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Lecciones del levantamiento chileno

El levantamiento antineoliberal que salió a las calles chilenas recientemente movió y renovó las esperanzas de lucha en varios países. En un escenario de gobiernos de extrema derecha como Trump y Bolsonaro, el estallido social fue una insurrección que estalló donde menos se esperaba, precisamente en el país llamado «laboratorio neoliberal», y que ya deja lecciones muy importantes para los militantes socialistas de todo el mundo. En un momento de confusión y temor en varios círculos políticos de izquierda, el actual proceso en Chile nos da una serie de importantes pistas y advertencias.

No se trata de hacer generalizaciones ni de utilizar el ejemplo chileno para transposiciones automáticas a otras realidades, sino de reflexionar sobre el proceso de pensar nuestra acción política en la construcción de la resistencia a los ataques autoritarios neoliberales que vivimos en países como Brasil. El estallido chileno tiene elementos inéditos en varios aspectos porque se da en uno de los países en los que la receta neoliberal se aplicó más profundamente y durante más tiempo, formando una insurrección con ideas mucho más concretas que los recientes levantamientos similares. El pueblo chileno ha sentido durante décadas los terribles efectos de esta forma de organización capitalista y sabe claramente quién es el enemigo.

Y en este proceso, la población en las calles superó a sus supuestos representantes políticos de la izquierda en ideas y acciones, levantando banderas con el peso de las masas mucho más avanzadas que las que la izquierda institucional pudo asimilar y defender. El Frente Amplio, una iniciativa política que reunió a partidos socialistas, socialdemócratas e incluso liberales, rompió su contacto con el espíritu de las calles y se convirtió en una herramienta obsoleta en pocos días.

El estallido social

La explosión social chilena se inició contra un aumento de 30 pesos en el metro de Santiago (equivalente a 4 centavos de dólar o 17 centavos de real hoy) que generó una acción de evasión de los pasajes estudiantiles de la periferia de la ciudad que fue violentamente reprimida. Esta acción estudiantil fue luego cubierta con el apoyo de la población y encendió la chispa que incendió el país. La población salió a las calles en prácticamente todas las ciudades chilenas, y marcharon juntos estudiantes, trabajadores, vecinos de los barrios, ancianos y hasta niños con una idea central: «no son 30 pesos, son 30 años».

Hace poco menos de 30 años, en 1990, Chile salió formalmente de la dictadura militar del general Augusto Pinochet y entró sin ninguna ruptura en un régimen de «democracia controlada» con la misma Constitución y el mismo modelo económico e institucional que el pinochetismo. Para tener una idea, el asesino de Pinochet continuó al frente de las Fuerzas Armadas hasta 1998 y fue senador vitalicio hasta el final de su vida, dejando su huella hasta el día de hoy en el modelo económico y el profundo control de la vida política y social chilena.

En Chile, el agua y otros recursos naturales han sido privatizados, no hay universidades públicas gratuitas, y las pensiones son administradas por fondos privados que a menudo reducen en más del 50% los montos recibidos por los trabajadores jubilados (las odiadas AFP). Allí, casi todas las relaciones entre la ciudadanía y el Estado están mediadas por las empresas, y la idea del sujeto empresarial ha penetrado profundamente en todas las capas de la vida y de las relaciones humanas, promoviendo una cultura individualista y meritocrática que ha excluido a gran parte de la población.

El estallido aparece entonces como un grito de «¡basta!» contra un modelo económico que estimula la competencia entre los jóvenes y que da la espalda a los alarmantes índices de suicidios entre los ancianos. Con la bandera mapuche como símbolo principal, el pueblo originario que resiste en la región ahora militarizada del Wallmapu, el levantamiento del pueblo chileno es un amplio levantamiento contra el neoliberalismo, anticolonial, feminista, LGBTQ+, desde los territorios del campo y desde las asambleas de vecinos en las periferias de las grandes ciudades. Es, en cierto modo, un movimiento sin precedentes en la historia de la humanidad, tanto por el desesperado escenario como por la claridad política general contra el neoliberalismo.

Las iniciativas populares autogestionadas como las asambleas vecinales y los cabildos demostraron el poder organizativo que surgió después de octubre, con los residentes organizándose en calles y barrios y construyendo varios espacios de debate y deliberación que representan un hito en la historia reciente de los movimientos sociales. Organizando acciones comunitarias como mesas redondas de charlas y cenas colectivas y, al mismo tiempo, actuando en manifestaciones y acciones para influir en la política general de Chile, las asambleas están experimentando un proceso muy fuerte de articulación y arraigo en diferentes localidades.

La reacción de la derecha

Ante los diversos conflictos sociales en América Latina, el presidente Sebastián Piñera declaró justo antes de la tormenta que Chile era un «oasis». Poco después del inicio de las protestas, Piñera declaró que el país «estaba en guerra» y que la movilización popular era en realidad un intento de desestabilización promovido por los gobiernos cubano y venezolano y declaró el estado de emergencia con un toque de queda que puso al ejército en las calles y corrió durante semanas.

Los soldados fuera del cuartel recordaron los años de la dictadura pero también demostraron la fragilidad de Piñera. El general Javier Iturriaga declaró «no estar en guerra con nadie» en respuesta al presidente y con cada momento se hizo más evidente la desesperación del gobierno y la falta de control político de la derecha sobre el país.

En respuesta al estado de emergencia, la población ha aumentado su movilización. A pesar de la dura represión, que ya cuenta con numerosas denuncias de abusos sexuales en las comisarías, cientos de jóvenes con lesiones oculares, miles de heridos y 24 muertes confirmadas. En la Plaza de la Dignidad, epicentro de las protestas en el centro de Santiago, y en varios otros lugares, decenas de miles de personas marcharon demostrando su descontento y apoyando su derecho democrático a manifestarse. Esto puso en mayor crisis a la burguesía chilena y llevó al gobierno de Piñera a una enorme desmoralización y fragilidad, siendo rechazado por la inmensa mayoría de la población.

Sebastián, que proviene del partido de derecha UDI, es hermano de José Piñera, el creador del sistema privado de pensiones chileno y uno de los formuladores de la actual Constitución. Sebastián Piñera representa como pocos el neoliberalismo chileno, los privilegios y prejuicios de la burguesía de este país, y el grito «Fuera Piñera» se ha extendido, con consignas generalizadas que reclaman su caída y lo comparan con Pinochet.

Los errores del Frente Amplio

En este contexto de lucha callejera, el Frente Amplio (FA) ha cometido uno de los mayores errores políticos de la izquierda reciente. Formado por partidos de izquierda como Convergencia Social, la Revolución Democrática y el Partido de la Igualdad, y también por grupos de centro como el Partido Humanista y el Partido Liberal, el FA fue un intento de articulación que se planteó ante la derecha y la Concertación, los dos bloques tradicionales de la política chilena. Al llegar al tercer lugar en las últimas elecciones presidenciales con Beatriz Sánchez, el Frente eligió a varios diputados y a un senador, además del alcalde de Valparaíso Jorge Sharp. Esta coalición estaba en condiciones de ser la representante política de las demandas populares, pero lamentablemente no estaba a la altura del desafío.

El 15 de noviembre, en un escenario de enorme movilización que dejó el país ingobernable, la derecha propuso un nuevo proceso constituyente y dio a los partidos 48 horas para aceptar la propuesta. Este ultimátum tenía como telón de fondo una velada amenaza de que los militares volvieran a la prominencia política, incluyendo un golpe de Estado preventivo, una posibilidad bastante improbable dada la debilidad del gobierno de Piñera y las declaraciones de los propios militares.

El notorio Pacto Social fue entonces firmado por los partidos de la orden en la madrugada de un viernes con la propuesta de «pacificar el país». El acuerdo fue jocosamente apodado por la población como el «Pacto de la Cocina», ya que fue hecho a escondidas y sin ningún tipo de consulta con el pueblo movilizado. Unas semanas antes, en Ecuador, la población también salió a las calles del país y las negociaciones que llevaron a un acuerdo se hicieron públicas, a la luz del día e incluso televisadas, dando mucha legitimidad al proceso. En Chile, el Pacto de la Cocina no tenía ninguna legitimidad y alejaba las calles de sus supuestos representantes.

Es interesante observar la vertiginosa escalada de acontecimientos durante el estallido. Pocos días antes de la firma del Pacto, la demanda de una nueva Constitución era una agenda casi inalcanzable, pero con el crecimiento de las movilizaciones y la desorganización total de la derecha, la nueva Constitución se convirtió en la cuerda de salvamento de un gobierno ahogado. La burguesía chilena prometió entonces entregar los anillos para no perder los dedos, es decir, aceptó el fin de la Constitución de la dictadura para mantener sus privilegios.

El Pacto no garantizaba un proceso constituyente soberano. A través de una cláusula que designa la necesidad de un quórum de dos tercios de los votos para cualquier cambio profundo, la burguesía garantizó su poder de veto sobre los cambios estructurales en la nueva Carta Magna. Como trampa, también deliberaron sobre la creación de una comisión técnica para la planificación de la constituyente (que ya ha fracasado) y ampliaron al máximo los plazos tanto para un plebiscito sobre la nueva constituyente (que no tendrá lugar hasta abril) como para las elecciones de los diputados constituyentes (que probablemente no tendrán lugar hasta octubre de 2020), diluyendo las urgentes expectativas de cambio social en un proceso que tardará años en completarse si realmente se produce.

Este acuerdo fue apoyado por la mayoría de los partidos del Frente Amplio, que en la práctica colaboraron con el intento del gobierno de desmovilizar las calles. Mientras que partidos como la Revolución Democrática vieron el pacto como un gran paso adelante, una visión en línea con su posición reformista e institucional, otros como el Partido de la Igualdad no aceptaron y rompieron con el Frente. Convergencia Social, un sector de la izquierda del FA, no firmó formalmente el acuerdo, pero relativizó la firma «individual» de su diputado, Gabriel Boric, y sufrió las rupturas del alcalde Sharp y de otros sectores importantes que construyeron este partido.

Para empeorar las cosas, unas semanas más tarde los congresistas del Frente votaron para debatir la Ley Antidisturbios, un proyecto del gobierno para criminalizar las manifestaciones bajo la justificación de luchar contra el saqueo que endurece el castigo por el cierre de calles o la resistencia a la represión policial. La reacción de la opinión pública fue brutal y los diputados hicieron pronto la autocrítica, pero una vez más mostraron la lógica institucional y se distanciaron de las calles con las que operaron durante las semanas de la lucha.

Hoy no hay más banderas de los partidos del Frente Amplio en las manifestaciones o en las concentraciones de decenas de miles en la Plaza de la Dignidad. La elección de la ruta parlamentaria ha colocado a los compañeros del FA dentro de la hábil trampa tendida por Piñera y en oposición a los deseos generalizados de los trabajadores y la juventud chilena. No hay garantías de que la nueva Constitución sea una herramienta para transformar la realidad chilena, y hasta ahora la situación ha empeorado formalmente con la legislación más represiva.

Perspectivas de la lucha

El estallido representaba un movimiento de placas tectónicas de la sociedad chilena que aún no se han asentado. El cambio de modelo económico exigido por los manifestantes es categórico y esta demanda no desaparecerá inmersa en los debates parlamentarios, y cualquier futuro proceso constituyente sólo avanzará de manera soberana, en el sentido que demandan las masas, si es fruto de un amplio proceso de movilización que provenga de los barrios periféricos, las ciudades del interior, las categorías de trabajadores y la vanguardia de la lucha estudiantil.

El proceso de lucha del pueblo chileno sigue abierto, los trabajadores y la juventud ya han dado varias muestras de su avance de conciencia y voluntad de enfrentamiento, y sólo una respuesta unificada construida desde abajo por los diversos sectores de la lucha puede disputar e influir en la dirección de este proceso. Los primeros meses de 2020 serán meses de conflicto, con grandes posibilidades para una huelga general, la convocatoria de un encuentro de las mujeres que luchan y varias otras iniciativas para movilizar a las categorías y asambleas territoriales. La lucha por la Constituyente soberana es parte estructural de este proceso de calle, que continuará y puede producir cambios verdaderamente concretos en la vida de los chilenos.

Para que estos cambios se materialicen, es vital que haya una gran convergencia política entre todos los sectores que hoy en día luchan contra el neoliberalismo de manera consistente. Las asambleas vecinales juegan un papel fundamental en esta disputa, porque representan uno de los elementos más avanzados y deben jugar un papel protagónico en la formación de un nuevo bloque político que pueda dialogar con las aspiraciones reales de las calles. Junto con el sindicalismo independiente y la vanguardia de los estudiantes, las asambleas tienen el potencial de representar un polo catalizador de las diversas agendas representadas en estos días de confrontación.

Y para ello es necesario formar una nueva izquierda independiente y coherente que busque convertirse en referente a través de un compromiso de coherencia y radicalidad, y que forme parte de la disputa por una Constituyente soberana que exija respuestas y luche por avances de forma tenaz, sin vacilar ante la institucionalidad o las tentaciones parlamentarias. Esta articulación, que sólo da sus primeros pasos en este momento, es un paso importante hacia los próximos desafíos que se situarán tanto en la lucha por un proceso constituyente soberano como en los enfrentamientos que podrían alterar aún más la correlación de fuerzas en la política chilena e impulsar una nueva agenda económica opuesta al neoliberalismo depredador.

Una nueva página para apoyar y construir nuevas alternativas en Latinoamérica y en el mundo, defendiendo el poder de los trabajadores y el pueblo contra el 1% de ricos y privilegiados, y una sociedad sin explotación.

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