nacional Desde temprano en la mañana del martes –un día corriente de trabajo en Puerto Rico – se veían las calles desiertas. Plaza Las Américas, el centro comercial más importante del área metropolitana cerró, así como todos los negocios y bancos en el centro financiero la Milla de Oro, lugar donde se concentrarían miles de boricuas respondiendo al llamado que el Pueblo Unido en Contra de la Venta y Privatización de los Servicios Públicos hiciera semanas antes. Ya esas calles desiertas pudieron constatar que el Paro Nacional fue un rotundo éxito.

Quienes no acudieron a las manifestaciones, siguieron las orientaciones de las organizaciones convocantes: No ir al trabajo, ni a la escuela, no comprar, no hacer ninguna transacción bancaria, en fin, intentar paralizar la economía por un día. Desde varios lugares salieron marchas que confluirían en la Milla de Oro. Llegaron incluso desde Culebra y Vieques. Estudiantes, maestras/os, colectivos de mujeres, trabajadores de diversos sindicatos, madres, padres, comunidades ambientalistas, niñas y niños, ciudadanas/os de la tercera edad, familias enteras, en fin, todos los sectores de la población puertorriqueña se unieron. En el sur y en el oeste de la isla se convocaron manifestaciones para quienes no pudieran viajar hasta la zona metropolitana.

Actuación criminal de la policía

Todas las marchas se condujeron animadas, con militantes consignas coreadas y en completo orden. Sin embargo, según los informes de varias personas en el lugar y de múltiples videos propagados por las redes sociales, la policía intentó cambiar rutas e imposibilitar el paso de las/os marchantes. Todo con una actitud hostil e insultando a las/os manifestantes desde el principio hasta el final. De hecho, ya días anteriores, la prensa capitalista había estado tratando de infundir miedo para intimidar a la población a que tomara parte en las marchas. La policía por semanas ha estado quejándose de que desde el huracán María no se les paga y se les tiene abandonados, apelando a la solidaridad del pueblo y ausentándose masivamente con lo que se ha conocido como el “blue flú”, descuidando la ola de criminalidad que azota la isla. Ese 1ro de mayo se presentó en cantidades para cumplir con su verdadero papel: protector de los intereses capitalistas. Más de mil agentes fuertemente armados fueron desplegados, incluyendo diferentes escuadrones de fuerza de choque enmascarados. Al final de la marcha, cuando el contingente del Colectivo Se Acabaron las Promesas, compuesto mayormente de jóvenes, trataron de pasar frente al edificio que alberga la Junta de Supervisión Fiscal y llegar a la tarima principal, la policía injustificadamente les impidió el paso con actitud provocadora. A lo cual algunos manifestantes respondieron tirándoles canicas y botellas. Al ver que la policía se puso en formación de ataque, el principal dirigente del contingente, Scot Barbés, inició negociaciones con el cuerpo policial que prometió dejarles pasar si cesaban de arrojarles objetos, lo cual hicieron los manifestantes. Pese a esto, la policía, luego de casi una hora, arremetió furiosamente contra la multitud, lanzándole gases lacrimógenos y dando macanazos. En múltiples fotos y videos se veían mujeres mayores y jóvenes con cabezas ensangrentadas, niñas y niños rociados con gases, cientos de policías persiguiendo a jóvenes hasta una urbanización donde ilegalmente invadieron una casa para detener a dos estudiantes.

Varias organizaciones de derechos civiles ahora están investigando esta actuación de la policía. Entre las violaciones cometidas indican: exceso de presencia policial, lo que es inconstitucional; bloqueando rutas; uso de agentes químicos afectando a niños y personas mayores; agrediendo con balas de gomas a personas que no cometían delito alguno; lanzando gases en zonas residenciales y arrestando al menos a una docena de personas sin divulgar a dónde les llevaban. Ante acusaciones por varios sectores, el juez federal Gustavo Gelpí ha designado a un agente especial retirado para que lleve a cabo la investigación de los sucesos ocurridos ese día. Es importante destacar que la Policía de Puerto Rico ha estado acusada de abusos en el pasado reciente y actualmente está bajo un proceso de reforma a cargo de este mismo juez. Este entrampamiento policial ha sido parte de la historia política de Puerto Rico en contra del movimiento independentista y hace recordar los sucesos del Cerro Maravilla en 1978 cuando dos jóvenes independentistas fueron llevados allí por un oficial encubierto bajo falsas premisas, y en emboscada, fueron asesinados a tiros por la policía.

¿Por qué? ¿Cuales son los antecedentes? La insostenible crisis de una colonia en bancarrota, que el capitalismo en decadencia quiere reestructurar para satisfacer sus intereses, ha provocado una resistencia que, si bien aún no se ha aglutinado del todo, está dando constantes señales de vida. Para ahogar esa resistencia, los poderes fácticos criollos y estadounidenses han preparado sus fuerzas represivas. Esa es la razón de la contratación del ex-agente del FBI, Héctor Pesquera, como dirigente de la nueva sombrilla de “Seguridad Nacional” que abarca desde la policía, bomberos, emergencias, etc., con un sueldo de $250,000. Pesquera, totalmente inefectivo para solucionar las crisis de seguridad ciudadana pos María, ha sido sin embargo el cerebro de estas operaciones de represión del pueblo. Los planes fiscales presentados el 19 de abril por la Junta de Control Fiscal han sido una verdadera declaración de guerra contra el pueblo boricua. Y las guerras tienen bandos. No se puede esperar que el pueblo acate silenciosa y pasivamente unas medidas tan draconianas impuestas por el Congreso de los EUA bajo la ley PROMESA y su Junta de Control Fiscal, representando a millonarios estadounidenses. El mismo presidente de la JCF, José Carrión advirtió: “Los Nuevos Planes Fiscales propuestos trazan la agenda para el cambio transformador que Puerto Rico necesita”. (Noticel, 19 de abril)

Sin embargo, a juicio de Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, “el Plan parece subestimar el impacto negativo de la reforma fiscal y sobreestimar el impacto positivo de las reformas estructurales”. (El costo social del Plan Fiscal, 80grados.net)

Pero, ¿a qué cambios se refiere? Para estas reformas, la JCF presentó los planes fiscales para el gobierno y agencias como la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Universidad de Puerto Rico y otras. Proponen una planificación a cinco años donde estiman un aumento en recaudos de $2,296 millones y recortes en gastos por $9,972 millones. Entre las medidas propuestas están: privatizaciones de agencias, eliminar bono de navidad y las mesadas por despido injustificado; reducir días por vacaciones o enfermedad; condicionar el beneficio del Programa de Asistencia Nutricional al trabajo; condicionar alza de salario mínimo; cerrar escuelas y reducir gastos de nómina en educación; consolidar oficinas y eliminar cuarteles de la policía; cerrar prisiones y enviar confinados a cárceles en EUA; reducir (al menos) 10% en la nómina de los jubilados; reducir en más de $200 millones la aportación a la Universida de Puerto Rico; reducir en más de $175 millones las transferencias a municipios, y muchas otras medidas más, además de “consolidar” 114 agencias en 22 y sobre todo, derogar las leyes de protección laboral. De más está decir los nefastos efectos que esto supondría para el futuro de la nación boricua. Citando el artículo de Marxuach, “Los seis miembros de la Junta que aprobaron el Plan creen, a pesar de toda la evidencia al contrario, que Puerto Rico se convertirá en un paraíso neoliberal. Eso es poco probable. Más factible es que acabemos con una distopia infernal: con más polarización social, desempleo, pobreza extrema, criminalidad, maltrato de menores, violencia de género, abuso de sustancias controladas y suicidios; y menos escolaridad, expectativa de vida y movilidad social”. Y podemos terminar con estas reflexiones que Carlos Alá Santiago Rivera, Catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública y Ex-Director del Instituto de Relaciones del Trabajo de la UPR, escribió el 2 de mayo en el periódico Claridad. En el intersante artículo “Violencia Institucional como propuesta gubernamental”, refiriéndose sobre todo a la propuesta Reforma Laboral que anula la negociación colectiva, dijo: “El abandono sistemático del gobierno de Puerto Rico de los métodos tradicionales de resolución de conflictos colectivos, entre estos el de la negociación colectiva, es un llamado a la renovación de la violencia….. Rivera continúa: “Si las controversias entre los patronos y los trabajadores ya no se pueden negociar, entonces lo que resta es la confrontación de las partes en un conflicto de difícil solución, violento, caótico e interminable…. La negociación colectiva se entendía como el medio adecuado para resolver pacíficamente las causas que provocaban la guerra entre las partes. En ausencia de ese instrumento o ante su suspensión y degradación hoy a un mero referente del pasado: ¿cómo exactamente se quieren resolver los problemas laborales y sociales que surgirán?”.

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