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Las migraciones laborales, demografía de la globalización

(Setembro de 2001)

El debate que se ha abierto dentro del movimiento obrero del Estado español acerca de las políticas de inmigración es todavía de corto alcance. Todavía no considera la corriente migratoria actual como un dato obligado de la globalización capitalista, ni la división de la clase trabajadora en dos sectores, autóctono e inmigrado, como una problemática de primer orden en todos los países de capitalismo desarrollado.

Las migraciones masivas constituyen un dato importantísimo y obligado de la lucha de clases de nuestros días. Como válvula de escape de la presión social en países que de otro modo estarían abocados a una explosión revolucionaria; como efecto de guerras sobre la población civil inerme y hambrienta; o como sistema de rejuvenecimiento y crecimiento de la población en países que de otro modo entrarían en decadencia demográfica, económica y social, las migraciones masivas determinan cada día más la composición nacional y cultural de la población de todos los países del mundo. Los marxistas que no tengan en cuenta este factor -la proporción y las características de la fracción inmigrada de la clase trabajadora- podrían llegar a pocas conclusiones políticas válidas.

Pero con la inmigración ocurre lo mismo que con todas las otras manifestaciones agudas de las contradicciones propias del capitalismo de nuestros días; puede ser, y en el fondo es, un factor de crisis del sistema actual, que mina las bases de la dominación de los partidos burgueses; pero, mientras el movimiento obrero no adopte una estrategia acertada y audaz, la inmigración puede actuar como un factor de división de los propios trabajadores y sus conflictos pueden ser rentabilizados por la derecha capitalista. Esta doble posibilidad explica lo que está ocurriendo en el movimiento obrero: aunque un sector acoge a los inmigrantes como refuerzos para la lucha obrera, otro sector teme los posibles conflictos y los efectos de la inmigración y se acobarda o presta su ayuda a las autoridades capitalistas en la aplicación de políticas discriminatorias.

Para influir positivamente en la actitud del movimiento obrero hacia la inmigración y superar el miedo y la improvisación, los marxistas deben contribuir con mejores argumentos que los de la generosidad, la moral y la solidaridad: debe aportar un enfoque riguroso y objetivo del problema en tanto que problema de la lucha de clases.

La problemática social y política de la inmigración, tratada en sí misma, fuera de su contexto económico, por supuesto internacional, puede inducir a graves errores. Las actuales migraciones laborales de dimensiones sin precedentes son una consecuencia de la globalización del capital, aunque casi sería mejor decir que son una de sus facetas. En todo caso no son una consecuencia episódica ni accesoria, sino una consecuencia obligada y un dato permanente y creciente del capitalismo actual.

Pobreza y prosperidad

La causa más evidente es, por supuesto, el efecto de la globalización sobre los pueblos del mundo más dominados, pobres o indefensos. Es lo primero que se quiere decir cuando se identifican la pobreza y el saqueo de los pueblos dominados por el capital financiero imperialista con las razones y la fuerza de las corrientes migratorias que agitan hoy a la humanidad.

La globalización económica acentúa la pobreza, la desigualdad y la marginación de los pueblos en situación de inferioridad. Basten tres datos procedentes de las propias instituciones rectoras del orden mundial del capitalismo, datos tan repetidos como inapelable: de la pobreza, los dos dólares diarios con los que malvive nada menos que la mitad de la humanidad actual; de la desigualdad, el que la proporción de ingresos entre la quinta parte más rica y la quinta parte más pobre de la población del planeta haya pasado de 30 veces a 74 veces en los últimos cuarenta años; de la marginación, el que 48 países del África subsahariana sólo contribuyan a la producción mundial con un mísero 1%, aun cuando su población actual iguala la de la Unión Europea y la doblará en dos o tres décadas.

La obligatoriedad económica y social de las migraciones laborales masivas se evidencia en tales cifras. Y sin embargo es posible aceptar que la emigración está determinada por la pobreza, la desigualdad y la marginación que se extienden y aceleran con el proceso de globalización económica de las dos últimas décadas y, al mismo tiempo, caer en una visión incompleta y superficial del fenómeno. Así les ocurre a quienes admiten que la globalización “actual” genera resultados perversos, pero siguen creyendo posible “corregir” estos efectos indeseables con ayudas y otros correctivos políticos. “Si los estados capitalistas ayudasen a combatir la pobreza – piensan- sería posible una globalización sin inmigración en masa”. Una idea ingenua. La globalización no es un proceso neutro de internacionalización de la vida económica, la cual podría realizarse según distintas políticas y con distintos efectos sobre la sociedad y las naciones. Habrá que insistir muchas veces en este error de los reformistas. La globalización es ante todo un salto histórico en la concentración del capital a nivel mundial. Es internacionalización de la vida económica, por supuesto: pero internacionalización que se realiza en las entrañas del capital, que se dirige desde las cimas del capital, que reúne y concentra el capital productivo de todo el planeta en muchas menos manos.

Éste es el hecho que determina la obligatoriedad de gigantescos movimientos migratorios y no la pobreza o la marginación, en sí mismas, pues no son otra cosa que las manifestaciones periféricas de esa concentración del capital. Por tanto, “pobreza” de unos y prosperidad de otros están íntimamente relacionadas y mientras domine el capitalismo estarán mutuamente relacionadas. No son hechos paralelos, sino hechos interconectados.

Capital y fuerza de trabajo

La medida del grado de concentración mundial del capital está en doscientas empresas transnacionales (de hechos, grandes conglomerados financiero empresariales), todas ellas de dimensiones económicas comparables o superiores a Estados nacionales y cuya cifra de negocios contiene la cuarta parte de la producción mundial, supera a la producción conjunta de los 150 países más pobres del planeta y crece a un ritmo superior al del propio crecimiento de los países de la OCDE.

A esta cifra nos referimos los que afirmamos que se ha producido un salto histórico en la concentración capitalista e identificamos la globalización precisamente con este salto. Dados el grado de monopolismo que implican la cifra en casi todos los sectores productivos y el nivel de fusión entre los intereses privados de sus accionistas y los siete o pocos más países donde radican los estados mayores de estos gigantes de las finanzas y de la producción, el actual orden económico puede ser definido, sin faltar a la verdad, como una dictadura mundial de doscientas empresas. Una de sus manifestaciones se encuentra en los flujos del capital. Según datos muy difundidos, nada menos que las tres cuartas partes de la inversión de capital en el extranjero se concentran en los tres polos de este orden económico: EE UU, Unión Europea y Japón. La otra cuarta parte de la exportación mundial de capitales basta para mantener al resto de la humanidad entre la marginación y la dependencia. Pero si las tres cuartas partes de todo el capital que recorre el mundo con fines de inversión va a parar a estos tres polos, donde al fin y al cabo vive una minoría de la población de la tierra, ¿qué camino podría seguir la mayoría restante de la población que no es otra cosa, económicamente hablando, que mano de obra disponible? No hay que hacer abstracción de las características del régimen productivo dominante: el capitalismo. Y su característica más definitoria es la radical separación de los medios de producción y de los productores (trabajadores), convertidos unos y otros en mercancías, de manera que los medios de producción necesarios para atender a las necesidades humanas son, en tanto que mercancías, capital, y los trabajadores son, también en tanto que mercancía, fuerza de trabajo que no puede acceder a los medios de subsistencia sin venderse a los poseedores del capital.

Las ayudas al desarrollo y las mil formas de beneficencia pública y privada que se aplican hoy como paliativos de este régimen de producción mueven cifras insignificantes en comparación con aquel dato realmente determinante que es la distribución mundial del capital invertido directamente en el extranjero. Incluso el 0,7% de ayuda al desarrollo, cumplido y aumentado, no sería más que una mísera compensación para la marginación de las tres cuartas partes de la tierra con respecto a los flujos del capital. Y mientras la ley forzosa del régimen productivo sea la venta de la fuerza de trabajo de los seres humanos a los poseedores de capital, la población estará condenada a seguir el camino que recorre la inversión de capital, persiguiéndolo, como cualquier otra mercancía existente y necesitada de comprador. Lo hará en patera, entre las ruedas de los camiones, con pasaporte o de contrabando, pero lo hará.

Se pueden considerar las migraciones laborales como el efecto demográfico de la creación de un mercado mundial, y ahora da un forzoso salto adelante con la globalización. Y por mucho que los seres humanos tengan raíces, familias, culturas, afectos de todo tipo, son también y desde el punto de vista del sistema capitalista sobre todo mercancías cuyo movimiento está dominado por el movimiento del capital.

Exportadores e importadores de fuerza laboral

La desigual distribución de la inversión capitalista en el mundo determina la división de todos los países existentes, no sólo entre ricos y pobres, sino también entre exportadores e importadores de seres humanos. Ya en los años 90 el 75% de toda la exportación de Pakistán era mano de obra. Las remesas de dinero que sus emigrantes envían desde el extranjero a sus familias equilibran, en la proporción dicha, la balanza comercial del país. Hoy, por ejemplo, la ayuda oficial al desarrollo que recibe Marruecos no alcanza a la mitad de las remesas de dinero que reciben las familias de los marroquíes que están trabajando en Europa. Otro dato: uno de cada 20 hogares mexicanos depende del dinero que recibe de algún miembro de la familia que se fue a trabajar a los EE UU (hay unos ocho millones de mexicanos en este país).

O, mirando el fenómeno desde el otro lado, los trabajadores extranjeros en los EEUU (suman entre 9 y 11 millones de ilegales y una cantidad no menor de inmigrantes legales) remiten a sus parientes un valor superior al de la producción de 130 países por separado, muchos de los cuales tienen una población más numerosa que la de extranjeros residentes en los Estados Unidos.

Pero las políticas xenófobas ocultan con más celo todavía la otra cara de esta moneda: si la exportación de mano de obra es un recurso de los países pobres contra su pobreza, válvula de escape de tensiones sociales y fuente de ingresos dictada de modo inexcusable por las condiciones del mercado mundial capitalista, no es menos cierto que también la importación de mano de obra es una estricta necesidad para la prosperidad capitalista de los países “ricos”. La inmigración, con todas sus penalidades y conflictos, es condición sine qua non de su desarrollo económico. En abstracto todos somos capaces de imaginar un desarrollo “nacional” de la economía sin inmigración, o con migraciones totalmente voluntarias, nada traumáticas, más bien recíprocas y equilibradas, etc. Estaríamos pensando entonces en un régimen económico que nunca ha existido en la tierra. Es posible imaginar una sociedad donde se viaje sólo por placer o de acuerdo a un plan colectivo, pero esa sociedad tendría que haber superado el capitalismo y sus leyes económicas, expropiando a la clase capitalista y convirtiendo los medios de producción en propiedad colectiva, objeto de una planificación social. En el caso de nuestra sociedad capitalista la historia demuestra hasta la saciedad que su “prosperidad” es impensable sin una afluencia masiva y atropellada de mano de obra y sin periódicas crisis de paro, de sobreexplotación o de marginación dramática y conflictiva de este ejército del trabajo que necesita para dinamizar el crecimiento.

El capitalismo engendra sobrepoblación porque la necesita con la misma perentoriedad con la que muchas otras veces le sobra, alternando siempre ambas fases periódicamente. Y mientras el capitalismo subsista, una sociedad que frenase el crecimiento de su población entraría en una decadencia económica completa: el estrecho “bienestar” adquirido a través de la explotación del trabajo de las generaciones anteriores se haría cada vez más insostenible, y al final el esfuerzo de la población activa no lograría siquiera mantener dignamente a sus ancianos y enfermos, ni proteger y educar a sus niños. El estancamiento de la natalidad en los países ricos refleja la presión del paro y la precariedad, de la carestía de la vivienda, de la educación y de la sanidad, y de la doble explotación de la mujer (en la sociedad y en el hogar): las obreras y los obreros autóctonos se resisten a perder las condiciones de vida adquiridas en momentos anteriores más favorables para las mejoras sociales. Pero este descenso de la natalidad, lejos de proteger el nivel de vida de la población obrera amenaza también, aunque por otro camino y a otro plazo, las condiciones de existencia de las sucesivas generaciones de trabajadores: a través de un descenso del ritmo del progreso material y a través de la crisis de la protección social de los obreros inactivos debida al envejecimiento de la población.

En los primeros días del año 2000 se difundieron los datos de un estudio sobre población y empleo llevado a cabo por la Comisión Europea, poco después de que las Naciones Unidas hubiesen alertado sobre estos problemas. La conclusión del estudio era que, para la mera reposición de la población (es decir, para un crecimiento demográfico cero), la Unión Europea necesitaba acoger 1.4 millones de inmigrantes anuales hasta 20259: una cifra superior al millón de inmigrantes anuales que reciben los Estados Unidos. En otro caso, señalaba el estudio, en Europa se producirá un dramático desequilibrio entre la población activa y la pasiva. La Comisión Europea enumeraba todos los cambios posibles y necesarios para combatir esa tendencia, tales como nuevas políticas de empleo, nuevas tecnologías de sustitución de puestos de trabajo y políticas de reducción de la población pasiva (jubilada, enferma…). Pero reconocía que ninguna de estas medidas sería suficiente para evitar una decadencia demográfica amenazadora para el nivel de vida europeo, y que lo realmente imprescindible es cambiar la política de inmigración, haciéndola más abierta y acogedora.

En este estudio no hay que ver una sola gota de solidaridad, ni de presión de los

países pobres. Sencillamente de trata de un frío cálculo económico capitalista.

El caso del Estado español

Los estudios paralelos de la División de Población de las Naciones Unidas, ateniéndonos al caso español, ofrecían las siguientes cifras:

– De no producirse un giro radical en la evolución de la población, dentro de cincuenta años el Estado español habría perdido el 21,8% de su población y se habría convertido en el país más viejo del mundo, con una edad media de 55 años.

– En tal hipótesis, en lugar de 4 trabajadores activos por cada persona pasiva, habría tan sólo 1,4.

– La cantidad mínima de inmigrantes estrictamente necesaria para mantener la relación entre activos y pasivos es de 250.000 cada año desde hoy hasta 2050.

Analizando detalladamente las estadísticas sobre el tema, los demógrafos Leguina y Fernández Cordón aseguraban que ni siquiera dándose simultáneamente un aumento relativo de la natalidad, un aumento del empleo de la mujer y un retraso de la edad de jubilación de por ejemplo cinco años –ni aun así- podría mantenerse una proporción entre personas activas y pasivas capaz de asegurar una vida digna para una población notablemente envejecida. En contra del prejuicio ampliamente extendido de que “los inmigrantes nos quitan los empleos”, Leguina y Fernández Cordón, por medio de simples deducciones estadísticas11, afirman lo contrario: que incluso la creación de empleo podría verse frenada en pocos años porque la escasez de población en edad laboral afectaría muy negativamente al crecimiento económico en su conjunto. Y tomando en consideración el descenso de la natalidad española y sus efectos duraderos sobre el futuro de la población, afirman que, junto a todas las otras medidas imaginables de política de empleo, de política social y de fomento de la natalidad, seguirá siendo necesaria la acogida de muchas decenas de miles de inmigrantes y su arraigo en condiciones de contribuir al ascenso de la natalidad del país12. Por su parte, la Comisión de Ayuda al Refugiado cifra en 300.000 los inmigrantes anuales que necesita la economía española (luego veremos por qué esta cifra políticamente tan impresionante es económicamente bastante timorata).

El significado político de estos cálculos puede comprenderse mejor comparándolos con datos de la actual política de inmigración del gobierno de la derecha capitalista. El “cupo” previsto por Aznar en el momento en que decidió “reformar” la Ley de Extranjería para hacerla más restrictiva era de… 30.000 al año.

Entre 1995 y 1999, es decir bajo la ley anterior considerada por Aznar demasiado permisiva y generadora de un “efecto llamada”, el número de extranjeros residentes legales en el Estado español creció al ritmo de 75.000 por año por término medio. El año 2000 el aumento fue de 94.000.

Sin embargo, las “regularizaciones” extraordinarias han actuado como complemento real de los “cupos” propuestos, legalizando a una parte de los extranjeros que ya se hallaban en el país “sin papeles”. En enero del año 2001 los propios inmigrantes ilegales iniciaron una impresionante batalla para obligar a las autoridades a legalizar su situación. Fueron los encierros en iglesias, huelgas de hambre y movimientos de solidaridad mediante los cuales los propios implicados reaccionaron en contra de la nueva Ley de Extranjería y demostraron la fuerza que comienzan a tener por sí mismos en la sociedad. Como resultado de esta lucha, la última “regularización” habrá legalizado finalmente la residencia de unos 200.000.

Es notable la distancia entre la necesidad demográfica cifrada en 250.000 como mínimo y el cupo del PP (30.000), pero también entre aquella y la cifra realmente alcanzada de extranjeros legalmente acogidos: 75.000 hasta 1999, de 94.000 en 2000, o la que se alcance al final del 2001, bastante superior a consecuencia de la regularización de ilegales. Pero ¿qué ocurre si sumamos también a los “sin papeles”? De estos trabajadores no tenemos estadísticas válidas, pero una referencia podría dárnosla las trescientas mil solicitudes de legalización presentadas “por motivo de arraigo” en este último proceso extraordinario de regularización. Aun suponiendo que los “sin papeles” residentes doblen la cifra de solicitudes, y aventurando por consiguiente un censo real del orden de un millón y medio de extranjeros residentes en 2001, llegaríamos a calcular que en los últimos cinco años de coyuntura económica francamente ascendente habrían entrado en el país, por ejemplo, 200.000 extranjeros y extranjeras por año: todavía lejos de las necesidades. Ni aun sumando las expulsiones y devoluciones anuales (que fueron, por ejemplo, 24.769 en 2000) alcanzaríamos el cálculo de la Comisión Europea.

Estos números no valen gran cosa, por supuesto, pero bastan para dejar clara una idea que todos los especialistas solventes comparten: la llegada de inmigrantes al Estado español no sólo está muy por debajo de la común a cualquier país capitalista avanzado, sino que está muy por debajo de la recomendación de los departamentos demográficos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Por tanto, las leyes restrictivas y discriminatorias, la llamada “alarma social” y los fenómenos del racismo y la xenofobia deberán ser tratados como problemas políticos que responden a causas del todo independientes de las necesidades económicas del país de acogida que es, infaliblemente y hablando en términos crudamente capitalistas, un país con imperiosas necesidades de “fuerza laboral” importada del extranjero.

Contribución económica de la inmigración

Y otra cosa antes de seguir adelante: las cifras de 1,4 millones de inmigrantes anuales para Europa y de 250.000 o 300.000 anuales para el Estado español son realmente mínimas; es decir, están calculadas tan sólo para mantener una proporción entre población activa y población ociosa y envejecida que posibilite el mantenimiento de la población inactiva sobre los hombros de la población productiva. Si además de este aspecto (pensiones y seguridad social en general) consideramos las necesidades económicas de una manera más amplia, habría que calcular una cifra necesaria de inmigrantes bastante más alta. En la economía capitalista, un índice elevado de crecimiento económico anual presupone siempre, necesariamente, un índice todavía más elevado de crecimiento demográfico en las áreas industriales (ya sea por natalidad, inmigración rural o inmigración extranjera).

La idea de que los inmigrantes acuden a “aprovecharse” de un crecimiento económico resultante del esfuerzo de los “nacionales” es un prejuicio sin base objetiva. La etapa de crecimiento económico sostenido que ha conocido la economía de los Estados Unidos en la última década se atribuye, según los propios expertos capitalistas, a cuatro grandes factores, uno de los cuales y no el último precisamente sería “una gran apertura a la inmigración” (los otros tres factores serían el equilibrio presupuestario, el manejo de los tipos de interés para influir sobre la producción y los aumentos de productividad derivados de la informática). En términos más ajustados a la realidad diríamos que la llegada de una mano de obra barata, joven, abundante, y más o menos privada de derechos laborales ha sido uno de los secretos de la última etapa de crecimiento económico en los Estados Unidos; pero lo mismo podría decirse de cualquier otra etapa y de cualquier otro país en auge económico. Y este factor deja abierta una incógnita: ¿cómo influirá la inmigración en la vida de los Estados Unidos ahora que la producción se estanca y amenaza con una recesión? ¿En qué “sobrante” de mano de obra y en qué carga de paro masivo para las finanzas públicas se convertirá ahora, ante el cambio de coyuntura, esta benéfica corriente de millones de trabajadores llegada al país durante la última década?

Pero un capitalismo que, por temor al paro masivo y la revuelta social en los momentos de crisis, frenase la inmigración y el crecimiento demográfico en los momentos de auge, en lugar de resolver problema alguno, los agravaría todos pues socavaría los fundamentos de su desarrollo y se abocaría a una lenta e inexorable ruina. El capitalismo de nuestra época, por mucho que tema a la crisis, necesita atraer a los inmigrantes en los momentos de auge con la misma fuerza con la que necesita deshacerse de ellos en los momentos de crisis y por la misma ley que rige los demás aspectos de sus ciclos económicos y de sus crisis cíclicas.

A partir de aquí comienza la política en sentido estricto, es decir las diferentes formas en que los inmigrantes atraídos por los movimientos del capital de inversión pasan a formar parte de la masa laboral, de la ciudadanía, del movimiento obrero y de la cultura de los países a donde acuden. Estas formas pueden ser muy variadas, pero ya Lenin señaló en su día que “la explotación del trabajo de obreros peor retribuidos de países atrasados es algo particularmente característico del imperialismo. En esta explotación se basa, hasta cierto punto, el parasitismo de los países imperialistas ricos que sobornan a una parte de sus propios obreros con salarios más altos, al tiempo que explota sin medida y sin vergüenza el trabajo de obreros extranjeros “baratos”. Habría que añadir las palabras “peor retribuidos”, así como las palabras “y muchas veces privados de derechos”, pues los explotadores de los países “civilizados” se aprovechan siempre de la circunstancia de que los obreros llevados al extranjero no tienen derechos.”

Política imperialista de inmigración

La contradicción entre las necesidades económicas y las políticas de inmigración de los países capitalistas es tan flagrante que requiere una explicación. Cuanto más “llama” su economía a los extranjeros, tanto más discriminatoria se vuelve su política.

La misma contradicción aparece en las políticas neoliberales características de la globalización. Mientras que su dogma es la libre circulación de mercancías y capitales, se opone a la libre circulación de las personas. Esta contradicción aparece todavía más clara si se formula de acuerdo con las leyes capitalistas: todas las mercancías –menos las declaradas perniciosas- pueden circular libremente por el mundo, todas menos la fuerza laboral. El que esta mercancía –para la economía capitalista- tenga la notable particularidad de estar compuesta por seres humanos, en principio sujetos de derechos políticos y sociales, es lo que la relega a la categoría excepcional de las mercancías “perniciosas” cuya circulación debe ser restringida, controlada y limitada, como ocurre con los narcóticos o las armas.

Lo característico de la política imperialista de inmigración es –como dice Lenin en las líneas antes citadas- el intento de mantener en el país una masa laboral separada de la clase obrera del país por sus derechos reducidos (o negados) y sus salarios más bajos: así la división entre naciones explotadoras y naciones explotadas, propia del imperialismo, se traslada al interior de los trabajadores del propio Estado imperialista, como división entre los “nacionales” y los “extranjeros”. Para lograr, mantener y profundizar esta división sirven las leyes de extranjería de la derecha capitalista.

Todos los informes internacionales sobre población y trabajo antes citados incluyen reflexiones y reservas de naturaleza política. Así por ejemplo, los mismos expertos de las Naciones Unidas que evalúan el flujo migratorio necesario para Europa “reconocen que una llegada de inmigrantes de tal calibre es política y socialmente inviable”. Una encuesta realizada entre los empresarios españoles este verano reflejaba que el 90,05% de ellos considera que “la inmigración es necesaria como fuerza de trabajo”, el 57,7% de ellos lo explica por “los empleos que los de aquí no quieren ocupar”, pero casi todos añadían que “las principales dificultades son de índole cultural y religiosa”.

Esta doble actitud conduce a las siguientes alternativas. En general la “llamada” procede del mercado laboral mucho más que de las leyes más o menos permisivas; pero una vez producida la “llamada” al trabajador o trabajadora extranjeros, las leyes configuran varias posibilidades políticas y sociales:

– los inmigrantes pueden formar una mano de obra contratada por debajo de ley (sobreexplotada) o en las mismas condiciones salariales y laborales que la autóctona. Esta alternativa determina si forman una segunda clase obrera discriminada de la otra o si forman parte del movimiento obrero del país.

– los inmigrantes pueden formar parte plenamente de la ciudadanía (con igualdad de derechos políticos y electorales) o quedar fuera, como extranjeros privados de derechos. En el primer caso, de manera natural acaban reforzando a la izquierda; en el segundo caso acaban constituyendo un segmento social políticamente excluido, problema social sin representantes políticos, “tema” de agitación de los racistas y de división y debilitamiento político de la clase trabajadora.

– Los inmigrantes pueden ser invitados a contribuir con su particular aportación a la cultura del país, como uno de sus componentes, o pueden ser excluidos de una cultura estrechamente “nacional”, formando guetos culturales y agudizando las tensiones entre diversas comunidades.

La derecha opta por las políticas restrictivas y discriminatorias de la inmigración en parte bajo la presión de los numerosos empresarios rapaces y sobreexplotadores que ven en ella la oportunidad de disponer de mano de obra legal, indefensa y a bajísimo precio. Aunque esta política muchas veces signifique perjudicar a los capitalistas que necesitan trabajadores extranjeros, pero cualificados y legalizados, y a las finanzas del Estado, que resultan debilitadas por el consiguiente desarrollo de una economía sumergida, y al orden público que sufre los efectos de las redes mafiosas de tráfico y extorsión de seres humanos, suele ser necesaria una lucha enérgica de la clase trabajadora para que los capitalistas no sigan la senda indicada por los empresarios más pícaros y desalmados. Las políticas restrictivas no logran ni lograrán detener un flujo humano determinado por imperiosas necesidades económicas de los dos lados, pero pueden convertirlo en economía delictiva que, en lugar del ayudar al desarrollo económico, debilite de muchas maneras al país.

Otro factor importante es político. En un régimen de democracia burguesa los partidos de la derecha no pueden sostenerse sin cierta influencia directa sobre el pueblo trabajador. Normalmente la religión y las tradiciones nacionales son las bases ideológicas conservadoras sobre las que los capitalistas pueden inclinar hacia sus partidos a un sector atrasado de la población obrera. La incorporación masiva de extranjeros a la ciudadanía debilita estos “santos” pilares de cualquier partido de derechas. En cambio, y al menos en teoría, puede favorecer a la izquierda que se apoya preferentemente sobre la laicidad y el internacionalismo. Cualquier país cuyos inmigrantes participasen de lleno en la vida política se desplazaría hacia la laicidad y el internacionalismo en perjuicio de sus partidos derechistas. Lógicamente, la burguesía, aunque necesite brazos para la producción, retrasará cuanto pueda la igualdad de derechos políticos de los extranjeros, cosa que en puridad es la plena ciudadanía.

Las razones son muy semejantes a las que tuvo la burguesía para resistirse a dar el voto a la mujer aun cuando ya constituía una parte significativa de la población socialmente activa. En cambio, resultó desmentido el prejuicio de cierta “izquierda” conservadora que temía el voto femenino arguyendo que la mujer podía ser manejada desde el púlpito. A la hora de la verdad, el voto femenino hizo más para arrancar a la mujer de la influencia embrutecedora de la Iglesia y del hogar que para transmitir a la política la influencia nefasta del clero y de las miserias familiares. Otro tanto pasaría con el voto de los inmigrantes. Quienes temen que el voto de los inmigrantes pueda debilitar a la “izquierda” obrera, o marxista, o laica, a causa de la autoridad de las mezquitas o de las tradiciones nacionales en las comunidades de trabajadores extranjeros, están incurriendo en el mismo prejuicio. Al contrario: el voto puede liberar a los a las inmigrantes de las influencias de sus propios “pastores de almas” y caciques.

En resumen, la burguesía puede ganar mucho con leyes restrictivas y discriminatorias de la inmigración que frenen y desvíen hacia la ilegalidad a una parte significativa de los inmigrantes y mantenga a la otra parte con derechos limitados y socialmente aislada en guetos. No impedirá el flujo migratorio, pero llevará este agua a su molino.

Conservadurismo “obrero”

Lenin vivió sus últimos años de exilio en Suiza y estudió con mucha atención este país tan pequeño-burgués como imperialista, es decir donde la burguesía se componía en gran parte de rentistas parásitos que vivían (y viven) a expensas del resto del mundo y donde los trabajadores tenían una mentalidad conservadora más propia de la pequeña burguesía que del proletariado. Lenin estaba convencido de que esta situación tenía mucho que ver con la inmigración: “el rasgo específico del imperialismo en Suiza –escribía- es precisamente la creciente explotación de los obreros extranjeros, privados de derechos, por la burguesía suiza, que funda sus esperanzas en la división de estas dos categorías de obreros”. Pero Lenin vio sólo el principio de esta tendencia que, en la última época del capitalismo, en la llamada globalización, alcanza dimensiones sin precedentes. Y ¿cuál es hoy, en nuestro movimiento obrero y en nuestros partidos obreros, la posición ante el riesgo de que se formen “dos categorías de obreros”, de las cuales una estaría excluida de la política y de la cultura nacionales y la otra estaría abotargada por prejuicios conservadores?

Por el momento domina el miedo y el conservadurismo. Por supuesto todos los partidos y sindicatos obreros denuncian la Ley de Extranjería del PP. ¡Faltaría más! Pero insensiblemente y de manera vergonzante muchos sindicalistas y políticos de izquierda van inclinándose hacia la política de freno y control de la inmigración, por ejemplo aceptando los “cupos” o “contingentes” limitados, murmurando contra la legalización de “todos los ilegales”, desaconsejando las protestas de los extranjeros, evitando cualquier defensa explícita de la necesidad de apertura a la inmigración.

Su punto de vista seguramente podría resumirse así: “quizá –admiten- la inmigración es una necesidad económica, pero la sociedad actual, a consecuencia de la política seguida por la burguesía, no está en condiciones de acoger un flujo migratorio de tales dimensiones sin prejuicio para los trabajadores del país. La sanidad, la enseñanza, la vivienda, en pleno proceso de privatizaciones y de recortes de derechos sociales, se encuentran en condiciones deplorables y el alud de inmigrantes caerá sobre los sistemas públicos, ya muy debilitados, y sobre las políticas sociales ya muy mal dotadas. Los barrios obreros peor atendidos y los ayuntamientos levantados a duras penas por la izquierda serán los naturales destinatarios de las mayores bolsas de inmigrantes en precario. Incitando a la xenofobia, la derecha capitalista logrará muchos partidarios entre la gente pobre del país. En cambio, defendiendo los derechos de los inmigrantes, la izquierda se arriesga a perder votos entre la gente modesta que tiene que convivir íntimamente con esta ola de obreros mal pagados y culturalmente marginados. Si, para colmo, los propios extranjeros se empeñan en reclamar con firmeza sus derechos, mucha gente atemorizada va a ofenderse y enfadarse y va a reclamar políticas todavía más reaccionarias. Si llegasen menos y mejor controlados – concluyen-, se les podría integrar mejor y dar más derechos sin que pierdan los de aquí”. Así razonan. En consecuencia, sin saber muy bien qué hacer, estos sindicalistas y políticos de izquierdas acaban dejando a la derecha la iniciativa y reclamando una política algo menos restrictiva y menos discriminatoria, pero en definitiva una política de restricción y de discriminación.

La problemática que plantean es real, pero su razonamiento es una sucesión de tópicos no analizados. Todos estos tópicos mal hilvanados deben su fuerza de persuasión a un defecto fundamental de la izquierda de nuestra época, educada por el estalinismo y la socialdemocracia y desorientada por la bancarrota soviética: esta izquierda no sabe mirar adelante, mira siempre al pasado. Es conservadora en esencia, y conservadora de muy poca cosa.

¿Control de flujos?

La emigración presiona a la baja sobre los salarios. Es una evidencia. Pero hay dos maneras alternativas de abordar el conflicto: una es luchando por mejores salarios y, para recuperar la relación de fuerzas, integrar plenamente a los inmigrantes en la acción sindical del movimiento obrero: es difícil y lento, pero no imposible; la otra es frenando la llegada de mano de obra inmigrada por medio de leyes, inspecciones y control de flujos: esto, en apariencia tan “sensato”, no impedirá la llegada de obreros ilegales, pero en cambio dividirá a los obreros en dos clases y a la larga hará imposible defender el salario.

Otro tanto ocurre con la escuela pública. La inmigración comienza degradando la escuela pública falta de recursos; pero la respuesta no es reducir la inmigración sino ampliar la escuela pública a costa de la privada financiada con fondos públicos, hacerla del todo laica y combatir el uso de fondos públicos para financiar las escuelas privadas que excluyen a los inmigrantes. Su respondemos así, habremos incluso contribuido a la mejora del sistema educativo. Cuando hay recursos, la multiculturalidad favorece la educación de la infancia y la juventud.

La lucha meramente defensiva contra la llegada de inmigrantes a los barrios mal dotados está perdida de antemano, y si la izquierda da alas y cobertura de izquierdas a la agitación contra el asentamiento de inmigrantes en tal o cual ciudad o barriada, sólo logrará con ello ampliar la influencia del racismo y de los partidos de la derecha en ellos: es su terreno. Al contrario, la izquierda debe encabezar la reclamación de medios, leyes y condiciones para que los ayuntamientos puedan acomodar a la población inmigrante sin crear guetos y debe experimentar políticas municipales muy avanzadas al respecto.

¿Cuál es el “defecto” de estos razonamientos? Evidentemente que exigen lucha y que la lucha se puede perder. Y ¿cuál es la “virtud” del razonamiento de los conservadores del movimiento obrero, partidarios de los “cupos”? Evidentemente que no exige lucha o que exige menos. En definitiva, que la burguesía es más fuerte. Pero si toda la virtud de su política consiste en que cree que no podemos vencer en este terreno a la burguesía, ¿es necesario convertir nuestra impotencia en una política? ¿No es mejor luchar hasta donde nos sea posible hacerlo, dada la relación de fuerzas, sin negar nuestro objetivo ni nuestras limitaciones?

La política obrera sólo puede ser: ya que acuden llamados por el mercado laboral, que se facilite al máximo su venida legal, con una ley generosa; ya que otros están aquí para trabajar, que se les otorguen papeles; ya que trabajan entre nosotros, que lo hagan con los mismos derechos de todos (sociales, sindicales, electorales, religiosos, culturales); ya que el país necesita inmigrantes, que la cultura de los inmigrantes, sus lenguas y sus religiones, vayan incorporándose a la cultura del país que será cada vez más internacional; ya que sus hijos estudian con los nuestros, exigimos más dotaciones para la escuela y más laicidad en la escuela; ya que la economía exige acogerlos en nuestros barrios, exigimos presupuestos y políticas importantes para que no se conviertan en guetos marginales.

La defensa de las conquistas obreras “frente a la ola migratoria”, junto a la burguesía, es imposible. La defensa de las conquistas obreras frente a la burguesía, incorporando a esta lucha la ola migratoria, es la política a seguir. Lo que no podremos evitar es correr riesgos electorales por su causa. Cualquier política obrera en este terreno puede empezar teniendo un coste electoral, de la misma manera que una política favorable a las nacionalidades y minorías oprimidas siempre comienza pagando un coste electoral hasta que demuestra ser la mejor política para el pueblo trabajador, y del mismo modo que una política internacionalista suele ser muy impopular en los momentos de exaltación patriótica.

Hoy la sociedad vive el primer choque de una importante inmigración extranjera. Una etapa de confusión, desconcierto y prejuicios es inevitable, pero no justificaría que los partidos obreros y el sindicalismo de clase abandonase sus principios o los ocultase. Hay que mirar más adelante e invertir de cara a futuras batallas. Una política electoral de corto alcance, en el tema de la inmigración, es un suicidio político a medio plazo. Lo fue para la izquierda francesa de la etapa Mitterrand y lo sería igualmente en el Estado español.

Concluyendo

Aceptada la inmigración como una determinación del desarrollo económico, más vale facilitar legalmente el flujo migratorio y luchar para conseguir todos los derechos al inmigrante e integrarlo al movimiento obrero y ciudadano cuanto antes. Es cierto que esta política impone una etapa de crisis en tanto la mayoría de los trabajadores no vea que el empeoramiento material derivado de la competencia y del asentamiento de esta nueva población se compensa –o se puede compensar- con su aportación al desarrollo económico común y que, además, el reforzamiento numérico de la clase trabajadora permitirá recuperar y ampliar las conquistas obreras. Los sindicatos y partidos obreros tienen el deber de clase de hacer esta apuesta, de considerar la inmigración, no como algo que se puede frenar, sino como algo que impone necesariamente nuevas luchas para ampliar las conquistas sociales, pero que también aportará nuevas fuerzas para triunfar en ella.

En los debates sobre países pobres y ricos, aparece algunas veces la idea de que quizá “nosotros” –los habitantes del hemisferio “próspero”- tengamos que ser algo más pobres para que los otros no lo sean tanto. La interpretación más inmediata de esta idea, es decir la interpretación caritativa, es completamente equivocada: una distribución equitativa del consumo entre ricos y pobres no puede lograrse jamás sobre la base de la propiedad privada de los medios de producción, propiedad que crea y recrea invariablemente un consumo cada vez más desigual. No es que tengamos que ser más pobres para que ellos vivan mejor, como dicen las almas generosas pero desconocedoras de las leyes del funcionamiento del capitalismo. Sin embargo, algo hay de justo en esta idea y se trata de lo siguiente: más vale compartir la suerte y mejorar juntos. Incluso si, para atraer a la inmigración a nuestro bando, a nuestra lucha de clases, a nuestras aspiraciones políticas, es necesario pasar incomodidades, correr riesgos, pagar algún precio electoral, etc., bien vale la pena. Es su derecho y es también nuestro interés. Es mucho más lo que acabaremos ganando al acoger a los inmigrantes sin reservas, defender con valentía sus derechos y no hacer ninguna concesión a las políticas de restricción, control, condiciones y discriminaciones de los trabajadores extranjeros que son todas e invariablemente reaccionarias.

 

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