Portal de la Izquierda en Movimiento Portal de la Izquierda en Movimiento Portal de la Izquierda en Movimiento

Golpe cívico, policial y militar en Bolivia

Desde los primeros meses de 2019, se aplicaba en Bolivia una operación de desestabilización del gobierno de Evo Morales. Las proyecciones electorales que manejaba la derecha daban un resultado muy ajustado, con el candidato del partido gobernante, el MAS-IPS (Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos), ganando en primera vuelta con menos del 10 %, las elecciones del 20 de octubre, lo que forzaría a un segundo turno. Una alianza de todo el centro derecha, la derecha y la ultraderecha, podría llegar a desalojar del poder a Morales y su partido después de 13 años y 9 meses de gobierno. Al parecer, la embajada de los Estados Unidos consideraba la posibilidad de que Evo obtuviese más del 10%, por lo que ganaría en la primera vuelta y sería electo para un cuarto mandato. Y comenzó a operar.

Doce legisladores de oposición y tres activistas de las llamadas “agrupaciones ciudadanas”, representantes de loobystas de Santa Cruz de la Sierra, firmó una carta solicitando a Donald Trump, que interviniera en las elecciones para evitar la candidatura de Evo Morales. Solicitaban la intervención de Trump ante la OEA para que ésta se pronunciara públicamente para evitar la “dictadura totalitaria de Evo Morales Ayma en Bolivia”.

Muy probablemente por iniciativa y con la colaboración de la embajada estadounidense y la CIA, se establecieron negociaciones secretas con la policía y las fuerzas armadas para lograr quebrar la cadena de mando, la obediencia al presidente Morales, y se mantuvieran alertas para forzar su salida. Sin el apoyo de los generales, el golpe habría sido imposible.

“Fake news”, iglesias evangélicas y racismo

Entonces comenzaron a divulgarse rumores de posible fraude electoral si Evo superaba ese 10% de diferencia. Eso se combinó con el recrudecimiento de acusaciones de corrupción contra el presidente e importantes miembros del gobierno. Noticias falsas empezaron a ser divulgadas en las redes sociales, de las que gran parte de la prensa se haría eco y que alcanzarían una impresionante amplitud y truculencia, atacando la moral del presidente acusándolo de corrupto y narcotraficante. A un mes de las elecciones, la oposición y la gran prensa, especialmente Página 7, El Deber y La Razón, auguraban un fraude. Esto se repetía incansablemente en las redes sociales.

La elite “blanca”, representante del agro negocio y el capital financiero (que en gran medida lava el dinero sucio del narcotráfico), afincada especialmente en el Oriente, en Santa Cruz de la Sierra, utilizando la gran prensa, las redes sociales y, muy especialmente, la estructura y aparato de comunicación de las iglesias evangélicas, atacaba cada vez más violentamente a Evo, acusándolo de ser indígena, cholo, “pagano”, satánico. Varios de los candidatos hacían campaña “en nombre de Dios” y afirmaban que “votar por Evo era votar por el demonio”.

Todo esto predisponía a la opinión pública a pensar que “algo muy malo” iba a suceder en las elecciones. Las iglesias alimentaban el escepticismo y la desconfianza, despolitizaban el proceso.

Por otra parte, las insuficiencias del gobierno, el estancamiento en el avance social y en las causas democráticas y ecológicas, también habían generado un gran desgaste a los ojos de la población.

Todos estos elementos irían a conformar una mezcla explosiva.

Los resultados electorales

Antes de finalizado el cómputo de los votos, el candidato opositor neoliberal, Carlos Mesa, fue el primero a desconocer los resultados, acusando al gobierno de fraude. Entonces sectores de masas, aún sin tener los resultados definitivos, salieron a la calle, liderados, entre otros, por Waldo Albarracín, rector de la Universidad de la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés).

Entonces aparecen otros personajes, que irrumpen en la escena: los Comités Cívicos de Santa Cruz y de Cochabamba, con el objetivo de generar choques contra la policía, otros sectores civiles y, especialmente, contra los partidarios del MAS. Entonces los acontecimientos se precipitan, se producen cortes, bloqueos en las rutas, la ciudad de La Paz queda prácticamente inmovilizada. Estas figuras de la derecha, sobre todo de la Juventud Cruceña, de Santa Cruz de la Sierra, que es un movimiento autonomista, separatista y racista, realizan ataques muy violentos contra la población indígena.

Entonces aparece el empresario (gran deudor de impuestos) Luis Fernando Camacho, ultraderechista, enarbolando la Biblia como bandera, como un instrumento de exorcismo contra la maldad del pueblo indígena, pagano y diabólico, diciendo que había que respetar el voto que, según ellos, les habían robado.

Para ese entonces la OEA aún no había emitido el resultado final de su estudio sobre las elecciones.

Camacho decía que su única intención era llevar esa Biblia al Palacio Quemado, sede del gobierno y que ojalá nunca más retorne la Pachamama a ese palacio.

Mientras tanto ya se estaba atacando a dirigentes y altos funcionarios del gobierno y militantes del MAS, inclusive a sus familiares, quemando sus casas.

En Cochabamba y en Santa Cruz, había ataques directos a personas e instituciones. En La Paz, las bandas derechistas secuestraron a un periodista de un medio oficial, lo ataron a un árbol y publicaron un video por las redes sociales mostrando su humillación y advirtiendo a los otros periodistas de los medios estatales que, si no abandonaban sus puestos, serían tratados de la misma forma.

En Santa Cruz, durante la semana previa a la renuncia de Evo, la articulación de las iglesias evangélicas difundió el rumor de que Fernando Camacho, líder de los cívicos, tenía un video que destruiría a Evo Morales. Sería un video donde Evo estaría recibiendo dinero del narcotráfico. Esa “evidencia” obligaría a Morales a renunciar. Se esperaba con una enorme expectativa el momento en que Camacho, junto con una serie de feligreses apareciera en vivo, para mostrar ese video. Se instalaron grandes pantallas de televisión en Santa Cruz… Pero ese video nunca se mostró. Era simplemente la puesta en escena donde Camacho afirmó que iría con su Biblia a pedir la renuncia de Evo Morales y para ello necesitaba la lealtad y la fe del pueblo boliviano para que la Biblia entrara al palacio de gobierno.

Según un periodista extranjero que trabajaba en Bolivia en el momento del golpe y que consiguió salir del país, éste es el elemento innovador del golpe de estado en Bolivia: el nivel de manipulación de esos elementos místicos y religiosos y que “nos llevó a vivir este horror que nos ha dejado dos grandes matanzas como las de Cochabamba y El Alto.”

La renuncia de Morales, el golpe cívico, policial y militar

El 10 de noviembre, a pesar de que Evo Morales había llamado a constituir un nuevo Tribunal Supremo Electoral y a convocar a nuevas elecciones, recibió la “sugestión de renunciar”, por parte del comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.

Éste se hacía eco de la exigencia de Fernando Camacho, principal dirigente de la escalada golpista, que quería la renuncia del presidente, su vice, los senadores y diputados y los miembros del Tribunal de Justicia Electoral para crear una junta de notables que se constituyera en “gobierno transitorio” y llamara a elecciones en 60 días. Junto a él, el dirigente del Comité Cívico de Potosí, Antonio Pumari, exigió que el ejército saliera a las calles y “si no tienen la capacidad de hacerlo, que nos den las armas a nosotros”.

La OEA había detectado irregularidades en el proceso electoral del 20 de octubre y decía que no podía afirmarse que Morales hubiera ganado en la primera vuelta, por lo que sería necesario llamar a nuevas elecciones.

El plan dirigido por Camacho, Pumari y el candidato opositor Carlos Mesa, con respaldo del imperialismo yanky, no era el de garantizar una segunda vuelta electoral, sino el de imponer la renuncia del presidente y la línea sucesoria ligada al MAS para conseguir un gobierno “de transición”, que abriera el camino a nuevas elecciones para garantizar un triunfo de la derecha más radical.

La policía se amotinó en varios puntos del país y los grupos de oposición pudieron actuar en una escalada de violencia contra medios de comunicación del Estado y dirigentes. Se incendiaron las casas de los gobernadores de Chuquisaca y Oruro y la de la hermana de Evo, Ester Morales Ayma.

El dirigente de la COB (Central Obrera Boliviana) Juan Carlos Huarachi, pidió también la renuncia del presidente para “pacificar al pueblo boliviano”.

Las fuerzas armadas comenzaron la ejecución de acciones militares aéreas y terrestres para neutralizar “grupos armados” no especificados que estarían actuando fuera de la ley.

Camacho agradeció públicamente a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas y su comandante, el general Kaliman.

Ante esta situación, sin contar con la policía y las Fuerzas Armadas, Evo Morales y su vice Álvaro García Linera, presentaron la renuncia. Lo mismo haría la presidenta del Senado Adriana Salvatierra. Evo Morales se refugió primero en México y después en Argentina, bajo el gobierno del recién electo presidente Alberto Fernández.

El “gobierno de transición” y la represión

Entonces asume como autoproclamada “presidente transitoria” Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, cargo reservado por ley a un parlamentario de la oposición. El jefe del ejército Williams Kaliman le colocó la banda presidencial. La whipala, bandera indígena, que había sido quemada y vejada en las manifestaciones contra Evo, fue hipócritamente levantada por Camacho, para aplacar a las naciones indígenas que se manifestaron fuertemente contra la renuncia presidencial y por el respeto a su bandera.

Pocos días después del golpe, el enfrentamiento y el cerco a las ciudades por los bloqueos, fueron muy intensos, la policía pedía desesperadamente que los militares se sumaran a la represión y en muchos casos abandonó sus cuarteles, que fueron quemados en la ciudad de El Alto. La desaparición de las armas de esos cuarteles fue usada por el gobierno de facto que se instaló dos días después, para decir que las armas con las que se cometieron las masacres no eran del ejército ni de la policía.

Desde las terrazas aledañas a la Plaza San Francisco de La Paz, se disparaban bombas lacrimógenas contra los manifestantes.

En la Zona Sur de La Paz, los rumores de que los vándalos de El Alto, venían a atacar a la clase media, culpándola de la renuncia de Evo, se generalizaban. De pronto comenzaron a aparecer camiones que distribuían cascos, escudos y garrotes a los vecinos, sobre todo a la juventud, para defenderse de esos invasores que nunca llegaron. Posteriormente, cuando la policía comenzó a subir, muchos de estos jóvenes los acompañaron “para ayudar”. Esa fue una estrategia de la derecha para cohesionar sus sectores de clases más afines, independientemente de si estaban o no de acuerdo con el golpe. Despertaban el miedo al otro, al más pobre, al indio. Había reuniones de vecinos donde dos o tres instructores organizaban la “autodefensa” frente a los eventuales ataques de los indios, de los sectores populares que amenazaban sus casas, sus autos, su familia.

En Cochabamba, la Juventud Cochala, jóvenes motoqueros que reivindican una especie de supremacía, tomaron fuerza como grupo paramilitar cuando empezaron a ser “asesorados” para la autodefensa por instructores especializados que daban directivas muy específicas en una situación de vacío de poder, cuando la policía no circula normalmente. Se incendiaron muchos de los ómnibus municipales, los Pumakatari, mientras estaban estacionados en el playón municipal durante la noche.

Hubo víctimas asesinadas en las calles por disparos de francotiradores, lo que queda demostrado por la precisión al alcanzar órganos vitales, a pesar de que posteriormente el gobierno de facto afirmó que los muertos fueron víctimas de hordas enardecidas partidarias de Evo Morales, que atacaban a la población.

Las masacres de Sacaba y Senkata

El 15 de noviembre la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez firmó un decreto que autorizaba a los militares a usar “todos sus medios disponibles” para neutralizar las masivas manifestaciones en contra del golpe.

Ese decreto, 4.078, otorgaba una verdadera licencia para matar a las Fuerzas Armadas y la policía, ya que las eximía previamente de cualquier sanción penal por su accionar represivo.

Ese mismo día fueron asesinadas 9 personas por las fuerzas armadas y la policía, cocaleros de los pueblos originarios que marchaban en Sacaba (Cochabamba) rumbo a La Paz por la degradación de la wiphala, bandera representativa del Estado plurinacional, y contra el golpe de Estado y la represión. Hubo 122 heridos según la Defensoría del Pueblo. El día 16 fue asesinado otro manifestante en Sacaba.

El 19 de noviembre, en Senkata, El Alto, frente a la planta de combustible de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, fueron asesinadas 7 personas y heridas otras 60, todas por impactos de balas. Los días 20 y 22 de noviembre asesinaron otras 2 personas.

Las autopsias señalan que las muertes de ambas masacres fueron causadas por impactos de bala en la cabeza y el torso. Tiraban a matar.

Hasta ahora, la Defensoría del Pueblo reporta que ha habido 34 muertes, 832 heridos y 54 detenidos.

La última víctima de la represión en El Alto fue asesinada el 27 de noviembre. Son 10 los fallecidos en la masacre de Senkata.

El 28 de noviembre, Áñez retiró el decreto n° 4.078, la licencia para matar, alegando que se había obtenido la “pacificación”.

Según el relator de la CIDH en Bolivia: “A pesar de que la información oficial habla de muertes en enfrentamientos entre civiles, creemos que se requiere de una investigación internacional porque no encontramos internamente garantías para una investigación imparcial y firme”.

La Comisión del Parlasur

Los días 27 y 28 de noviembre la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, se hizo presente en la ciudad de La Paz y calificó la situación como un golpe cívico-militar que ha violado derechos fundamentales. Y expresó su preocupación en los siguientes términos:

“1) La participación de las Fuerzas Armadas en operativos para control del orden público y, en particular, para promover la seguridad ciudadana en el contexto de protestas sociales que produjeron hasta el momento 32 víctimas fatales, 832 personas heridas y 1513 detenidas;

2) Declaraciones, discursos y ataques de odio racial dirigidos a los pueblos indígenas del país, principalmente a sus mujeres y sus símbolos;

3) Graves amenazas, ataques físicos y a las viviendas dirigidas a líderes, asambleístas y dirigentes sociales, funcionarios y funcionarias y dirigentes de instituciones independientes del Estado, como los organismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos;

4) El no otorgamiento de salvoconducto a dirigentes que se encuentran con asilo en embajadas;

5) La persecución a periodistas nacionales y extranjeros;”

La delegación estaba compuesta por su presidenta, Cecilia Merchán (Argentina) y los Parlamentarios Ricardo Canese (Paraguay), Carlos Reutor (Uruguay) y Fernanda Melchionna (Brasil), además del Secretario de Relaciones Internacionales Luis Seara.

La Comisión recogió testimonios de familiares de las víctimas de las masacres y posteriormente envió una copia de su informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las causas sociales y económicas del golpe

La derecha nacional boliviana nunca aceptó que un indígena asumiera la presidencia de Bolivia, un país con aplastante mayoría indígena. Mucho menos levantando la wiphala, la bandera símbolo de la integración del Estado Plurinacional de Bolivia consagrado en la Constitución de 2008.

Las medidas para combatir la pobreza, promover el desarrollo con inclusión social y controlar los recursos naturales como el gas y el litio, también afectaron los negocios de la élite de la “medialuna” del oriente, la región secesionista y oligárquica, de donde provienen Camacho y Áñez.

Los fuertes elementos de racismo de las clases dominantes bolivianas siempre estuvieron presentes, la crisis actual abrió la caja de Pandora que transformaría esos prejuicios en violencia y crueldad y, finalmente, en usurpación del poder.

Con un moderado crecimiento económico y baja inflación, la ayuda social del gobierno, otorgando bonos en efectivo a los sectores más vulnerables, amplió la capacidad de consumo de las capas de menores ingresos, pero no constituyó una política redistributiva duradera.

La industria extractiva siguió jugando un papel clave en la economía, la política de desarrollo implementada por Morales seguía dependiendo de la extracción de materias primas, el zinc, el oro y el gas representan más del 60 % de las exportaciones.

Morales nacionalizó los hidrocarburos, aunque las grandes compañías trasnacionales permanecieron como operadoras del sector. Los impuestos y regalías que el gobierno pudo renegociar con esas compañías le permitieron alimentar sus programas sociales y ciertos proyectos de inversión. Pero esa estrategia basada en las exportaciones de materias primas se vería afectada por las variaciones de los precios internacionales.

Con la crisis económica mundial de 2009 finalizó el super ciclo de los commodities y los efectos negativos no tardaron en aparecer.

Gran parte de la industria minera siguió en manos de las empresas trasnacionales, mientras otro segmento fue explotado por cooperativas. Una parte del sector se opuso a la sindicalización de los trabajadores, lo que llevó a violentos enfrentamientos. Muchas comunidades se opusieron a los grandes proyectos mineros, denunciando los efectos de contaminación y destrucción ambiental y cuestionando al gobierno por su política extractivista.

A partir de 2008, el gobierno boliviano inició un proyecto estratégico de explotación del litio y fundó la empresa estatal YLB (Yacimientos de Litio Bolivia). Una planta productora de cloruro de potasio y otra de carbonato de litio estaban en avanzado estado de construcción. Se había sellado un acuerdo con una firma alemana, pero con mayoría accionaria nacional para fabricar baterías de litio con transferencia de tecnología y patente boliviana. Pero el proyecto fue duramente combatido por el Comité Cívico de Potosí quien calificó el acuerdo de “entreguista” y acusó al gobierno nacional de pretender apropiarse de las regalías que corresponderían a Potosí. El proyecto terminó siendo cancelado. Marco Pumari, líder del Comité Cívico de Potosí, articuló el reclamo de la renuncia de Evo y lo acusó de entregar las riquezas nacionales por el acuerdo con Alemania para la construcción de la planta para fabricación de baterías. Pumari se convirtió en el principal aliado de Camacho.

Probablemente, en los próximos meses, alguna empresa estadounidense propondrá para invertir en la fabricación de baterías y otros productos derivados del litio.

La confusión con el resultado de las elecciones y el descontento con el gobierno, que en un primer momento se había declarado vencedor del pleito, hizo que muchos dirigentes de organizaciones sociales empezaran a pedir la renuncia del presidente. La Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Minera y organizaciones indígenas expresaban su descontento. El 10 de noviembre, el ejército sugirió la renuncia de Evo.

El sábado 7 de diciembre, el MAS inició su ampliado, su congreso, en Cochabamba, para analizar la coyuntura y definir la fórmula electoral.

Participaron diversos sectores: mineros, campesinos, interculturales, organizaciones indígenas…

Aparentemente había bastante insatisfacción en las bases. Representantes de la ciudad de El Alto, entre otros, planteaban la reestructuración del partido y la defensa de candidaturas propias, sin los llamados “invitados” (representantes de otras fuerzas políticas). Pero el ala más dura, intentaba imponerse. Evo mandó un mensaje telefónico desde La Habana, exhortando a la “más amplia unidad” afirmando que el MAS ganaría “con cualquier candidato” y proseguiría el proceso de cambio.

Evo Morales fue designado Jefe de Campaña y los posibles nombres presidenciales son Luis Arce (ex ministro de economía), Andrónico Rodríguez (joven dirigente cocalero), David Choquehuanca (ex canciller y secretario del ALBA), Adriana Salvatierra (ex presidenta del Senado, el ex representante ante la OEA José Alberto Gonzales y el ex canciller Diego Pary.

Pero nada fue resuelto en el ampliado, la decisión final se tomará después de “consultas a las bases”, mediante ampliados y asambleas de los sectores que forman parte del MAS.

Evo Morales sigue siendo presidente del MAS y en esa línea siempre tenemos que ver nuestra coordinación con él (…). Si de alguna manera el Gobierno permite su retorno va a ser nuestro jefe de campaña nacional”, manifestó Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados.

El día anterior, 6 de diciembre, se aprobó en Diputados, una Ley de Garantías para el ejercicio pleno de los derechos constitucionales. El gobierno ilegítimo ya anunció que será vetada por la presidenta Jeanine Áñez, con el argumento de que daría impunidad a Morales y los miembros del gobierno depuesto.

La ley propone garantir el fin de la persecución a las organizaciones civiles y políticas, asambleístas y dirigentes políticos del MAS y opositores al actual gobierno, la entrega de salvoconductos para salir del país a los refugiados en las embajadas y prohibir detenciones y persecuciones por la crisis generada en Bolivia después de las elecciones. Plantea, además, la indemnización para los familiares de las personas fallecidas, la disposición de servicios gratuitos para las personas heridas y la libertad de las personas detenidas que participaban pacíficamente en las movilizaciones después del 21 de octubre y la libertad de expresión en todos los medios de comunicación. El proyecto fue modificado después de un acuerdo entre todos los partidos en el Senado y volvió a Diputados. La principal modificación se refiere a la retirada de inmunidad a miembros del Ejecutivo y parlamentarios. También retira el pedido de entrega de salvoconductos a funcionarios refugiados en embajadas.

Evo Morales, aún en el exilio, es un factor determinante en los rumbos de la situación política, se postula y postula su partido, que conserva la mayoría en el Congreso, como un vector de pacificación nacional y estabilidad en una Bolivia profundamente conturbada.

El anuncio de que se establecería en la ciudad argentina de Orán, a 20 minutos de la frontera con Bolivia ha sembrado la preocupación en la derecha y su gobierno. La presidente ilegítima Jeanine Áñez había anunciado que “En los próximos días se va a emitir una orden de aprehensión porque nosotros hemos hecho las denuncias pertinentes”. La acusación contra Evo Morales es de “sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo”. Áñez parecía muy segura de que la Justicia dictaría una orden de prisión contra el ex presidente.

Finalmente, el día 18 de diciembre, la Fiscalía de la Paz emitió una orden de prisión contra Evo Morales por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, tal como la presidente de facto lo anunciara.

Resistencia popular y movilización

Las primeras asambleas y ampliados han reafirmado en Cochabamba a Andrónico Rodríguez, joven dirigente cocalero, como posible candidato del MAS. En La Paz está siendo indicado David Choquehuanca (ex canciller). Se está perfilando una posible fórmula presidencial compuesta por el binomio Rodríguez – Choquehuanca, en Santa Cruz ya le han dado el apoyo a la fórmula Choquehuanca (candidato a presidente) y Rodríguez (candidato a vice). Rodríguez habla de “renovación y autocrítica” necesaria en el MAS.

En una entrevista, Choquehuanca afirmó que el MAS dejó abiertas las puertas para todas las personas y a “título de incluyentes, por estas puertas abiertas entró lo que conocemos como oportunismo a la gestión pública. Acompañado de la burocracia”.

Probablemente en la composición de las listas electorales ocurra una cierta renovación, la cúpula partidaria no parece tener demasiada fuerza para imponer candidatos desde arriba. Uno de los factores de renovación sería la actitud tomada durante el golpe por parte de los postulantes. Parece haber un cierto movimiento que refleja la resistencia, la juventud y los movimientos de base, donde las mujeres también tienen un importante protagonismo.

La campaña electoral, con sus movilizaciones y rupturas, puede convertirse en un importante canal de resistencia al golpe y su gobierno ilegítimo, la mayoría no quiere el retroceso. Para la inmensa mayoría del pueblo boliviano parece no existir otra salida que la recuperación del gobierno, usando sus instrumentos políticos y organizacionales.

No es casual que el gobierno golpista, la justicia cómplice y las derechas intenten desmoralizar, aprisionar y dejar fuera de las elecciones a Evo y a los cuadros más importantes del MAS – IPSP. La salida para las clases dominantes es un régimen de “democracia tutelada” por las fuerzas armadas, custodiada por los extremistas paramilitares de derecha, justificada ideológicamente por las iglesias evangélicas y subordinada a los intereses del imperialismo yanki.

La resistencia popular continúa, se organiza, y en cualquier momento puede pasar a la ofensiva.

Las cocineras de la Historia

Hay indicios de formaciones sociales y políticas de nuevo tipo, merece especial atención la construcción del Parlamento de las Mujeres, que comenzó inmediatamente después del golpe y que pretende agrupar a las mujeres del pueblo: indígenas, amas de casa, campesinas, lesbianas, intelectuales, prostitutas, profesoras, etc. Un movimiento amplio, un Parlamento organizador y propositivo, independiente de los partidos, pero que no exige a nadie dejar su organización política para formar parte, que construya una plataforma política para ser un factor de la transformación que Bolivia necesita. Ya se han reunido en La Paz y en Sucre y siguen organizándose, el jueves 21 sesionarán en Cochabamba. Muchas mujeres del MAS forman parte de él.

En una entrevista con María Galindo, principal dirigente de la iniciativa, ella afirmaba que el Parlamento puede ser un ejemplo de debate y organización para todos los sectores populares, y agregaba: “para hacer una buena comida, es necesario cocinar los ingredientes en el orden correcto. Y las mujeres sabemos hacerlo: somos las cocineras de la Historia”.

Agradecimientos

Este informe fue elaborado gracias a los compañeros y compañeras de Bolivia y otros países latinoamericanos que me acogieron durante los nueve días de diciembre en los que estuve en La Paz y en El Alto. Aceptaron contar lo que habían vivido en aquellos días. Lamentablemente no puedo mencionarlos, todavía no ha llegado el momento. Pero ellos y ellas están, cada uno en su lugar, resistiendo, con toda la dignidad de los que no aceptan la brutalidad y el oscurantismo, de los que se sobreponen al dolor y construyen el futuro.

Una nueva página para apoyar y construir nuevas alternativas en Latinoamérica y en el mundo, defendiendo el poder de los trabajadores y el pueblo contra el 1% de ricos y privilegiados, y una sociedad sin explotación.

Secretaría de redacción

  • Pedro Fuentes
  • Bernardo Corrêa
  • Charles Rosa
  • Clara Baeder