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Crónica Catalana – 30E: La represión, la división y la recomposición del independentismo

Al final se ha evidenciado la ruptura y división del Govern en Catalunya. Junts y ERC han mostrado en el Parlament sus diferencias en relación al pragmatismo, o no, de aceptar la decisión de un Tribunal Supremo. Al final, el Parlament ha decidido dar la razón a la Junta Electoral para retirar el escaño de diputado catalán a Quim Torra. Este acatamiento por parte de ERC, uno de los socios del Govern, en contra de la decisión De Junts per Catalunya, ha desencadenado el fin de una legislatura, ya sentenciada por inoperante. Habrá pues elecciones anticipadas al Parlament catalán en mayo o junio.

Todo esto demuestra lo complicado que es gobernar en Catalunya (y España). Pero el quid de la cuestión es el desmesurado papel que juegan los jueces. Y concretamente los fiscales y jueces franquistas, herederos de valores (y apellidos) de un pasado imperial, colonial, machista, que sale a flote ante cada resolución. Sin duda hay jueces y fiscales democráticos. Pero quien hoy está en la cúpula y determina toda la vida política del territorio del Estado español son jueces franquistas. Es parecido al periodo en que Italia estaba sacudida por el protagonismo de los jueces de Manos limpias, sólo que al revés. Allí fue una convulsión contra la corrupción. En España es una convulsión contra la democracia. Más concretamente: contra lo que vota el pueblo.

Los fiscales y jueces están por encima del pueblo y quitan y ponen gobiernos, diputados y presidentes si hace falta. Son ellos quienes mandan, quienes imperan, pues en España hoy no hay más que el “imperio de la ley”. Una ley interpretada por una cúpula franquista. Una ley animada y jaleada por unos medios de comunicación que saben que esas decisiones (hoy contra independentistas catalanes, raperos, mujeres o sindicalistas) son las que mantienen “el orden” político, social, económico. Una ley apoyada por la banca y gran burguesía española, catalana o vasca.

Así pues, aunque los pueblos español, catalán, vasco, gallego, han votado un gobierno en España para que inicie un diálogo, se inicie un camino de revertir las desastrosas políticas de austeridad de los gobiernos del PP de los últimos tiempos (y también del PSOE), los jueces están dispuestos a impedir que se legisle en ese sentido. Su interferencia es constante, permanente. La última ha sido esta decisión y el fin forzado de la legislatura catalana, abriendo de nuevo la inestabilidad a Catalunya y España.

A pesar de los intentos de “desjudicializar” la vida política española, la represión está condicionando todo. Instaurar un diálogo entre Catalunya y España con un ejecutivo español constantemente sobrepasado por decisiones de los jueces sobre Catalunya, es difícil. El PSOE necesita estar constantemente bajo la presión de ERC para evitar que se rompa la mesa de negociación cuando… ¡aún ni ha empezado! Las intenciones de controlar ese dragón con el nombramiento de una Fiscal progresista (y exministra) por parte del PSOE, parecen muy buenas, pero… ¿logrará ese cometido? Ya se vieron las públicas reticencias del Poder judicial a su nombramiento, con más de un tercio de votos en contra.

Los Tribunales europeos y otras instancias internacionales, como la ONU o el Parlamento europeo, dejan las decisiones de los tribunales españoles a la altura del betún, una vez tras otra. Sin embargo, los tribunales españoles hacen caso omiso. La derrota más reciente acaba de ocurrir hoy, precisamente. Clara Ponsatí, de Junts per Catalunya y exiliada en Escocia, acaba de ser nombrada eurodiputada con la oposición de la Junta Electoral Central. Ésta le ordenaba que pasara previamente por Madrid a jurar la Constitución española… y allí la detendría la policía por “sedición”, por ser parte del Govern que organizó el referéndum del 1 de octubre de 2017. Una estrategia perfectamente concatenada entre Junta Electoral, Fiscalía, Tribunal Supremo y Policía española, organizados para impedir lo que votó el pueblo de Catalunya en las últimas elecciones europeas. El Estado contra el pueblo. Y, de paso, contra la sentencia del Tribunal Europeo…

El Gobierno de Rajoy instauró por primera vez el artículo 155 en el Estado español en 2017, suspendiendo la autonomía de Catalunya, deteniendo a medio Gobierno y obligando a la otra mitad y a varios líderes políticos independentistas a iniciar el camino al exilio. Algo parecido hizo Serbia al suspender la autonomía de Kosovo: a partir de ahí rompió el equilibrio de la extinta Federación de Yougoeslavia, abriendo el camino a las guerras balcánicas. Por suerte o, mejor dicho, por conciencia y experiencia colectiva de los catalanes de lo que han significado la guerra civil y ETA, no se ha seguido la vía armada, ni tampoco el terrorismo. Sin embargo, provocaciones del Estado español para que se caiga en tal trampa, no faltan.

Desde la aplicación del 155 Catalunya está en una situación de “vigilada”. No hay día en que cualquiera de los tres partidos del “trifachito” –PP-Ciudadanos-Vox- no pida y amenace con aplicar de nuevo ese artículo. Ni el PSOE ha abandonado definitivamente esa vía represiva. De hecho, la aplicación del 155 ha señalado ya el fin de una etapa, no sólo para Catalunya, sino para todo el Estado: es el fin del régimen de las autonomías.

Desde el “procés” catalán estamos viviendo los estertores de la monarquía semifranquista. Lo que durante la “transición democrática” se quiso evitar y se consiguió por más de cuarenta años -una ruptura democrática con el pasado y la vuelta al republicanismo-, ahora se va abriendo paso poco a poco, en medio de batallas que han de combinar la lucha por la supervivencia ante la ofensiva neoliberal, con la lucha por las libertades democráticas.

Nos encontramos pues en una situación en la que se combinan los dos aspectos esenciales de la democracia: el derecho a la existencia, a vivir dignamente; y la libertad. Sin libertad no hay empoderamiento ciudadano, no hay transparencia, no hay información veraz y, por tanto, no hay autodeterminación, ni personal ni como pueblos. Y para ejercer esa libertad hay que desmontar el Estado residual (o no tanto) franquista. “Desjudicializar” la vida política española significa empezar una ruptura democrática con el régimen del 78. Lo mismo para empezar a revertir el atraso endémico en materia de políticas sociales.

La ruptura de la unidad del independentismo en lo inmediato es un golpe. De repente ha mostrado la falsedad de una unidad estratégica que jamás hubo entre ERC y Junts per Catalunya. ERC se sometió siempre a las políticas sociales neoliberales de sus socios, mientras Puigdemont, Torra y el sector más ideológicamente independentista de Junts per Catalunya hacían filigranas sobre la desobediencia y el independentismo “para ya!”, sin salirse ni un ápice del autonomismo. Ni unos ni otros han hecho un balance, ni explicado claramente qué ocurrió después del 1 de octubre y por qué no se proclamó entonces la República catalana. Sacar este balance es algo completamente necesario para entender y poder decidir hacia dónde quiere ir la sociedad. Un pueblo informado es un pueblo libre.

Pero las crisis sirven también para efectuar los cambios. Puede ser una ocasión para recomponer la unidad bajo ese otro prisma, liderado por un acuerdo de las izquierdas independentistas y soberanistas. Derechos nacionales, soberanía ciudadana y derechos sociales, van juntos. Si este acuerdo se produce, la derecha independentista catalana puede seguir actuar a regañadientes y más dividida, sí. Eso quizás haría perder fuerza a un sector importante de la sociedad, es cierto. Pero sin duda lo más importante hoy es ampliar la mayoría social trabajadora, que las capas más pobres de Catalunya hagan suya la idea y la lucha republicana por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Otro régimen. Una República catalana avanzada en materia social, feminista y ecológica.

 

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