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Fonte: El Pulso

El término narcoestado o narcoeconomía (de narco-: «droga»;​ y más específicamente: «asociado con el tráfico ilegal de drogas») es un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.

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Los foros matutinos televisivos, la prensa nacional escrita y la radio, la que está al servicio de la élite, la que juega en ligas particulares, la opinión publicada y la opinión pública, se debaten sobre la naturaleza del Estado Honduras en relación a la gran cantidad de funcionarios como alcaldes, diputados, hijos de expresidentes, el hermano del jefe del ejecutivo, policías, también militares y ahora el mismo presidente de facto, que aparecen señalados por cortes en el sur de Nueva York que están a cargo de perseguir el crimen organizado y el tráfico de drogas, con jurisdicción extraterritorial en el caso de Honduras según los convenios suscritos con la potencia del norte.

No obstante, en el país existe Fiscalía o Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas y Corte Suprema de Justicia que supuesta o convenientemente no estuvieron nunca al tanto de la gran cantidad de funcionarios de todos los sectores y niveles del Gobierno, que se involucraron con estas trasnacionales del crimen y que a su vez involucraran segmentos de la Policía Nacional y el ejército de Honduras. Esto prueba un entramado complejo de relaciones políticas e institucionales que se han establecido con el fin de garantizar un flujo permanente y seguro de enormes cantidades de cocaína (principalmente) hacia territorio norteamericano.

El escándalo ya tiene connotación mundial y también histórica. No sería la primera vez que un Estado de la región se convierte al narcotráfico para comodidad y enriquecimiento del mandatario de turno y su séquito, es también una condición establecida por un mercado que fue instalado por el ejército norteamericano a la par de su política contrainsurgente hace casi cuatro décadas y que tuvo a Colombia como su principal territorio de referencia para desarrollar las plantaciones, laboratorios con resguardo militar y paramilitar, también político, jurídico y mediático.

El Plan Colombia que se implementó a inicios de la primera década del 2000, tenía como objetivo la erradicación de la producción de cocaína y otros cultivos ilícitos, sin embargo, quince años después y luego de una extraordinaria suma de dinero que invirtió Estado Unidos en hacer crecer el ejército de ese país, la producción aumentó en un 44% (para el 2017 se contabilizaba en 921 toneladas métricas al año), cifra que demostraba la verdadera naturaleza de la inversión. En el 2009 –mismo año del golpe de Estado en Honduras- se instalaron siete bases militares norteamericanas en ese país. En 15 años de Plan Colombia los resultados se miden en el crecimiento de las masacres de campesinos /as, dirigentes populares, sindicalistas, población civil, etc. que aumentaron en 500%, dejando una estela de violaciones a derechos humanos, desplazamiento de millones personas, horror, tristeza, miseria y, por supuesto, una acumulación de riquezas mil millonaria en dólares de la élite de ese país y sus aliados.

La instalación del narcotráfico en Centro América se dio a mediados de los años ochenta, cuando la mayor presencia del ejército norteamericano se justificaba por parte de los regímenes oligárquicos para “defender la democracia del comunismo”. Las rutas aéreas, terrestres y marítimas del traslado de centenares de toneladas de cocaína al año hacia el mercado del norte, estuvo siempre custodiado y protegido por el ejército gringo y sus aliados locales; era claramente una política de Estado, ya que contó con la participación de la Casa Blanca, el Comando Sur y el Departamento de Estado como quedó evidenciado en el Escándalo Irán – Contras, que dirigió el Teniente Coronel Oliver North.

La casi inexistencia de redas o capturas de capos de la droga en el territorio norteamericano y las implicaciones en que se vieron famosos bancos y financieras de renombre internacional hace pocos años (de la que salieron tranquilamente pagando algunas multas y cambiando el nombre de algunas de sus sucursales), demuestra meridianamente de que se trata este gigantesco negocio que representa una necesidad para el imperialismo, así lo afirma también el famoso intelectual Noam Chomsky.

La necesidad del consumo y su relación con la producción es también evidente. La clase trabajadora norteamericana está sometida a extensas y demandantes jornadas de trabajo, la cocaína forma parte fundamental de su productividad en detrimento de su calidad de vida psicológica y físicamente hablando. Lo mismo su enferma economía tiene una clara dependencia del rubro, que se traduce en un movimiento mayor a los 500,000 millones de dólares anuales (según cifras de 2009).

Las repercusiones en la región son claras, se han desarrollado élites políticas y económicas directamente relacionadas con el narcotráfico. A pesar de la responsabilidad directa de la sociedad y sistema norteamericano, su gobierno sostiene una agenda sumamente cuestionable desde el punto de vista humano y racional, ya que son decenas de miles los que fallecen en su territorio por su consumo directo, pero también son centenares de miles de latinoamericanos los que mueren por su tráfico.

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